El Parlament, con los votos de los tres partidos separatistas y la abstención del partido de Ada Colau –«comunes»–, alumbró el jueves una propuesta de resolución en la que pedía la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, el último paso del independentismo en su escalada de protestas y tensión contra un colectivo que se ha situado en el punto de mira por erigirse en uno de los principales diques de contención del «procés». El clima político, según denuncian en el seno del cuerpo policial, se ha hecho «muy complicado» en los últimos dos años hasta el punto de que en torno a 2.300 agentes destinados en la autonomía, que son cada vez menos por el vacío competencial que ha generado el traspaso de muchas de las funciones a los Mossos d’Esquadra, quieren abandonar Cataluña, según cifras de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), lo que representaría dos tercios de los efectivos.
El Instituto Armado tiene ahora 3.549 agentes en toda la autonomía, según los últimos datos oficiales (1.960 en Barcelona; 556 en Girona; 431 en Lleida; y, 602 en Tarragona) –de los que se estima que tan solo unos 150 son catalanes, el resto procede de otros puntos de España–. Una cifra que se ha mantenido estable en los últimos tiempos –incluso se han llegado a ganar efectivos en los últimos años–. Si bien, la plantilla nada tiene que ver con la de hace dos décadas y ha registrado una notable merma –hace 25 años, rondaban los 10.000 agentes de la Guardia Civil– acorde con la disminución de competencias, ya que desde el despliegue de los Mosssos d’Esquadra en 1998, sus funciones han ido menguando: ahora se desempeñan y asumen las funciones en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico; el servicio marítimo; puertos y aeropuertos; intervención de armas y explosivos; policía judicial; el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); o, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas). También hay presente un grupo de antidisturbios.
Ante este clima, que comparan incluso «con épocas pretéritas en el País Vasco» por las presiones que denuncian, siempre marcando distancias con el grado de violencia que allí se ejercía –en Cataluña no se ha registrado ninguna agresión contra ningún agente ni su entorno familiar–, los agentes han puesto encima de la mesa numerosas reivindicaciones para mejorar sus condiciones. Entre ellas, hay dos que destacan por encima del resto: declarar a Cataluña como Zona Conflictiva (como el País Vasco), lo que otorgaría un suplemento salarial de 600 euros; y, conseguir «preferencia» en el cambio de destino a los tres años –los agentes de la Guardia Civil, tras salir de la Academia, pasan un año de prácticas y después tienen la posibilidad de escoger destino entre las plazas vacantes que haya o, si no, pueden ser forzados por la Administración Pública a un determinado lugar, del que no pueden cambiar hasta que hayan pasado dos años (a partir de ahí, en función de la antigüedad en el cuerpo, hay más o menos margen para conseguir un cambio)–. «Ahora ha empezado a subir la tensión en Cataluña justo cuando en el País Vasco está bajando», lamenta un agente.
En este sentido, la segunda de las reivindicaciones se ha empezado a pedir con fuerza a raíz del «procés», ya que Cataluña ha dejado de ser «un destino atractivo», como así asegura el portavoz de la AUGC en Cataluña, Alfonso Merino, en declaraciones a este diario. Merino alerta del temor que ha empezado a cundir en el cuerpo ante la radicalización de ciertos colectivos independentistas e, incluso, ahora empieza a haber inquietud porque se puedan empezar a registrar episodios de «violencia física». Hasta ahora, según denuncian los agentes, todas las acciones del independentismo se habían limitado a organizar «escraches» o hacer pintadas en los cuarteles.
Si bien, tras la operación policial del lunes, en la que se detectó material apto para la fabricación de explosivos y fotografías y planos de algunas sedes policiales, se han acentuado los temores ante una posible escalada de violencia. Merino sitúa este estallido tras los registros en la conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017, una macrooperación de la Guardia Civil para evitar el referéndum del 1-O: desde entonces, la hostilidad hacia la Benemérita se ha multiplicado desde todos los sectores del independentismo. En este sentido, por ejemplo, Merino recoge las múltiples amenazas que circulan a través de las redes sociales o, en algunas movilizaciones, –como en las últimas en las que se han podido oír consignas contra las fuerzas policiales españolas como «pim, pam, pum, que no en quedi ni un (que no quede ninguno)» o «fuera las fuerzas de ocupación»–, así como la actitud que han mostrado el Govern, los partidos separatistas y otras organizaciones independentistas contra la Guardia Civil: desde la iniciativa parlamentaria aprobada el jueves a la participación de líderes políticos en diferentes manifestaciones para arropar a los sietes miembros de los CDR detenidos el lunes.
Lo cierto es que algunos de los más veteranos del cuerpo coinciden en situar esta beligerancia como algo reciente, fruto de la tensión que ha desatado el «procés» en la política y la sociedad catalana. Merino, por ejemplo, que lleva más de 25 años en la autonomía recuerda que cuando desembarcó en Cataluña, se encontró con una sociedad «más abierta, tolerante y respetuosa» con la Guardia Civil, algo muy alejado de la realidad actual. Precisamente, los agentes más asentados en Cataluña, porque llevan más años viviendo, son los que descartan salir de la autonomía a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Pese a que los focos se han posado ahora sobre la Guardia Civil, lo cierto es que la Policía Nacional, también presente en Cataluña –hay 3.336 agentes, según los últimos datos oficiales–, se ha convertido en otro objetivo independentista y tampoco ha escapado a sus «escraches». Tampoco los Mossos, aclamados durante el 1-O por su tibieza, se salvan de los ataques del independentismo tras algunas de sus últimas controvertidas intervenciones –sobre todo las cargas policiales en algunas de las últimas manifestaciones–.
