La «factura» de la deuda pública mordió el año pasado al bolsillo colectivo de los españoles más de 35.000 millones de euros: 33.251 millones por los intereses que tuvieron pagar las administraciones públicas a los que les prestan dinero; y varios miles de millones más que desembolsan, por el mismo concepto, las empresas públicas.
A falta de la liquidación de las cuentas públicas que deje el presente 2017, los últimos datos anuales certificados (2016) indican que, de media, el sector público español paga por su deuda cuatro millones de euros cada hora, prácticamente 100 millones de euros cada día.
El grueso de ese coste recae en la Administración central, que es también la que concentra la mayor porción de la deuda pública española. Así, el año pasado la Administración central tuvo unos gastos financieros de 28.114 millones de euros.
Por su parte, las administraciones autonómicas desembolsaron 4.454 millones por el mismo concepto. Otros 681 millones pagaron el conjunto de las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares-, mientras que la Seguridad Social desembolsó dos millones de euros.
Y a todas esas cifras hay que sumar el coste que genera la deuda del extenso entramado de empresas públicas de las distintas administraciones. El último dato oficial publicado sobre el coste de la deuda del conjunto de empresas públicas españolas es el de 2014: ese año superó los 4.100 millones de euros, pero en 2012 el entramado mercantil del sector público español llegó a pagar por intereses 8.095 millones.
El precio de gastar al debe
Durante los diez últimos años, de 2007 a 2016, los gastos financieros del sector público español han rondado los 350.000 millones de euros. A la Administración central se le han ido por este concepto 235.253 millones de euros; otros 47.985 millones a las administraciones autonómicas; 10.641 millones de euros han desembolsado el conjunto de las entidades locales; y siete millones de euros a las administraciones de la Seguridad Social.
Por su parte, en este último decenio, el conjunto de empresas públicas españolas han pagado no menos de 50.000 millones de euros por su deuda pública: de 2007 a 2014 -último dato oficial publicado- se les fueron por este concepto 45.007 millones de euros.
En los diez últimos años, la deuda pública casi se ha triplicado. El entramado de las administraciones españolas necesita pedir cada vez más dinero prestado para atender los pagos de la deuda que le vence (amortizaciones) y para cubrir el déficit que, año tras año, sigue acumulando el sector público en su conjunto.
Tipos de interés
Que los tipos de interés se hayan instalado en mínimos ha encubierto esa peligrosa y continua escalada del endeudamiento público español. Ese abaratamiento del préstamo ha evitado que el vertiginoso aumento de la deuda pública española haya disparado los gastos financieros hasta niveles peligrosamente indigestos. De hecho, en términos netos a España se le ha reducido temporalmente la factura de los intereses pese a que ha disparado el endeudamiento público. Y aquí radica el riesgo a futuro.
Dado el volumen de deuda con el que se han cargado -y se siguen cargando- las administraciones españolas, un repunte de tipos elevaría esos costes de forma preocupante. La experiencia reciente así lo confirma. Por ejemplo, en 2013 -con mucha menos deuda, pero al rebufo de una prima de riesgo que se había disparado en 2012- el sector público español tuvo que pagar un total de 47.464 millones de euros por intereses, un 25% menos de los que desembolsó el año pasado pese a que la deuda pública de España aumentó un 22% entre 2013 y 2016.
