Emmanuel Macron ha fijado unas “líneas rojas” muy estrictas al nuevo gobierno corso: no a la “experimentación territorial”, no al “reconocimiento” del “pueblo corso”, no a la “oficialidad” de la lengua corsa, no a ninguna “negociación” con “presos políticos”.
Tras las recientes elecciones regionales corsas, el gobierno autonomista corso revalidó de manera significativa la mayoría política local que ya tenía, desde hace años.
Como estaba previsto, desde hace tiempo, Córcega comienza a primeros de año una reorganización política territorial que no comporta ninguna revisión de su estatuto particular, con poderes muy limitados para el ejecutivo local. Jacqueline Gourault, representante oficial del presidente Macron sostuvo una primera reunión de trabajado con Gilles Simeoni y Jean-Guy Talamoni, presidente del ejecutivo corso y presidente de la asamblea regional, confirmándose las “líneas rojas” del presidente y su gobierno.
Queda excluida cualquier tipo de “experimentación territorial”. Dicho de otro modo, el presidente Macron no contempla ningún tipo de cambio institucional de ninguna naturaleza, ante una isla de 325.000 habitantes, con un estatuto regional muy restrictivo y una economía local institucionalmente dependiente de las subvenciones de Estado.
Macron rechaza, igualmente, todas las “exigencias básicas” de los autonomistas corsos.
La noción de “pueblo corso” es sencillamente impensable. Desde la óptica presidencia, “en Francia solo existe el pueblo francés. Y su lengua es el francés”. Es igualmente “impensable” la institucionalización de la lengua corsa. En Francia, la única lengua oficial es el francés. Pueden estudiarse otras lenguas regionales, sin tener un estatuto de lengua cooficial.
“En Francia no existen presos políticos”, repiten al unísono todas las fuentes oficiales, agregando: “Hay individuos condenados por delitos de muy distinta naturaleza, que han sido juzgados y condenados. No cabe ningún tipo de negociación”.
Emmanuel Macron proyecta una reforma de la Constitución, en curso de negociación con la mayoría conservadora del Senado. Se trata de una reforma de carácter técnico, que afectará al funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Senado. En ese marco, queda descartada cualquier tipo de “experimentación territorial” de Córcega u otra región francesa.
