Si de algo se ha hablado en la última semana en Aragón (y también en España) ha sido del pasaporte covid que, con la séptima ola de coronavirus en ascenso en la comunidad, se ha convertido en la herramienta legal más buscada para frenar el coronavirus a un mes de la Navidad. La insistencia de la DGA, con reveses judiciales incluidos, ha terminado por tener premio y desde el pasado jueves el documento ya es obligatorio en el ocio nocturno, en las celebraciones en hostelería y en los grandes eventos. La Justicia todavía tiene una última palabra y los sectores implicados han criticado la medida, no por su posible efectividad, si no por las prisas y la obligatoriedad de la aplicación.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN reúne a una decena de representantes de diversos colectivos de la sociedad aragonesa para testar su opinión acerca de la obligatoriedad del certificado y, además, si consideran que debería exigirse a trabajadores de residencias u hospitales.
La mayoría de las opiniones van en la misma línea y ven con buenos ojos la decisión del Gobierno de Aragón porque consideran que la vacunación es el mejor muro frente al virus y si pedir el pasaporte covid incentiva la inmunización le dan el visto bueno, incluso algunos, como el promotor musical Chema Fernández, cree que ya debería haberse implementado «hace tiempo”.
En la segunda pregunta la visión cambia, y esa unanimidad ya no es tal. “Desde el Gobierno de España se apuesta por la vacunación como la mejor herramienta para la lucha contra la pandemia, es fundamental que la tercera dosis llegue a todos los ciudadanos, por eso se espera que las comunidades autónomas orienten sus estrategias hacia ese objetivo”, asegura la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, quien apunta: “La vacunación y el uso de la mascarilla, fundamentalmente, son las dos claves para afrontar la situación epidemiológica”. Noelia Carbó, gerente del IASS, apuesta por la “responsabilidad social”, ya que la vacuna es una de las fórmulas para luchar contra la pandemia.
El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, califica de “aspecto delicado” el obligar a la vacunación para según qué trabajos, porque si no se está, se está “negando un derecho esencial que es el derecho al trabajo”. Y explica que en países que lo han intentado implantar, también se ha permitido “opcionalmente” que el trabajador “no vacunado presente cada tres días una PCR”, pero también considera “triste” que trabajadores de la esfera sanitaria “mantengan actitudes de rechazo a la vacunación” a pesar de los resultados en salud acumulados a lo largo de todos estos meses de vacunaciones.
Para el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, considera que “no debe ser una obligación, pero sí una recomendación en la que hay que insistir e insistir”. Pero matiza que “el personal que trabaja en estos entornos debe ser el primer interesado en frenar una pandemia que ha vivido tan cerca.
Otros, sin embargo, creen que sí debería ser obligatoria la pauta completa para acceder a algún trabajo. Para Chema Fernández, es “una cuestión de empatía” y para Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, es un “derecho” sentirse protegido aquel que sí se ha vacunado. Lo mismo que Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio, ya que “sería una garantía más”. Para Manuel Arnal, presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza, está claro un “sí, porque la libertad personal no puede estar por encima de la salud del personal esencial”, señala, antes de apuntar que “no es mi opinión, sino la de la federación”. Más tajante se muestra Javier Hernández, puesto que esos trabajadores “están en contacto directo con personas de alta vulnerabilidad”.
