La Comisión Europea contesta a una pregunta del PP sobre los 111 millones que concedió en 2024 para renovar la «obsoleta» la línea Madrid-Sevilla
El uso de materiales reciclados para renovar la infraestructura de alta velocidad Madrid-Sevilla es posible, pero «siempre que se adopten medidas de seguridad posteriores». La Comisión Europea (CE) ha fijado una posición técnica y política de enorme calado en relación con los problemas de mantenimiento de la línea tras el choque de dos trenes a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz donde perdieron la vida 46 personas el pasado 18 de enero. Es la respuesta que las autoridades comunitarias ofrecen a una pregunta cursada por la delegación española del Partido Popular Europeo (PPE) acerca de si habían evaluado el mal estado de distintos elementos de la vía antes de financiar con 111.646.340 euros «la sustitución de raíles y traviesas» con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
La CE ha hablado. La respuesta remitida al eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, a la que ha accedido ABC, es una advertencia al Gobierno español. El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reforma, Raffaele Fitto, ha aclarado que la utilización de tecnologías «pasadas» o infraestructuras obsoletas en la red de alta velocidad es admisible bajo la normativa comunitaria, pero con una condición innegociable: que el Gobierno del Estado miembro garantice medidas de seguridad adicionales que compensen dicha antigüedad.
Bruselas había liberado una partida millonaria para renovar 435,2 kilómetros de los 471 que integran este eje ferroviario inaugurado en abril de 1992 bajo el argumento de que dicha conexión «se ha quedado obsoleta en relación con el resto de la red de alta velocidad española».
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Fitto reconoce en su escrito que los equipos ferroviarios tienen una vida útil extensa, lo que permite que las autoridades nacionales sigan aceptando «activos o tecnologías obsoletas» que «ya no son interoperables» con los estándares actuales. Sin embargo, el vicepresidente de la CE avisa de que corresponde al Gobierno decidir si recicla estos materiales «siempre que se adopte medidas de seguridad» adicionales para evitar accidentes. Pone la pelota en el tejado de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuya actuación antes y después de la tragedia está siendo investigada por el juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba).
En un reciente informe remitido a la instructora, la Guardia Civil acreditó que la vía de Adamuz se rompió un día antes del siniestro, pero el sistema de alerta falló.
A pesar de los 111,6 millones de euros concedidos por el Gobierno de la UE para sustituir raíles y traviesas en la conexión entre Madrid y Sevilla, la Comisión señala que no le compete a ella controlar la ejecución de las obras financiadas con fondos europeos. En su pregunta registrada a principios del pasado mes de febrero, Zoido y los eurodiputados Borja Jiménez y Esther Herranz habían solicitado investigar el destino de los citados fondos ante las irregularidades que planean sobre algunos contratos de Adif en la etapa del exministro José Luis Ábalos.
La Comisión Europea señala que se pueden usar piezas obsoletas «siempre que se adopten medidas de seguridad posteriores»
Fitto contesta que la «responsabilidad principal de prevenir, detectar y corregir cualquier irregularidad recae en los Estados miembros, que están obligados a establecer sistemas eficaces de gestión y control, incluidas las medidas de lucha contra el fraude».
Zoido: «Bruselas vuelca la responsabilidad en Puente»
El eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido considera que la respuesta de la CE es «de puro sentido común», puesto que «son las autoridades españolas quienes estaban obligadas a gestionar y controlar la infraestructura». «La falta de estos controles fue, precisamente, lo que provocó el accidente mortal. Bruselas no es que se desmarque de la versión del Gobierno y el ministro Puente, sino que vuelcan directamente la responsabilidad en ellos», declara a ABC.
«Lo que no tiene sentido es que, con todos los dedos apuntando a la negligente gestión del Ministerio de Transportes y 46 víctimas mortales, no haya habido todavía una sola explicación ni, por supuesto, una sola dimisión». Al contrario, el ministro Puente ahora quiere echar balones fuera y responsabilizar a la Junta de Andalucía de su gestión negligente», lamenta Zoido. Añade que las decisiones de Adif y el Gobierno de Sánchez posteriores «son una consecución de faltas de respeto a las víctimas».
