Una de las principales instituciones empresariales del país, la Cámara de Comercio de España, ha decidido contratar una campaña internacional para contrarrestar a los independentistas y defender en medios de comunicación y organizaciones de empresarios extranjeras que la democracia española es un Estado de Derecho. Se trata de «reforzar la imagen de España y fomentar la llegada de inversiones», según confirma a EL MUNDO un portavoz de esta institución empresarial, que espera que se pueda iniciar a finales de mayo.
Este organismo presidido por el empresario catalán Josep Lluis Bonet, y que aglutina a las cámaras de comercio, ha adjudicado ya la campaña a la agencia británica Brunswick para que promueva en círculos influyentes la idea de que España es una democracia que tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución ante un intento ilegal de secesión.
El propio Bonet, presidente de Freixenet, ha defendido ese principio en sus declaraciones públicas a lo largo de los últimos meses. La decisión de la Cámara de España de montar esta campaña ha sido refrendada por la junta directiva, de la que forman parte representantes del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Telefónica o Iberdrola, entre otros grandes grupos españoles.
Según el pliego de condiciones de la campaña, la agencia británica deberá combatir «el daño reputacional sufrido por España -y por Cataluña como parte de España- ante la opinión pública internacional, concretamente en el ámbito económico-empresarial, que como consecuencia del intento de proceso independentista afecta, directa y negativamente, a la actividad económica española en general».
Según su diagnóstico, «la imagen de estabilidad política y seguridad jurídica que han hecho de España -y Cataluña como parte de España- un destino preferente de inversiones internacionales se ha visto recientemente empañada como consecuencia del intento de proceso secesionista que se ha desarrollado en Cataluña en los últimos meses, y que ha desembocado en la aplicación de mecanismos constitucionales de carácter excepcional por parte del Gobierno de España con el objeto de preservar el orden constitucional y la legalidad vigente».
En la Cámara de España aseguran que no han actuado con instrucciones del Gobierno y recuerdan que la Ley 4/2014, de 1 de abril de las Cámaras Oficiales de Comercio obliga al organismo a «la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación». En atención al cumplimiento de esas funciones «la Cámara de España considera urgente reforzar la imagen y prestigio de España -y Cataluña como parte de España- en el exterior reforzando la confianza de los operadores internacionales en el entorno económico, empresarial y jurídico de España y Cataluña, mitigando así las consecuencias dañinas derivadas del intento de proceso secesionista catalán», según el pliego de condiciones.
Se considera necesario centrar las actuaciones objeto de licitación en Alemania, Bélgica y Reino Unido, países en que se encuentran fugados ex altos cargos de la Generalitat encabezados por Carles Puigdemont. Pero también se pide a la agencia que extienda la campaña a Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, México y Brasil.
La agencia adjudicataria deberá «llevar a cabo una estrategia de relaciones públicas, que incluya acciones con los principales medios de comunicación, creadores de opinión y entidades representativas de la comunidad empresarial». La labor incluye la organización de eventos, encuentros con periodistas, difusión de argumentarios y publicación de branded content en favor de España.
El presupuesto de 484.000 euros es criticado por agencias de comunicación aspirantes consultadas por este diario por ser muy limitado para el desafío que supone ante la falta de acción del Gobierno. Sin embargo, en la Cámara de España esperan que sea una contribución relevante y eficaz. El Gobierno no ha conseguido que en la prensa internacional se entienda en toda su dimensión la acción del Estado contra el independentismo, pero sí que ningún país de la Unión Europea haya mostrado intención alguna de reconocer la autoproclamada república catalana.
La duración prevista de la campaña contratada por la Cámara de España es de siete meses, es decir hasta finales de este año 2018.
