El fiscal jefe provincial de Zaragoza, Felipe Zazurca, no es contrario a una revisión de los aforamientos, pero pide calma y reflexión al respecto. Para el representante del ministerio público, «hay que entender que la regulación tiene un fundamento, y no creo que la razón sea la existencia de privilegios, sino la garantía de una seguridad jurídica».
Dicho esto, Zazurca admite que actualmente «sí que sería bueno adaptar la legislación al hecho de que hay circunstancias y conceptos que han cambiado». Sería partidario de «una reducción, tanto en el ámbito subjetivo como objetivo, en cuanto al número de personas aforadas como a los delitos, algunos de los cuales podrían quedar fuera», aunque no tenga por qué ceñirse al ámbito público o privado de la actividad política o judicial, la frontera por la que parece guiarse el Gobierno central.
En cualquier caso, la reforma que se aborde debería contar «con un amplio consenso y estableciendo instrumentos legislativos de garantías, sin precipitaciones», a juicio del fiscal.
Zazurca considera que una eliminación total sí que podría abrir la puerta a una proliferación de querellas, aunque admite que hasta ahora apenas ha habido casos, que él recuerde, que afectasen a jueces o fiscales».
