El PP sube la presión parlamentaria contra la corrupción del PSOE y sus socios

La corrupción que afecta al PSOE y a sus socios va a estar muy presente en el Congreso en cuanto la legislatura empiece a rodar. Pablo Casado ha dado instrucciones a la dirección de su partido y a los grupos parlamentarios del PP para que pongan en marcha una ofensiva parlamentaria contra los escándalos relacionados con los socialistas y sus aliados, y para exigir todas las responsabilidades políticas que se deriven de ellos.

La indignación en Génova ha ido a más en las últimas semanas, al comprobar la «doble vara de medir» que existe en muchos partidos y en algunos medios frente a los casos de corrupción, a la hora de exigir responsabilidades. En el PP nadie olvida cómo Sánchez utilizó la sentencia de la Gürtel para tumbar a Rajoy en la moción de censura, con el apoyo y el aplauso de la mayoría parlamentaria. Ahora, en cambio, la sentencia de los ERE, que ha golpeado de forma especial a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, apenas está teniendo impacto en el debate político nacional.

El PP quiere poner en evidencia el silencio de Sánchez sobre el caso de los ERE, y forzarle a dar explicaciones en el Pleno del Congreso. «Estamos ante un escándalo de 680 millones malversados, el mayor caso de corrupción de España, que se ha despachado sin explicaciones de Sánchez, cuando tres de sus ministros fueron consejeros de Chaves y Griñán, y la federación andaluza fue clave en su elección como secretario general del PSOE», denunció el portavoz del partido, Pablo Montesinos, que ve «insólito» que el líder socialista «siga escondido» ante este caso. Además de pedir la comparecencia de Sánchez, el PP ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno en las que denuncia la «falta de asunción de responsabilidades políticas» por parte del presidente en funciones.

Tres ministros de Sánchez

Los populares quieren saber si van a asumir responsabilidades los tres ministros de Sánchez que fueron consejeros de la Junta: Luis Planas, María Jesús Montero y Carmen Calvo. Así, el Grupo Popular reclama que el Gobierno detalle «en cuántas reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en las que se aprobaron o condonaron créditos relacionados con el fraude de los ERE participó cada uno de los ministros citados, así como el montante total de dichas operaciones».

El PP también exige que se aclare si la actual responsable de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, «conocía la existencia de tres cajas fuertes en las dependencias de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y si tuvo conocimiento de la existencia de los convenios y/o contratos relacionados con los ERE hallados en dichas cajas fuertes».

El PP mantendrá la presión parlamentaria con otros casos, como el que afecta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por sus mentiras sobre la entrevista publicada en «The Guardian», como informó ABC. «The Guardian confirmó que la entrevista a Ximo Puig era de pago; mintió en sede parlamentaria. Tiene que explicarlo y devolver el dinero», avisa el PP, que está estudiando acciones legales ante un posible caso de malversación.

El caso del PNV

Hace apenas una semana, otra sentencia por corrupción afectó de forma directa al PNV, por el «caso De Miguel». El mayor juicio contra la corrupción celebrado hasta ahora en el País Vasco, se saldó con 11 absoluciones y 15 condenas. Tres de estas últimas fueron para antiguos dirigentes del PNV que, encabezados por Alfredo de Miguel, reclamaban comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas del Gobierno autonómico.

Sobre Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV alavés y cabecilla de esta red, pesa una condena de 13 años y tres meses de prisión, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación, asociación ilícita, blanqueo y cohecho. «Es una condena gravísima contra el PNV, pero nadie está exigiendo a Urkullu la dimisión, ni se rompe el acuerdo de Gobierno ni se impulsa una moción de censura», denuncia el PP.

Los populares subrayan que «el PSOE tampoco rompe la negociación de Gobierno con Podemos por sus supuestos sobresueldos y supuesta Caja B, o por las supuestas irregularidades en la reforma de su sede, que ha destapado su exabogado. Iglesias, que tantas lecciones daba, sigue mudo».