El Gobierno culmina los trámites para que el recargo que pagarán los sueldos de más de 54.000 euros se aplique en 2025

La ‘cuota de solidaridad’ gravará por primera vez el tramo de salario que se sitúa por encima de la base máxima de cotización, que hoy está en 54.000 euros

 

El Gobierno ha dado esta semana el paso definitivo para que el próximo 1 de enero de 2025 entre en vigor la llamada ‘cuota de solidaridad‘, un recargo que asumirán los trabajadores con salarios superiores a la base máxima de cotización (que hoy está en 54.000 euros anuales) y cuya recaudación se destinará al pago de las pensiones públicas.

Aunque la aplicación a partir de esa fecha ya estaba prevista -forma parte de la reforma de las pensiones que aprobó el exministro José Luis Escrivá en 2021-, el Gobierno tenía pendiente aprobar su desarrollo reglamentario, algo que hizo este martes en el Consejo de Ministros vía modificación del Reglamento sobre Cotización y Liquidación.

Esta cuota implica que el importe del salario que supere la base máxima de cotización y que hasta ahora estaba exento de cotizar a la Seguridad Social porque la base estaba topada, será gravada con un nuevo tipo del 5,5% que se aplicará desde la base máxima y hasta el valor de esa base incrementada en un 10% (lo que hoy serían de los 54.000 a los 59.400 euros). El tipo ascenderá al 6% para la parte de retribución comprendida entre ese nivel y la base incrementada en un 50% (la horquilla equivalente desde los 59.400 hasta los 81.000 euros de hoy); y será del 7% para la parte de retribución que supere el anterior porcentaje (por encima de los 81.000).

Esas cuantías se actualizarán en 2025 con la subida que apruebe el Gobierno para la base máxima. La distribución de la cuota de solidaridad entre empresa y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo de cotización para contingencias comunes.

A modo de ejemplo, los trabajadores que ingresen entre 70.000 y 100.000 euros brutos, tendrán que pagar cada año 7.500 euros brutos más a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones -a repartir entre ellos y la empresa-, mientras que si el salario alcanza los 100.000 euros el aumento de ‘impuestos’ será de 9.700 euros, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Distintos abogados consultados por EL MUNDO ya han advertido en varias ocasiones de que este nuevo castigo a los sueldos podría provocar la fuga de trabajadores con rentas altas.

EL MEI TAMBIÉN SUBIRÁ

El recargo se sumará al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que está en vigor desde el 1 de enero de 2023 y que supone que todos los trabajadores, independientemente de su salario, asumen una cotización extra. En 2023, cuando se aprobó, el MEI era del 0,6% aplicable sobre la base de cotización por contingencias, del que el 0,5 por ciento corre a cargo del empleador (la empresa) y el 0,1 por ciento va por cuenta del empleado. En 2024, ha subido al 0,70% (0,58% para la empresa y 0,12%, para el trabajador), y en 2025 se incrementará hasta el 0,80% (0,67% para la empresa y 0,13% para el trabajador).

El objetivo de todas estas medidas es reforzar los ingresos de la Seguridad Social, especialmente de cara a los gastos crecientes que tendrá que acometer en los próximos años y, en especial, al tensionamiento que sufrirá en torno a 2030, cuando se jubile la generación del babyboom(que ya está empezando a retirarse).

En su reforma, Escrivá decidió blindar el incremento de todas las pensiones conforme al IPC, lo que unido al aumento de jubilados y el incremento de las altas (por los mayores salarios de los últimos años), provocará un alza de gasto sin precedentes en el sistema. Ya hoy la nómina mensual de pensiones de la Seguridad Social roza los 12.700 millones de euros, lo que al término de un año suponen más de 150.000 millones de euros.

La AIReF calcula que la tasa de solidaridad aumentará los ingresos de la Seguridad Social en tan sólo una décima adicional de PIB (unos 1.400 millones de euros de hoy), pero para el Ministerio que hoy dirige Elma Saiz todo suma para cuadrar las cuentas.

En cualquier caso, pese a que esta administración presume de tener el déficit controlado en torno al 0,5% del PIB, no sería así de no ser por las transferencias milmillonarias que recibe anualmente del Estado y que este año volverá a tener que ingresar pese a la ausencia de Presupuestos.