Tan solo media hora después de arrancar el encuentro entre los secretarios generales de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith respectivamente, para amarrar el acuerdo de investidura en Andalucía, el partido de Santiago Abascal ha hecho público un documento con las propuestas «para iniciar las negociaciones encaminadas a lograr una investidura que ponga fin a 36 años de socialismo en Andalucía». Se trata de un documento con el que Vox dinamita cualquier opción de acuerdo con PP y Ciudadanos debido a lo extremo de sus propuestas sobre la ley de violencia de género y la inmigración irregular, muy criticadas por el resto de partidos en los últimos días. Aunque los 12 escaños que Vox ha logrado en las elecciones andaluzas garantizan la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta Andaluza, medidas como éstas no serían entendidas por los votantes de Pablo Casado y de Albert Rivera.
Según se desprende del documento, Vox mantiene el pulso sobre la inmigración irregular y violencia de género. El partido de Abascal busca la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y terminar con “el efecto llamada”. Según señalan en el texto “la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular” por lo que apela a “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales” para su expulsión. También llama a “suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales” y evitar el “turismo sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el Extranjero.
Finalmente Vox no recula y pide la derogación de la Ley contra la violencia de género andaluza en sustitución por una “Ley de Violencia Doméstica” que “no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia de género y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista”.
Asímismo, Vox también mantiene sus exigencias respecto a la inmigración ilegal. Según aseguran, la “ Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía. También piden “terminar con el efecto llamada” y “evitar el turismo sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el extranjero. Al hilo, también pide la derogación de la ley de reconocimiento a la identidad de las personas LGTBI con el objeto, dicen, de “garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”. Según alegan “los derechosd e las personas de orientaciónn homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución” y la vigente Ley 8/2017 “atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones”. En la misma línea piden la derogación de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
Por otro lado, Vox pide para la firma de un acuerdo con PP y Ciudadanos la “declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público”. Otra declaración institucional más para condenar “al discurso del odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen” desde el 2-D contra “los votantes y representantes de Vox”.
El partido de Abascal considera de vital importancia el cambio de fecha de la celebración del día de Andalucía, del 28 de febrero al día 2 de enero, efeméride en la que se conmemora la toma de Granada y la culminación de la Reconquista. Además, el 12 de octubre se debe celebrar en las instituciones que dependan de la Junta con prioridad esta fecha “poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España.
Sobre la mesa pone también una ley de protección de la Cultura Popular y de las tradiciones en el mundo rural, que incluirá el flamenco, entre otras. También pide que se “reconozca y valore la aportación económica y ecológica” que la tauromaquia y la actividad cinegética aporta.
De aprobarse las exigencias de Ciudadanos, la Junta debería garantizar -según Vox- “el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones”, algo posible con una especie de “pin parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga “ideológica o moral contraria a sus convicciones”. También esperan la “garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”, entre otras medidas.
El partido quiere liberalizar «el régimen de concesión de licencias de radio y televisión». Así también plantea reducir al 50% los costes de la Radiotelevisión Andaluza, eliminar tres de los cuatro canales que tiene en la actualidad y garantizar su neutralidad política e ideológica. Apuestan por suprimir organismos públicos de “control de medios de comunicación” como el Consejo Audiovisual de Andalucía. También pretenden la creación de una Consejería de Familia y Natalidad para “aprobar un Plan Integral de Fomento de la Natalidad, introducir “amplias” desgravaciones fiscales, ampliar la red de guarderías, promover una perspectiva pro-familia y pro-natalidad, y prestar “especial atención a las mujeres con embarazos no deseados para que tengan alternativas y así evitar “el drama del aborto”.
El partido pone atención también en el control del fundamentalismo islámico, es decir que la junta de Andalucía “colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista. También “se exigirá a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación”. Pide también la “expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer”. Por último pide la “supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”.
Vox pide también la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía porque a su juicio la ley impone “de forma totalitaria”, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982.
Vox mantiene la reducción del 75 por ciento de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Incluye también la supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGS “ideológicas”, también la eliminación de las ayudas exteriores, que deben ser competencia exclusiva del Estado. Recalcan la importancia de instar a los municipios a que también cesen en estos gastos que no son de su competencia. Piden también la supresión de las “embajadas comerciales” (Red Extenda) de la Junta e integración de sus funciones en el servicio Exterior de España. Quieren estudiar “si existen otras duplicidades con el Estado para su ahorro”.
En cuanto a impuestos, añaden la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la reducción del tipo de gravamen al 0,5% al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otros impuestos.
