«Queremos seguir siendo los más solidarios», subraya Madrid. «No estamos de acuerdo con pactos bilaterales», destaca Baleares, cuando el Gobierno desliza que les puede interesar
«Que no nos metan, no en nuestro nombre». Así lo advierten la Comunidad de Madrid y Baleares, las comunidades aportadoras netas, junto con Cataluña, al sistema de financiación autonómica. Y lo hacen cuando el Gobierno de Pedro Sánchez viene deslizando que seguramente estén interesadas en un planteamiento de financiación singular como el que pide la Generalitat. Que en suma, exige un cupo similar al vasco: gestionar e ingresar sus impuestos y aportar una especie de compensación al régimen común (que Pere Aragonès ha dicho que acabaría desapareciendo). El propio Govern plantea que otras comunidades les sigan.
La estrategia del Ejecutivo, que no ha descartado la petición de la Generalitat, es difuminar lo excepcional de la situación y así darle legitimidad, como ha denunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) este lunes. «No se oponen frontalmente, dicen medias verdades, nadie dice que es una barbaridad en el Gobierno», han lamentado.
El Ejecutivo alude a la propuesta de Pere Aragonès como una más sobre el régimen de financiación. Admite el término «singularidad» que plantea en lugar de bilateralidad, que desactiva asegurando que todas las comunidades son singulares, para lo que se recurre al ejemplo de Canarias.
Así lo plantearon la semana pasada María Jesús Montero y Carlos Cuerpo. Y sobre la afectación de otras comunidades, fuentes de Hacienda apuntaron el pasado jueves que el plan de la Generalitat «seguramente le interese a Madrid», en alusión a que es una comunidad aportadora neta, como Cataluña y podría seguir el modelo.
También lo es Baleares, son tres, con Cataluña, las que comparten esta situación. Pues bien, Madrid y Baleares dejan claro que no están interesadas en emular a Cataluña, nada más lejos de su intención.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, subraya: «La Comunidad de Madrid es la región más solidaria con la denominada caja “común” ya que aporta más del 70% al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales con el que se financia los servicios públicos del resto de regiones. Somos los más solidarios porque Madrid es España y queremos seguir siéndolo».
En declaraciones a Vozpópuli, advierte de que «todo cambio que afecte a la financiación de las CCAA debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera totalmente transparente y el consenso de todas las regiones».
Fuentes de la Conselleria de Hacienda de Baleares destacan: «No estamos de acuerdo con cualquier negociación bilateral ni para pactos fiscales ni para la negociación del sistema de financiación ni para el reparto de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Hay un órgano multilateral, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se deben negociar las relaciones financieras del Estado con todas las comunidades autónomas».
Desde Baleares avisan de que el actual «no es un sistema de financiación de carácter federal, aunque lo tengan dos comunidades porque así lo ampara la Constitución. Un sistema de cupo implica que el Estado se queda sin bases tributarias y eso no lo tiene ni Estados Unidos ni Alemania ni Australia ni ningún otro país de corte federal».
La solidaridad vigente
En la Constitución sólo se reconoce el modelo propio de País Vasco y Navarra y el sistema de financiación se construye sin ellas. Su objetivo, la igualdad del resto de territorios, que todas las comunidades garanticen a sus ciudadanos los servicios públicos en las mismas condiciones. Para lograrlo, contempla una serie de trasferencias tanto verticales, desde el Estado a las regiones, como entre los mismos territorios, donde los más ricos aportan más de lo que reciben y viceversa.
El modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 incluye dos fondos de nivelación vertical, el Fondo de Suficiencia Global y los llamados Fondos de Convergencia Autonómica, y un fondo de nivelación horizontal, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que redistribuye recursos entre las Comunidades de régimen común.
Las tres Comunidades con mayor capacidad fiscal, Madrid, Cataluña e Islas Baleares, son aportantes netas de recursos a este mecanismo, mientas las otras 12 Comunidades de régimen común son beneficiarias netas del mismo, ya que sus necesidades de gasto exceden de su capacidad fiscal.
El relato victimista de Cataluña sobre su lugar en el sistema de financiación no se cumple desde ningún ángulo. Ni está entre las más perjudicadas ni es la que más aporta. Según el informe de Fedea La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que registraron en 2021 un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media.
Si la financiación media relativa por habitante ajustado es 100, los índices de estas autonomías son 90,8, 92,1, 94,3 y 95, respectivamente. Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura y Canarias están en el otro extremo de la lista, con un índice respectivo del 115,3, 114,6, 112,7, 110,9 y 107,1. Madrid (102,1) y Cataluña (101,7) están en la media.
En este mismo trabajo de Fedea, se constata que, entre las tres únicas aportadoras netas, las comunidades con mayor renta per cápita, Madrid puso 6.313 millones de euros al sistema, por 2.168 millones de Cataluña y 334 de Baleares, a pesar de que Cataluña tiene un millón más de habitantes que Madrid.
Las comunidades receptoras recibieron recursos por encima de sus ingresos tributarios por un importe 20.000 millones de euros. Unos 11.000 millones proceden del Estado y 9.000 de Madrid, Cataluña y Baleares. Estas aportaciones suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid.
Dinamitar el sistema
Las cantidades que reciben las comunidades beneficiarias suponen más del 20% de los ingresos tributarios en diez de ellas. En Extremadura son más del 40% y en Canarias, del 50%.
Dar a Cataluña lo que pide supondría, como ha informado Vozpópuli, dinamitar el sistema y obligar a Madrid a sostener a las demás. Sumar a Madrid, crear un efecto dominó, acabaría destruyendo a la Administración General del Estado, según han alertado los inspectores este lunes.
Los pasados martes y miércoles la Generalitat (ERC) presentó en Barcelona y Madrid un modelo por el que que Cataluña se quede con el 100% de impuestos que se recaudan en la comunidad y aporte una cantidad que con el tiempo desaparecería, lo que se pretenden realizar sólo con una pequeña reforma de la Lofca.
El pacto de investidura que firmaron el PSOE y Junts en noviembre contiene la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un Cupo, que el PSOE se compromete a negociar. La primera supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, lo que ya apunta a un Cupo como el vasco. Este Cupo se desarrollará además mediante «una modificación de la Lofca que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad».
El PSOE sí se compromete ya a «apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya».
Pedro Sánchez y Salvador Illa se han abierto a caminar hacia una Agencia Tributaria independiente asegurando que ya el Estatut prevé un modelo mixto, un consorcio. Como han explicado los inspectores, el Estatut no permite que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos.
El pacto de investidura entre el PSOE y ERC ya contiene la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña.
