El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigará al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera sobre un presunto fraude en la concesión de subvenciones de la Unión Europea. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora ha aceptado la petición realizada por un grupo de empresarios que ha denunciado una posible «trama corrupta» y que reclamó una investigación, como ya publicó THE OBJECTIVE.
En una providencia de fecha 21 de marzo, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza que instruye la causa señala que, «respecto de las pruebas interesadas, se accede a la práctica de lo interesando en el punto 2 (UCO); sobre el resto de diligencias solicitadas por él se acordará conforme al resultado de dicha investigación por la UCO».
Este grupo de empresarios, en una nueva ampliación de la querella que interpusieron el 21 de abril de 2023, y que se presentó el pasado 29 de febrero, reclaman que que «sea requerida una investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas desde los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda en favor de empresas del grupo Acciona (Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona Concesiones S.L., Acciona Concesiones de Infraestructuras S.L) y también Incus Capital Advisors S.A. (Incus Capital, empresa que ha publicitado ser la financiadora del proyecto La Robla Green), así como terceros, durante los años 2021, 2022 y 2023, a los efectos de poder localizar la materialización o transferencia de las subvenciones desde dichos órganos nacionales y que pudieran corresponder al proyecto propiedad de mi cliente. Se solicita en base a los múltiples indicios y la solidez de los mismos, y dado que es perfectamente presumible que se hayan ejecutado presuntas adjudicaciones en fraude, de forma ilícita y mediante técnicas de ingeniería financiera de difícil seguimiento».
Igualmente, reclamaron, «que se acuerde intervenir en el Ministerio de Hacienda (Subdirección del Plan de Recuperación en España, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude), el de Transición Ecológica y la OLAF (por las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes), con el fín de obtener la documentación que se está negando a este órgano judicial».
Finalmente, solicitaron «que se libre oficio al Ministerio de Transición Ecológica al objeto de que se informe sobre si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Acciona u otros terceros relativas a las anterioresmanifestaciones de interés o proyectos vinculados (biorrefinería-bioetanolsostenible) …», en todos sus términos, todo ello con los apercibimientos oportunos».
La única petición que ha sido admitida por el juez es la relativa a la investigación de la UCO, que en función de lo que encuentre se hará extensiva al resto, como así señala el juez en la providencia que obra en poder de este periódico.
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
