Fuentes del órgano fiscalizador no aclaran si se dictará sentencia antes o después de que se apruebe la ley de amnistía
La Fiscalía se niega a suspender el juicio del Tribunal de Cuentas por la amnistía: «Conocemos la proposición pero no sus efectos»
La consejera del Tribunal de Cuentas encargada de la causa de los gastos del procés en el exterior ha dictado una resolución en la que da diez días a los demandantes contra los políticos independentistas que deberían responder por el alcance contable de los gastos de la ruta independentista de 2017, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, para que presenten sus conclusiones.
La instructora del procedimiento, Elena Hernáez, da paso así a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC) para que envíen sus escritos. Posteriormente, los demandados también tendrán diez días para presentar sus conclusiones, tras lo que se dictará el visto para sentencia de la causa, informan fuentes del Tribunal de Cuentas.
El juicio por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del procés se celebró en noviembre de 2023, tres días después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.
El Tribunal de Cuentas rechaza suspender la causa por los gastos del 1-O porque aún «se desconocen los términos» de la ley de amnistía
La consejera deniega la solicitud del presidente de ERC, Oriol Junqueras, del exconsejero Raül Romeva y otros siete codemandados
El texto también contempla el perdón de la responsabilidad contable del proceso independentista. Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por ABC descartaron avanzar si la sentencia se dictará antes de que la norma esté aprobada o después.
En enero, la consejera instructora rechazó suspender el procedimiento por la tramitación de la ley, según solicitó el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el ex consejero Raül Romeva y otros siete codemandados. Hernáez continuó atendiendo el posicionamiento del fiscal.
En la vista de noviembre de 2023, a la que no acudió el expresidente Puigdemont y se rechazó que la presenciara por videoconferencia, el fiscal se opuso a la suspensión por la tramitación de la ley de amistía: «La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro. Sabemos que a día de hoy hay una proposición de ley. El previsible futuro es que recorra la tramitación parlamentaria y termine convirtiéndose en ley con entrada en vigor con su aplicación. Entonces será cuando sus efectos se apliquen», argumentó Manuel Martín-Granizo.
En el procedimiento por alcance del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’, mientras Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra 11 personas, entre ellas los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, la eleva a 5,1 millones de euros.
