El Papa ha eliminado el secreto pontificio ante «las denuncias, los procesos y las sentencias» concernientes a los delitos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, según se recoge en una ordenanza que limita la confidencialidad de las causas relacionadas con la pederastia.
El Pontífice ha tomado esta medida en el motu proprio ‘Vos estis lux mundi’, aprobado en mayo y publicado este martes. La instancia, que firma el secretario de Estado, Pietro Parolin, ya está vigente y se extiende además a todas las investigaciones realizadas por el Vaticano y por las diócesis relacionadas con el encubrimiento o la posesión de pornografía infantil.
Con la nueva disposición, la información deberá ser requerida a través de un rogatorio internacional, mientras que, en los documentos vinculados a curias diocesanas, las autoridades judiciales tendrán que dirigirse directamente al obispo correspondiente.
«No puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos», se describe en el documento impulsado por el Papa.
A este respecto, la instrucción recuerda que «el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal«. En este sentido, el texto subraya que se incluyen «las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles».
También se endurecen algunas normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito «la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo«, y no solo de los menores de 14 años como hasta ahora.
El documento, con vigencia «firme y estable», se divide en cinco puntos en los que se aclara que el manejo de los datos correspondientes a estas cuestiones ha de realizarse «de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad».
Ya el pasado mayo, Francisco promulgó un documento pontificio con nuevas reglas para prevenir y contrastar los abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables dentro de la Iglesia. Este texto establece que todos los sacerdotes o religiosos tienen la obligación de denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un clérigo y exige a todas las diócesis la creación de un sistema público y accesible que permita denunciar los presuntos abusos.
Este documento vaticano se unía al ‘motu proprio’ de dos meses antes con el que el Pontífice introducía la obligación de denunciar todos los casos de abusos y encubrimiento que afectaran a empleados de la Santa Sede y del pequeño Estado pontificio, miembros de la curia y personal diplomático vaticano en el exterior, y ampliaba el período de prescripción de estos delitos hasta los 20 años.
