La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que avala la implantación del grado en Psicología en la Universidad San Jorge ha dividido a los socios de Gobierno. Mientras el PAR defiende la duplicidad de títulos por considerar que refuerza el sistema, CHA ve el fallo como un «duro golpe a lo público» y pide seguir luchando por descentralizar.
El Ejecutivo no aclaró ayer si presentará recurso de casación con la decisión de la Audiencia, una cuestión que, previsiblemente, debatirán hoy los cuatro socios.
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, aseguró que acatará la sentencia pese a no compartir el «fondo ideológico» que la sostiene.«Es más que discutible el hecho de que la educación superior no tenga que estar protegida, como sí lo está la educación obligatoria, frente a las leyes de libre mercado», manifestó.
Subrayó, en todo caso, que la sentencia hace referencia a la programación académica del periodo 2015-2019 y que desde el Departamento se está ya trabajando en el horizonte 2020-2024. «La nueva programación asumirá el punto de partida de la sentencia, pero no renunciará a trabajar por una universidad que vertebre el territorio«, matizó.
Vicente Guillén, portavoz del PSOE, también expresó su respeto al fallo e incidió, sin entrar a valorar su contenido, en que su partido seguirá defendiendo siempre la descentralización de la universidad y apostando por la dinamización de los campus de Huesca y Teruel y por su especialización.
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, en cambio, cree que cualquier causa que fortalezca el sistema de ciencia, universidad, tecnología y empresa es «positiva». Sobre todo si redunda en beneficio de Aragón y de todos aquellos estudiantes que antes tenían que desplazarse hasta Madrid, Barcelona o Valencia para estudiar Psicología. «Nos alegramos de la decisión, al igual que lo hacemos cuando viene una gran empresa«, dijo. No concretó, sin embargo, si su partido instará al resto de socios a no recurrir. «El Gobierno tomará la mejor decisión posible», expuso.
CHA, por su parte, defendió que no existan duplicidades en la apuesta académica universitaria de Aragón para favorecer las políticas de descentralización, una fórmula que «también contribuye a vertebrar el territorio y asentar población».Este, recalcó la diputada Isabel Lasobras, era el caso de Psicología, que se imparte en Teruel. «Es un duro golpe a lo público. Debemos seguir luchando por descentralizar«, aseveró.
Apoyo al campus privado
La división de opiniones entre los socios de Gobierno contrasta con la reacción unánime de PP, Ciudadanos y Vox, que aplauden la sentencia. Pilar Gayán, portavoz de Universidad del PP, aseguró que su partido siempre ha defendido la competencia entre universidades. «Es especialmente positiva para alumnos y docentes, ya que obliga a estas instituciones a una mejora continua, a innovar y a ofrecer la calidad como un elemento diferenciador», dijo.
Recordó, en este sentido, que el PP fue el único partido que rechazó «desde el principio» la decisión de la entonces consejera, Pilar Alegría. «El tiempo ha demostrado que el miedo que existía en los campus de Huesca y Teruel con magisterio y enfermería no ha sido tal», añadió.
En esta línea, su homóloga en Ciudadanos, Beatriz Acín, recalcó que la Comisión Nacional de la Competencia «lo dejó bien claro», y que ofertar títulos en las dos universidades «favorece la excelencia». «Ya en la anterior legislatura intentaron introducir con calzador un artículo en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Ahora, con Podemos dirigiendo Universidad, estaremos vigilantes para que se garanticen las libertades«, aseveró.
Por su parte, el presidente provincial de Vox, Santiago Morón, señaló que la sentencia de la Audiencia no solo ratifica la del Constitucional de junio de 2019, sino que rechaza el condicionante de demanda social y el que obligaba a tener que demostrar la viabilidad económica de las enseñanzas. «Vox cree en la libertad de enseñanza y en el libre mercado. La libre competencia contribuye a la mejora de los servicios públicos», comentó.
Incidió, en este sentido, en que la autoridad educativa debe velar por mantener la calidad en centros públicos y privados «estableciendo una sana competencia que en ningún caso debe perjudicar a una en favor de otra».
IU, en cambio, cree que el fallo de la Audiencia Nacional es una «mala noticia» para la universidad pública en general y en especial para los campus periféricos. «La Justicia ha vuelto a fallar en favor del libre mercado y del negocio que supone la privatización de la educación. Estas sentencias suponen un claro retroceso», afirmó su coordinador general en Aragón, Álvaro Sanz.
