Primer encontronazo del PSOE con Unidas Podemos y sus teóricos socios para la investidura de Pedro Sánchez. Los partidos de izquierda y los nacionalistas se han posicionado este miércoles en contra y han lanzado fuertes críticas al Real Decreto de medidas urgentes para la administración digital, que fue concebido, entre otros aspectos, para frustrar cualquier pretensión de la Generalitat de crear una especie de república digital catalana. El texto del Gobierno, que entró en vigor el 6 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales, será convalidado en la Diputación Permanente del Congreso con los votos socialistas y el apoyo de los diputados de PP y Ciudadanos. Podemos, como gesto hacia su socio en el futuro Gobierno de coalición y pese a estar en contra del decreto, piensa abstenerse.
Fue el propio Pedro Sánchez el que prometió, justo en plena campaña electoral para el 10-N, que su Gobierno no iba a permitir ningún tipo de intento de una república catalana digital, como apuntó la Generalitat: “No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”. A continuación, el Ministerio de Economía llevó al Consejo de Ministros un proyecto de real decreto que podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
La necesidad urgente de ese Real Decreto ha sido defendida este miércoles en la Diputación Permanente por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, pero se ha encontrado con la oposición radical de prácticamente todos los socios políticos que el PSOE está buscando en las negociaciones en marcha para la investidura aún sin fecha de Sánchez, desde Unidas Podemos al PNV, Más País y, por supuesto, ERC, Junts per Catalunya y EH Bildu.
Ciudadanos también ha mostrado su malestar por algunos aspectos restrictivos de esa regulación aunque al final la respaldará y el PP, pese a admitir dudas sobre la constitucionalidad de aspectos del decreto, también ha adelantado su voto a favor. Vox ha fundamentado su rechazo, pese a aceptar algunos capítulos de las seis leyes retocadas con ese decreto, porque entiende que socava “la libertad de expresión”.
El debate ha sido duro, bronco y esclarecedor de por dónde puede discurrir la nueva legislatura. Todos los presuntos socios del teórico nuevo Gobierno del PSOE han arremetido contra algunas pretensiones recentralizadoras y coercitivas que vislumbran en el real decreto. Vox, Ciudadanos y el PP han reprochado al PSOE que busque ahora su respaldo mientras negocia, por ejemplo, este jueves con ERC, votos en favor de que Sánchez continúe en La Moncloa. La posición de fondo de PP y Ciudadanos apoyando un decreto de un Gobierno socialista supone, no obstante, un esbozo de lo que podría ser un gobierno de gran coalición en caso de que no saliera adelante la investidura del candidato del PSOE con los votos de la izquierda y los nacionalistas.
La ministra Calviño se extendió en argumentar la necesidad del real decreto. La norma quiere evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. También pretende defenderse más eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las denominadas fake news (noticias falsas).
El decreto busca, en última instancia pero no solo, cegar las vías para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformación digital de la Administración para fines contrarios al orden constitucional. La ministra negó que se pretenda tener el control de ningún medio de comunicación, como le acusaron sobre todo los partidos nacionalistas, pero sí que se trata de tener normativas como los demás países europeos ante circunstancias de especial gravedad en las redes.
No logró convencer a la mayoría de sus teóricos socios de investidura. Desde el amplio Grupo Mixto llegaron fuertes críticas. Joan Baldoví, de Compromís, lamentó que con ese decreto se pueda llegar a intervenir Internet en España como en países tan poco democráticos como China, Arabia Saudí o Irak y cuestionó las prisas. Esa falta de urgente necesidad fue argumentada por casi todos los demás partidos, que verían mejor una regulación a través de una ley orgánica con posibilidad de discutir y admitir enmiendas.
«Patada en la puerta digital»
Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, dijo que el Gobierno pretende favorecer un “estado de excepción digital” con la oportunidad que se le presta de cerrar webs y otros soportes digitales sin orden judicial y pasando por encima de las Administraciones autonómicas. La diputada concluyó que con ese decreto “se amplía la ley mordaza a las nuevas tecnologías”. Laura Borrás, de JuntsxCat, tildó el proyecto de “ley Corcuera digital”, con la que se pasa “de la ley de la patada en la puerta a la ley Sánchez de patada al servidor”.
El portavoz del PNV, Mikel Legarda, también reprochó lo que supone la norma de “intervención de hecho” alegando razones de “seguridad nacional”. Montserrat Bassa Coll, de ERC, manifestó que ninguna “ofensiva represiva” del Estado “podrá parar el tsunami y la voluntad democrática del pueblo catalán”. La diputada republicana avisó: “No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente los conflictos y mantengan la vía represiva”.
Victor Sánchez del Real, de Vox, expresó la sospecha de que el Gobierno quiera controlar lo que se pueda opinar al margen de lo que denominan como “la mayoría progre”. Y denunció que se les pueda conceder así a los futuros socios “comunistas” del Ejecutivo “el botón del Gran Hermano mayor”.
El diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, enumeró muy burocráticamente los puntos que observa negativos de la reforma, relacionados con el intento de recentralización y de controles digitales sin órdenes judiciales, y propuso mejoras para el futuro en el desarrollo legislativo del decreto que Calviño se mostró a favor de estudiar. Ese paso le sirvió a Podemos para pasar del rechazo a la abstención.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, tachó el decreto de “chapuza legislativa” pero avanzó su apoyo por la necesidad de vigilar la ciberseguridad. El diputado se entretuvo mucho más en alertar al PSOE de apoyarse para la investidura de Sánchez en socios que han boicoteado este miércoles ese decreto y les emplazó a rectificar y buscar una mayoría constitucionalista más amplia, de hasta 221 escaños, con el PP y Cs.
La diputada del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, aportó de entrada su titular de la jornada: “Durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo”. Y atacó al Ejecutivo por ocultar en la exposición de motivos del decreto que su razón última es evitar la república catalana digital, algo que al PP no le causa problema mencionar. El PP ya indagó por esa vía con su aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2015. Ahora apoya este actual decreto pero acepta que pueda haber dudas sobre su constitucionalidad y pese a la “indignidad” de que al mismo tiempo el PSOE esté ya negociando “con los que pretenden romper España”.
