Pilar de la Vega, que acaba de dejar la Presidencia de Unicef Aragón ha opinado que España es un país «sin niños, es nuestro gran problema», algo que ha achacado al hecho de que sea uno de los lugares desarrollados donde «menos se apoya a la infancia» y donde los gobiernos no han impulsado las ayudas directas a las familias. Precisamente, la prestación por hijo a cargo es una de las pocas propuestas realizadas por Unicef Aragón en su informe sobre la infancia que no ha sido asumido por los partidos políticos. Esta organización aboga por una ayuda directa a las familias con rentas bajas y desgravaciones fiscales para quienes tienen una situación económica desahogada.
Ha asegurado que esta es una medida que «ha funcionado» en los países donde está implantada, en Aragón supondría destinar unos 45 millones de euros y ha considerado que el «gran debate» es la colaboración entre el Gobierno de España y los Ejecutivos autonómicos
La expresidenta de Unicef Aragón ha remarcado que, no obstante, en sus ocho años al frente de esta organización se han logrado muchos avances y «se ha puesto la infancia en la agenda política, social y mediática» de la Comunidad autónoma. Respecto a los partidos políticos, hay un «compromiso» para mejorar situaciones de desigualdad y exclusión, algo que se materializó en 2014 con la firma del Pacto por la Infancia y la creación de una comisión de seguimiento en las Cortes de Aragón. Ha detallado que los nuevos partidos con representación en el Parlamento aragonés después de la firma del pacto, han ido ratificándolo, tanto Ciudadanos y Podemos en 2015, como Vox en 2019.
De la Vega ha subrayado que Aragón es la única Comunidad donde existe una comisión de seguimiento asociada al Parlamento, que está funcionando. En ella, se aprobó realizar un informe sobre la infancia en la Comunidad, publicado en 2017, en cuya actualización se está trabajando ahora.
Este informe también planteó propuestas, la mayoría de las cuáles se han asumido, como favorecer la escolarización de cero a tres años y acciones de inclusión en el sistema educativo, en ámbitos como los comedores o las actividades. Respecto a la escolarización gratuita de cero a tres años, De la Vega ha comentado que quienes no llevan a sus hijos a las escuelas infantiles es «porque económicamente son muy caras» y ha mencionado que «hay estudios que demuestran que quienes acuden tienen más capacidades y mayores desarrollos», además de que se favorece la conciliación y que las mujeres no sean expulsadas del mercado laboral, ni tengan que acudir a los abuelos.
De la Vega ha indicado que esta comisión de seguimiento va a tratar en 2020 sobre las adicciones, la actualización del informe de la infancia y los menores extranjeros no acompañados, de los que ha dicho que para su atención el Estado español debe articular una política y coordinarse con las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en infancia.
En el caso del Gobierno de Aragón, ha opinado que «está actuando correctamente» y ha habido una colaboración con la Delegación del Gobierno de España. A su entender, el reto es la situación en la que se quedan estos jóvenes cuando cumplen 18 años, ya que «hasta esa edad están protegidos», pero con la mayoría de edad, «si no se regulariza su situación, se quedan como ilegales». De la Vega ha sostenido que España «necesita mano de obra» y estos jóvenes «están cualificados» porque «quieren estudiar y trabajar», para sostener que los menores extranjeros no acompañados «han salido de sus países porque no les ha quedado más remedio» y los casos que plantean problemas son «puntuales», como ocurre «con otros niños».
Respecto a las adicciones, ha comentado que se hablará tanto de las ludopatías como de las adiciones alimentarias, así como de la obesidad infantil, sobre la que ha enfatizado que «se da en mayor medida en niños pobres porque son los que comen mal», un asunto «grave» por los problemas que «arrastra» de enfermedades, para apuntar que este es un asuntos prioritario para Unicef.
Por otra parte, a mediados de año se dará a conocer la actualización del informe sobre la infancia en Aragón, que incluye, entre otras cosas, 3.000 encuestas (1.500 a alumnos de Secundaria y 1.500 a padres), realizadas en colaboración con del Departamento de Educación del Gobierno autonómico. De la Vega ha apuntado que se centra fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza porque las «bolsas de exclusión» se producen en mayor medida en este municipio y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital aragonesa, «que está muy preocupado con esta cuestión, quiere conocer qué está pasando y qué medidas puede implementar».
Ha adelantado que Unicef también están trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza en la firma de un convenio y ha recordado que la capital aragonesa es Ciudad Amiga de la Infancia desde 2018. En Aragón hay actualmente hay veinte ciudades amigas, un incremento sustancial ya que cuando De la Vega asumió el cargo había una localidad, La Puebla de Alfindén. También se ha pasado de dos o tres escuelas amigas a 66, además de poner en marcha convenios con diferentes Administraciones públicas para impulsar la cooperación al desarrollo.
En este punto, ha enumerado los acuerdos suscritos con el Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, las ciudades de Calatayud, Barbastro y Ejea de los Caballeros, así como la colaboración con la Caixa e Ibercaja. Otro paso que se ha dado ha sido la declaración de Escuelas Referentes en Derechos de Infancia, que introducen en el currículum la Convención de los Derechos del Niño y las trabajan en las aulas. Los próximos días 5 y 6 de marzo va a tener lugar en Huesca un encuentro de estas escuelas.
