En el escenario del auditorio del World Trade Center de la capital aragonesa y en un acto liderador por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades donde no gobiernan han firmado este domingo, junto al presidentes Alberto Núñez Feijóo, la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación. En el escenario del auditorio del World Trade Center de Zaragoza.
«España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, que debe nacer de un principio fundamental e irrenunciable: los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles. Tal y como ya aseguramos en encuentros anteriores, y específicamente en la Declaración de Madrid en septiembre de 2024 cuya vigencia es total, cualquier otro camino amenaza la cohesión, debilita la solidaridad y rompe la igualdad que protege nuestra Constitución», dice la declaración, que se desglosa en 19 puntos:
Lealtad institucional y respeto a la Constitución
1. La propuesta planteada por el Gobierno el 9 de enero de 2026 reintroduce en el sistema la arbitrariedad, con un objetivo partidista evidente: sostener a un Ejecutivo que carece de una mayoría parlamentaria sólida. Es una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos, que no vamos a normalizar ni a blanquear aceptando sobrantes como contraprestación. El modelo debe proporcionar suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad, igualdad y seguridad jurídica.
2. Es inaudito que el Gobierno haya presentado una reforma de espaldas al conjunto de las comunidades, y aún más que se pretenda aprobar con el rechazo expreso de todas ellas, salvo una. España es algo más que la mera agregación de unidades territoriales. Es un proyecto común que defenderemos hasta las últimas consecuencias porque las Comunidades también somos Estado. La bilateralidad no es el camino.
3. Un Gobierno que verdaderamente se debe a todos los ciudadanos no puede preferir sentarse primero con un independentista condenado por malversación que en el lugar donde corresponde. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro donde, por lealtad institucional, debe abordarse cualquier modelo de financiación de forma multilateral entre todas las comunidades. Exigimos el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista. Quien ni siquiera cree en el proyecto común no tiene ningún derecho a repartir los recursos que todos los españoles han aportado con su sacrificio.
4. Se está alterando de manera sustantiva la práctica totalidad de los componentes del sistema: tributos cedidos, capacidad tributaria, cálculo de población ajustada, estructura de fondos y reglas de nivelación. Tanto en forma como en fondo, la propuesta es un sinsentido que debe ser revertido. Debe reiniciarse el proceso desde el principio, tal y como reiteradamente hemos trasladado al Gobierno desde septiembre de 2023, en múltiples intentos por nuestra parte que sistemáticamente han sido rechazados o ignorados. La actualización del sistema no es un debate técnico menor ni una moneda de cambio para los intereses particulares del presidente del Gobierno.
Igualdad
5. La propuesta conocida dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución. Los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios; y por ello son los ciudadanos quienes tienen derecho a acceder a servicios homogéneos. Estamos hablando de prestar en igualdad de condiciones la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales; y solo un modelo equitativo es garantía material de que pueda hacerse sin asimetrías. La igualdad entre españoles es el objetivo principal de cualquier sistema y no está en venta.
6. Compartimos que todas las Comunidades, sin excepción, requieren recursos suficientes para poder prestar con equidad los servicios públicos porque el modelo actual no ha sido capaz de adaptarse a los profundos cambios económicos, demográficos y sociales de los últimos años, ni de absorber el impacto de crisis sucesivas que han incrementado de forma estructural el coste de los servicios fundamentales. Pero no se puede resolver esta urgencia en función de lo que dicte el separatismo, sino tras una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real. Deben finalizar los trabajos de los grupos técnicos con la participación de todas las Comunidades porque el objetivo solo puede ser cubrir las necesidades de la gente en toda España.
7. Es sorprendente tener que recordar que la contribución al sistema la realizan los ciudadanos en función de sus capacidades, y que los recursos se distribuyen entre las administraciones para financiar los servicios públicos que prestan. Ignorar algo tan básico contradice los principios constitucionales de progresividad fiscal y de solidaridad. Cuando además se aplica solo a una parte, deja de ser un criterio técnico para convertirse en privilegio político, que divide a los ciudadanos y alienta la confrontación; y basta ya de enfrentar a los españoles. El objetivo último del sistema no es reproducir desequilibrios sino corregirlos.

Autonomía fiscal
8. Advertimos de que, al mismo tiempo que el Gobierno acepta avanzar hacia la independencia fiscal que reclama el separatismo, maniata a todos los demás. Empuja a las comunidades a una subida masiva de impuestos que asfixie a los ciudadanos. Nos oponemos tajantemente a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes, ni con menos servicios ni con mayor carga fiscal.
9. La autonomía fiscal de las Comunidades no se toca. Lo contrario supondría un ataque sin precedentes al Estado de las Autonomías. Si pretenden reponer el Impuesto de Sucesiones, subir el IRPF o incrementar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales nuestra respuesta es y será siempre no. Los españoles no somos el cajero del que Pedro Sánchez se puede servir para asegurar su permanencia en La Moncloa.
Suficiencia financiera
10. Como paso previo a un debate serio reiteramos tres cosas. En primer lugar, es necesario crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Adicionalmente a la financiación que actualmente se recibe, exigimos la creación de un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación, cuya necesidad calificamos de imperiosa. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, para lo que es preciso tener una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado, por supuesto sin computar como nuevas aportaciones lo que ya es de las Comunidades. Asimismo, es imprescindible reconocer una excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA. En tercer lugar, la reforma del modelo autonómico debe hacerse en paralelo a la revisión del sistema de financiación de las corporaciones locales.
11. Asegurado lo anterior, debe procederse a una fijación clara y transparente de las competencias asumidas por el Estado, las Comunidades y los ayuntamientos para que sobre la base a dicha determinación, establecer la financiación necesaria que permita la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en términos homogéneos en calidad y alcance, con independencia del lugar de prestación de los mismos, atendiendo a sus incrementos de coste, con datos objetivos y medibles, y procurando la eliminación de duplicidades y triplicidades existentes en estos momentos. Además, no podemos obviar que en los últimos años el coste de los servicios públicos ha crecido de forma exponencial, particularmente la sanidad pública a la que dedicamos más del 40 % del presupuesto, por lo que deberá contar con una atención especial en el futuro modelo.
12. No podemos confundir infrafinanciación con gasto superfluo. En el caso de alguna Comunidad aún más urgente que la falta de ingresos es el nivel de gasto impulsado por decisiones políticas y no por necesidades objetivas. Durante años, el separatismo ha promovido estructuras paralelas a las del Estado con un elevado coste. Lo inaceptable es que esa factura pretenda pagarse con el sacrificio del resto de ciudadanos. Muy al contrario, el modelo debe premiar la buena gestión y no a quien gasta mal. La responsabilidad fiscal y la gestión eficiente del gasto son pilares inseparables de un sistema justo y sostenible.

Solidaridad
13. Reconocemos la existencia de distintas variables a tener en cuenta para poder elaborar un sistema justo, como la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno. Estas variables, como por ejemplo una orografía complicada o niveles altos de despoblación o cualquiera de las enunciadas anteriormente, pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema. Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta porque no hacerlo, o hacerlo parcialmente, ahonda en un modelo de privilegios que no vamos a aceptar. Pero decimos no a los cambios a la carta y a las decisiones discrecionales que establecen españoles de primera y de segunda. Para nosotros, ningún ciudadano es más singular que otro.
14. Con el mismo objetivo de garantizar la suficiencia financiera, consideramos necesario reforzar y simplificar los fondos existentes, en particular el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, así como reactivar de manera complementaria el Fondo de Compensación Interterritorial, incrementando su dotación y asegurando que cumplen de forma efectiva su finalidad de corregir desequilibrios y reforzar la solidaridad sin que en ningún caso pueda ser considerado como un elemento de corrección de ineficacia del sistema. Así mismo, cabe avanzar hacia una verdadera cogobernanza de los fondos europeos para evitar el desastre propiciado por la gestión unilateral de los Fondos Next Generation. También debe realizarse un seguimiento de los compromisos en materia de inversiones en el marco del debate del sistema, para eliminar elementos distorsionadores de la financiación real recibida por cada comunidad.
Proyecto común
15. Queremos dejar claro que los pasos que se están dando forman parte de una hoja de ruta clara para romper la caja común, impulsada por el separatismo para acercarse a la independencia por la vía de los hechos y aceptada por Pedro Sánchez para seguir el poder. Por su potencial irreversible y por el impacto directo en la unidad de mercado, la lucha contra el fraude, la calidad del dato y la seguridad jurídica, esta cuestión no debe abordarse de forma ambigua, ni al margen de garantías comunes de coordinación, información y control. Defendemos sin matices la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. No aceptamos atajos ni excepciones que rompan un sistema que garantiza la cohesión de España. Al revés, hay que incrementar el trabajo conjunto con las administraciones autonómicas y locales, fijando como gran objetivo la lucha contra la economía sumergida y respetando el sistema de unidad de caja.
16. Subrayamos que no estamos ante un choque entre partidos políticos. Sabemos que hay territorios con necesidades parecidas gobernadas por formaciones distintas, y autonomías con demandas diferentes gobernadas bajo las mismas siglas. Nuestra voluntad es debatir serenamente lo que nos distingue para alcanzar el propósito que nos une: un acuerdo justo y duradero.

17. Rechazamos con toda contundencia que se use a los catalanes. Los mismos partidos independentistas que hoy critican el actual sistema de financiación de las Comunidades ya lo pactaron en 2009 con un acuerdo bilateral que fracasó. Cataluña es parte de España y, como tal, debe tomar las decisiones comunes desde el lugar que le corresponde: en la mesa con todos. No ama Cataluña quien quiere enfrentarla al resto de España, ni ama España quien la necesita dividida porque es incapaz de ilusionarla con un proyecto común. Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán.
18. El verdadero problema nace de una lamentable realidad. España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo. Está dispuesto a vender la solidaridad entre españoles, a asfixiarles fiscalmente, a descapitalizar el Estado, a entregar a su propio partido, y todo por retener el poder. Seguiremos haciendo lo que esté en nuestra mano para impedir que fructifique una España de dos velocidades.
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19. Por último, queremos invitar a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de unidad, que persigue algo tan sencillo como evitar que, una vez más, se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles. Cuando algo tan elemental se ve amenazado, las medias tintas no son una opción. Nosotros estamos decididos a no ceder al chantaje porque, por encima de todo, siempre trabajaremos por lo importante. Y sin duda lo es un sistema de financiación decidido entre todos y pensado para todos.



















