La presidenta de la Comunidad de Madrid resucitó el debate de la ilegalización de los abertzales en la recta final de la campaña vasca. La dirección del PP apunta que es «inviable»
Es un debate que viene de lejos y que Génova ya había dado por zanjado. Pero a solo tres días de las elecciones en País Vasco, Isabel Díaz Ayuso volvió a azuzar su ya antigua reivindicación de llevar a EH Bildu al Supremo para que sea el Alto Tribunal el que decida sobre su legalidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid se subió al carro de las polémicas que agitaron la campaña de la formación abertzale en la recta final para recordar su posición política al respecto. Más allá de la negativa de Pello Otxandiano a condenar el terrorismo de ETA, el pasado jueves trascendió que la Audiencia Nacional abriría diligencias previas en la causa contra Arnaldo Otegi por el asesinato de Luis María Hergueta en 1980.
«El hombre de paz, que decía el PSOE», avivó la madrileña en redes sociales. «Hay que llevarlos al Supremo para que rindan cuentas de sus conexiones con la banda», incidió. No era, ni mucho menos, la primera vez. La dirigente ya había resucitado la polémica sobre Bildu al inicio de la precampaña vasca. Usó entonces como argumento el controvertido cartel electoral del candidato de EH Bildu, en el que supuestamente se utilizaba una grafía que simulaba la serpiente del anagrama de ETA. «Bildu lleva a terroristas en cada una de sus listas electorales. Y ahora se ríen de todos. Este cartel es una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo«, defendía.
Isabel Díaz Ayuso es la única dirigente del PP que ha entrado públicamente en el debate sobre la ilegalización de Bildu, un argumentario que Vox lleva impreso en su ADN desde su origen. La madrileña ha repetido esta idea en distintos foros desde hace casi un año. Abrió por primera vez el melón cuando trascendió que los abertzales habían nutrido sus listas electorales para las municipales de mayo de 2023 con condenados por terrorismo, y recordó que el artículo 9 de la ley de partidos avala que una formación puede ser declarada ilegal si incluye «regularmente» a personas «condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas» en órganos directivos o listas electorales.
La madrileña siempre ha negado que exista un choque con la línea marcada por Alberto Núñez Feijóo, pero sí ha pedido públicamente al líder nacional del PP que aplique el artículo 11 de la ley de partidos e inicie los trámites en Congreso o Senado para «instar al Gobierno a que solicite la ilegalización» de los abertzales, lo que pondría el peso del proceso en el tejado del Ejecutivo. Pero es un paso que la dirección nacional del PP nunca se ha planteado, y menos en plena ebullición de las elecciones vascas.
«Es inviable política y jurídicamente», reiteran fuentes bien posicionadas de Génova, donde creen que el debate sobre la ilegalización de los abertzales está «caducado». La dirección ya hizo consultas a sus servicios jurídicos, que concluyeron que con la ley actual es inviable plantear siquiera la ilegalización de Bildu. Si llegasen a presentar batalla, añaden, la perderían y «sería una nueva victoria para Sánchez y para Bildu«.
En la cúpula de los azules recuerdan en este punto que la Fiscalía General del Estado emitió un informe en mayo del año pasado en el que cerraba la puerta a esa posibilidad. «No concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas» en la ley, zanjó. El escrito fue elaborado por la fiscal de Sala, Ana García León, y por el fiscal de Sala de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez.
Si había alguna duda sobre el proceso, concluyen en Génova, ya quedaron todas despejadas. Pero en la Puerta del Sol reiteran que, como mínimo, merecería la pena intentarlo, aunque abren la puerta a esperar a una mayoría más favorable para el PP en el Congreso que permita reformar la ley de partidos.
Hay que recordar que a principios de este año, la dirección del PP planteó vía enmienda a la ley de amnistía un delito de deslealtad constitucional en el que abría la puerta a la «disolución» de fuerzas políticas que atentasen contra la unidad y la integridad del Estado. La iniciativa generó un enorme revuelo interno, ya que implicaba asumir la histórica reivindicación de Vox para ilegalizar formaciones independentistas. Feijóo matizó poco después la propuesta y, finalmente, le dio carpetazo. «Fue un error», sostenían entonces importantes dirigentes de la cúpula.
Génova ya ha aprendido a lidiar con el verso suelto de Ayuso y su marcado perfil nacional, y no pondrán objeciones a que siga defendiendo esa propuesta. «Ella tiene una parroquia a la que tiene que alimentar», analiza un dirigente popular. Que den por imposible la petición no significa que Feijóo haya abandonado el discurso duro contra EH Bildu, y menos en plena campaña electoral. Exige, de hecho, levantar un cordón sanitario para aislarles políticamente hasta que «sepan diferenciar entre los que matan y los que mueren«.
«No es una cuestión de venganza, sino de justicia. Tienen que aceptar que ETA es lo peor que hemos vivido en democracia, tienen que colaborar con el esclarecimiento de los asesinatos, y tienen que pedir perdón a las víctimas. Solo si hacen todo esto, podríamos intentar hablar de normalidad política», lanzó en Bilbao el pasado viernes. Feijóo pisó el acelerador para exprimir la polémica de Otxandiano y la ‘no condena’ del terrorismo de ETA en la recta final de la campaña, aunque dirige el foco de sus críticas al PNV y el PSOE, a los que acusa de ser los responsables de haber creado una «fábrica de votantes de Bildu» por sus pactos en torno a Sánchez.
