Poco ha durado la tranquilidad en la economía española, que vislumbra ya en el horizonte un cúmulo de nubarrones que amenazan su futuro más inmediato. El mundo entero encara una desaceleración generalizada a la que España no es ni mucho menos inmune. La diferencia es que nuestro país aún está curando las heridas sufridas durante la última crisis y que afronta el problema inmersa en una espiral de gasto público que, al contrario que la economía, no frena.
La prueba definitiva de que se avecina una nueva tormenta económica la dio esta misma semana el Banco Central Europeo. En un tono más pesimista que de costumbre, su presidente Mario Draghi, anunció el jueves que la institución había decidido por unanimidad retrasar las subidas de tipos de interés al menos hasta finales de 2019 y ampliar la «barra libre» de liquidez ante el «empeoramiento sustancial» de la economía de la zona euro. El BCE prevé que el PIB del conjunto de los países del euro crecerá este año un 1,1%, seis décimas menos de lo anticipado anteriormente, mientras que en 2020 el crecimiento será del 1,6%, una décima por debajo de la previsión del pasado mes de diciembre.
En este terreno pantanoso se mueve España, que también se ha visto obligada a recortar sucesivas veces sus cálculos de crecimiento. El mismo camino han seguido la mayoría de los organismos e instituciones, como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Para 2019, la previsión es que el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país avance un 2,2%, para luego caer hasta el 1,9% en 2020 y al 1,7% en 2021.
Echando la vista atrás, el dato de este año será el peor desde la salida de la crisis en 2014, cuando la economía creció un 1,4%. No obstante, en aquel momento y aunque la cifra ya estaba en fase descendente, aún había 5,5 millones de parados, frente a los 3,3 millones actuales. Después, el PIB encadenó tres años muy positivos, con alzas superiores al 3% en 2015, 2016 y 2017. Fue en 2018 cuando ya empezó a percibirse el frenazo, al bajar hasta el 2,5% y con advertencias por doquier del riesgo de una nueva crisis.
Aunque la desaceleración es global, desde la OCDE recuerdan que «España no está en Marte, está en Europa y en el mundo». Por este motivo, su secretario general Ángel Gurría pedía hace unos meses al Ejecutivo de Sánchez que hiciese reformas para parar el golpe. «Hay que ponerles un espejo delante de cómo nosotros vemos las cosas, pero le corresponde finalmente al Gobierno español cuáles son las medidas que debe tomar», advertía la OCDE. La organización corrigió fuertemente a la baja hace unos días sus cálculos para los dos próximos años, llegando a recortar en nueve décimas el crecimiento de Alemania y en más de un punto el de Italia, país al que sitúa en recesión este año.
Entre los motivos principales se encuentran la incertidumbre y la caída del comercio mundial a consecuencia del Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los problemas de la industria del automóvil por culpa de los nuevos estándares de emisiones contaminantes. En este sentido, la caída en la venta de coches al exterior, pilar de la economía española, provocó un frenazo en las exportaciones, que pasaron de crecer un 8% en 2017 a menos de un 3% en 2018.
En cualquier caso, el PIB y las exportaciones no han sido los únicos componentes macroeconómicos afectados. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el número de parados ha subido en 453 personas cada día. El desempleo ha pasado de 3,16 a 3,28 millones de personas desde que el socialista llegó a La Moncloa. Además, la ocupación se ha reducido en 118.518 trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo del mes de febrero. A esto se suma la subida del salario mínimo hasta los 900 euros, que según el Banco de España destruirá hasta 125.000 empleos. Por si esto fuera poco, la industria española ha entrado en recesión por primera vez desde 2013 y el turismo crece menos que el PIB, algo que no sucedía desde hace diez años. Por otra parte, el debilitamiento del sector exterior no podrá ser compensado en esta ocasión con una fuerte demanda interna, ya que el consumo privado también se frenará. Según los cálculos del Ejecutivo, frenará su avance desde el 2,3% de 2018 al 1,7% en 2019. El Banco de España cree que en 2020 y 2021 el consumo seguirá desacelerándose y sólo crecerá un 1,5% y un 1,3%, respectivamente.
Todo ello no ha impedido que el Gobierno haya restado importancia a las cifras que evidencian la desaceleración. La mirada hacia otro lado del Gobierno de Pedro Sánchez recuerda peligrosamente al negacionismo de José Luis Rodríguez Zapatero, que descartó repetidas veces la llegada de la que luego sería la crisis más grave desde la Guerra Civil. «No hay que exagerar», llegó a decir el por entonces presidente del Gobierno, que se jactó incluso de haber llevado a España a «la Champions League de la economía mundial».
De hecho, la política económica del Gobierno va por otros derroteros muy distintos a los que suelen transitarse en las puertas de una posible crisis. Los fallidos Presupuestos para 2019 de Sánchez contemplaban un incremento récord del gasto, sustentado en fuertes subidas de impuestos de hasta 8.000 millones de euros. Tres cuartas partes de este «hachazo» tributario (más de 6.200 millones) se concentraban en las empresas. El problema, además del hecho en sí de incrementar la presión fiscal sobre los encargados de crear empleo, es que ni la UE, ni el Banco de España ni la AIReF se creían los ingresos, que consideraban inflados.
Pese al «no» a sus cuentas, el Gobierno sigue usando «decretazos» para sacar adelante una batería de medidas antes de las elecciones, comprometiendo más gasto público sin una contraparte por la vía de los ingresos. Es el caso del aumento del permiso de paternidad (225 millones), la cotización de las cuidadoras no profesionales (262 millones) o el subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años (270 millones). A esto suman 2.600 millones por la revalorización de las pensiones y otros 867 millones por la subida de sueldo a los funcionarios. Sumado a otras medidas laborales, unos 4.200 millones de nuevo gasto que dispararán el déficit hasta el 2,4%, frente al objetivo del 1,3%. Un desfase de 13.500 millones de euros con la sombra de una nueva crisis a la vuelta de la esquina.
