El Banco Europeo de Inversiones concedió un préstamo de 90 millones a Adif en marzo de 2022 para su renovación
La UE era consciente en 2020 de las deficiencias de la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, la línea donde se produjo la tragedia de Adamuz con 46 muertos, y concedió millones de euros al Gobierno de Pedro Sánchez para atajarlas. En concreto, el 25 de marzo de 2022, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió un préstamo de 90 millones de euros a Adif Alta Velocidad para renovar la línea Madrid-Sevilla, que se encontraba «al final de su vida útil». Esta cantidad se suma a los 111 millones que también fueron invertidos en fondos europeos en la misma línea en 2024.
En el expediente del proyecto, publicado el 27 de octubre de 2020, el BEI reconoce de forma expresa que las obras e instalaciones de la línea de Alta Velocidad Madrid–Sevilla se encontraban “al final de su vida útil”, y que la financiación europea tenía como finalidad mantener los altos estándares de «disponibilidad, fiabilidad y seguridad» exigidos para este tipo de infraestructuras críticas.
El proyecto identificaba la necesidad de renovar los 471 kilómetros de línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992. La renovación abarcaba trabajos en la obra civil, la vía, la electrificación, los sistemas de señalización y telecomunicaciones, así como el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, precisamente debido al envejecimiento de los elementos esenciales de la línea. El crédito público se concedió en marzo de 2022, con Raquel Sánchez como ministra de Transportes tras el cese de José Luis Ábalos, también secretario general del PSOE, ahora en prisión preventiva por presunta corrupción en el caso mascarillas.
Por todo ello, el eurodiputado del PP y exministro Juan Ignacio Zoido ha registrado una pregunta a la Comisión Europea en la que pide aclarar qué se hizo con los millonarios fondos europeos y si se invirtió en lo que realmente se necesitaba. “Las investigaciones tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas otros dos centenares, apuntan a que Adif, que depende del Gobierno de España, había recibido diferentes partidas de fondos -muy generosas- para la actualización de la línea Madrid-Sevilla. Llegaremos hasta el final para conocer qué se hizo con ese dinero y se invirtió en lo que realmente se necesitaba”, indicaron fuentes del PP.
A la luz de este reconocimiento previo y del accidente mortal ocurrido cuatro años después, el PP plantea dos preguntas a la Comisión Europea: ¿cómo evalúa la Comisión Europea, desde un punto de vista técnico, «el impacto sobre la seguridad y la fiabilidad ferroviaria de operar una infraestructura cuyos sistemas e instalaciones estaban al final de su vida útil”, y si, antes de concederse el préstamo del BEI, el Gobierno de España informó a la Comisión Europea de que la línea podía no cumplir plenamente los altos estándares de seguridad exigidos, precisamente por el envejecimiento de sus instalaciones.
“Cuando una infraestructura crítica es definida por las propias instituciones europeas como ‘obsoleta’ o ‘al final de su vida útil’, la prioridad absoluta debe ser garantizar que sigue operando en condiciones de máxima seguridad”, ha señalado el PP Europeo, insistiendo en la necesidad de transparencia y de responsabilidades claras.
