Si no se despeja la frontera, los camioneros tomaremos medidas drásticas”. Ese es el contundente y amenazador mensaje que las asociaciones de transportistas comunicaron ayer a LA RAZÓN, sin que se haya descartado ninguna medida.
Hasta 20.000 camiones circulan cada día por la AP-7 en ambos sentidos de la frontera de La Junquera, que ahora se encuentra cerrada al tráfico por grupos de los CDR, que impiden el paso de los vehículos. Tanto el Gobierno francés, que ya ha lanzado un ultimátum anunciando que actuará con fuerza si persisten en su protesta, como el español, que ha reforzado el dispositivo de seguridad con unidades especiales de la Guardia Civil para apoyar el despliegue de los Mossos, están dispuestos a terminar con esta algarada.
Fenadismer, la organización de las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, lamenta que el Gobierno catalán “no haya actuado para impedir esta acción”, máxime cuando ésta había sido anunciada con suficiente antelación como para haberlo evitado con un dispositivo especial, como ocurrió hace apenas tres semanas, cuando se puso en marcha la campaña por las redes sociales bajo el lema “Bloquegem la frontera” (“Bloqueemos la frontera”). En esta ocasión ha sido la plataforma independentista Tsunami Democrátic la que ha hecho el llamamiento a través de su aplicación en Internet para que se sumen a este corte.
Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, se queja de que las autoridades catalanas, que tienen transferidas las competencias de tráfico, no hayan autorizado el desvío de camiones por la red viaria convencional. Si lo hacen, los transportistas se exponen a multas de hasta 500 euros. “Nos tienen bloqueados en la AP-7 sin posibilidad de buscar salidas alternativas. Hemos pedido que nos concedan permisos especiales de tránsito, pero no los han atendido”.
Esta organización alerta de los “gravísimos perjuicios económicos” que tales bloqueos ocasionan a la economía en general y a la del sector del transporte en particular, que llegan a valorar en 15 millones diarios -al margen de la contabilización de la pérdida de mercancía perecedera-, ya que cada hora que un camión permanece inmovilizado le supone un coste aproximado de 55 euros, y la vía principal de conexión entre España y Francia por carretera fue cortada desde ayer a las nueve de la mañana.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, ha lamentado irónicamente que “los únicos que le dan al transporte la importancia que tiene como motor de la economía son los CDR, que saben el daño que ocasionan bloqueando las carreteras cada vez que tienen oportunidad”.
Además de los transportistas, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) emitieron ayer un comunicado en el compartieron “el sentir y malestar de los transportistas ante una situación de la que empresas cargadoras también somos víctimas”.
Los Mossos d’Esquadra desviaron durante toda la jornada de ayer el tráfico en la AP-7 en dirección a Francia desde la salida 3-norte, a la altura de Figueras, para que los vehículos circulen por la N-II, lo que cargó esta vía de tráfico, con tramos de caravana y circulación lenta de hasta doce kilómetros entre Figueres y Biure y de seis kilómetros a la altura de La Junquera. Sin embargo, los camiones de mayor tonelaje no fueron autorizados a circular por las vías secundarias.