La confirmación de que no habrá Presupuestos constata que el país vive sometido a un compás de espera interminable; en barbecho político desde marzo de 2023 y hasta, al menos, septiembre de 2024
A este Gobierno le pasa como a Bejamin Button en el inicio de la película protagonizada por Brad Pitt. Acaba de nacer, pero aparenta 80 años. Tiene cuatro meses de vida, pero padece achaques de anciano. Al Ejecutivo le cuesta caminar, sufre lo indecible con cualquier obstáculo y vive enchufado al respirador de sus socios parlamentarios. En especial, de Carles Puigdemont.
Renunciar a presentar los Presupuestos Generales de 2024, como han hecho Pedro Sánchez y María Jesús Montero, es propio de gobiernos que arrastran el desgaste de años de gestión y ya no encuentran quien les preste su cachava. No de un Consejo de Ministros que celebró su primera reunión el 22 de noviembre y que debería estar en posesión del elixir de la juventud.
Pedro Sánchez y María Jesús Montero en sus escaños EFE
Artículo 134.3 de la Constitución: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Primera acepción del verbo deber según el diccionario de la RAE: «Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva».
Presentar los Presupuestos no era una opción, es una obligación recogida en la Constitución
El último embuste del presidente resiliente es hacer creer a la opinión pública que aprobar unas cuentas públicas y enviarlas a las Cortes era una opción. Cuando, en realidad, es una obligación recogida en la Carta Magna. Él, que tanto recrimina a los populares su incumplimiento del deber constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La segunda vez
En 2020, el Gobierno no presentó Presupuestos con el argumento de que la pandemia había dinamitado todas sus previsiones macroeconómicas. Siguió todo el año con las cuentas púbicas prorrogadas de 2018, las de Cristóbal Montoro, parcheadas a través de 39 reales decretos ley, invocando la «extraordinaria y urgente necesidad» provocada por la crisis sanitaria. En este 2024 el pretexto han sido las elecciones catalanas y la pugna electoral entre Junts y ERC.
Lo que no quería el presidente era llevar sus Presupuestos a una muerte segura en el Congreso. Ni tampoco dar bazas a Junts y ERC frente a Salvador Illa y el PSC. En el fondo, Sánchez ha ahorrado dinero a las arcas públicas: satisfacer la voracidad presupuestaria del independentismo catalán de izquierdas y de derechas en plena precampaña habría salido a la hucha común por una millonada. Aunque ya se encargarán ellos de cobrársela por otro lado. De momento, estos días le han recordado que la condonación de los 15.000 millones de euros a Cataluña forma parte del pacto de investidura. Y como le gusta decir a Yolanda Díaz: «Pacta sunt servanda».
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo David Borrat
En compás de espera
La confirmación de que España no tendrá Presupuestos este año constata que el país vive sometido a un compás de espera interminable; en estado de barbecho político desde marzo de 2023 y hasta, al menos, septiembre de 2024. Año y medio en el mejor de los casos, 18 meses: desde que comenzó la precampaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y hasta que Cataluña tenga un nuevo Govern en verano, tras su cita con las urnas del próximo 12 de mayo. Pasando por las elecciones generales, gallegas, vascas y europeas, las últimas del calendario.
En su discurso de investidura, Sánchez habló de los retos y transformaciones que tenía España por delante. También habló de avanzar «por la senda de la convivencia y del progreso». Pero la realidad es que lo único avanzado es una ley de amnistía que el jueves salió del Congreso en dirección al Senado. La Cámara Alta nada podrá hacer por evitar su aprobación definitiva allá por finales de mayo o junio.
Los proyectos de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros en esta legislatura son, en realidad, proyectos de la pasada que quedaron en el aire con el adelanto electoral (ley contra la trata, ley de familias, ley de servicios de atención al cliente, ley de paridad en los consejos de administración…). Los Presupuestos también son de la legislatura pasada. La idea de legislar a golpe de decretos ley ya se quitó a Sánchez de la cabeza viendo lo que sudaron los socialistas en enero, con la convalidación de los tres primeros (de hecho, el de la reforma del subsidio de desempleo fue derogado por venganza de Podemos contra Yolanda Díaz).
El Ejecutivo celebró como un gran triunfo que el Congreso aprobara el pasado jueves el primer proyecto ley de la legislatura, el de las enseñanzas artísticas, que también quedó pendiente el mandato anterior. «Ellos, ruido. Nosotros, leyes para mejorar la vida de la gente», se felicitó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. La realidad es que el PSOE tuvo que transigir y aceptar más de la mitad de las 350 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios para que sus socios tuvieran a bien aprobársela.
Cuatro de esos socios están en guerra electoral, de manera que poco podrá contar con ellos estos meses: el PNV y Bildu por un lado; ERC y Junts por el otro. Y todavía el Gobierno sostiene que va a poder legislar con una tesis discutible: los Presupuestos se prestan a que los partidos hagan electoralismo, pero el resto de los proyectos y proposiciones de ley y de los decretos ley, no.
A todo esto, el PSOE no es capaz de escapar de la trama corrupta en torno a Koldo García, que avanza sin control y tiene todo el aspecto de que acabará en el Tribunal Supremo. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidió el jueves a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes ante una legislatura que «se desmorona» (aunque las Cortes no pueden disolverse antes del 29 de mayo). En esa línea van a insistir los populares, porque el Gobierno existe, pero no es.
