El Gobierno pedirá este martes la bilateral a Aragón, que tendrá una semana para responder

Si el Gobierno de Aragón rechaza reunirse, el 27 de mayo se elevará al Tribunal Constitucional

El Gobierno de España pedirá oficialmente este martes la bilateral con el Gobierno de Aragón, tal y como ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa que se ha celebrado tras el Consejo de Ministros. Torres ha señalado que esta demanda corresponde a la necesidad de “aclarar la situación” tras el informe de la ONU sobre la derogación de la Ley de la Memoria Democrática y la propuesta de un Plan de Concordia, con el objetivo de “volver al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las víctimas de la dictadura”.

En cuanto a los plazos, Torres ha detallado que darán al Gobierno de Aragón siete días para responder. De no querer reunirse, ya que el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, ha descartado su asistencia mientras el presidente Jorge Azcón no ha dado una respuesta clara, el 27 de mayo elevarán la aprobación de la derogación de la Ley al Tribunal Constitucional. “Apelo a que el Partido Popular, por mucho que Vox se lo exija, haga lo lógico, que es sentarse en una mesa para responder», ha señalado.

Además, ha cargado contra los gobiernos de coalición PP-Vox de Aragón, Castilla y León y Valencia, las tres comunidades que menciona el informe. “Es un tremendo varapalo a los Gobiernos del PP que gobiernan con Vox y un tremendo desprestigio internacional y de la defensa de los derechos humanos. No pueden desacreditar a los relatores de la ONU y hacer afirmaciones de que son bulos, es inaceptable”, ha indicado. En esta línea, ha señalado que “hay una ultraderecha que cogobierna con el PP y que impone sus tesis que sumisamente aceptan, como son este tipo de propuestas relacionadas con la memoria histórica”.

A su vez, se ha mostrado perplejo sobre la carta que Azcón ha remitido a la ONU y lo ha tachado de “excéntrico”, ya que “esa tarea le corresponde al Gobierno de España”. “Es contrario que se critique a los relatores del informe y que luego se envíe una carta al máximo responsable del organismo”, ha recalcado.