El Gobierno puede seguir sacando adelante cambios a través de modificaciones presupuestarias, pero será más complicado que se cumpla lo acordado con las formaciones políticas | Los empresarios alertan de que empeorará la incertidumbre, clave para la inversión
El Gobierno ha asumido ya que no podrá sacar adelante los Presupuestos de 2024. El adelanto electoral en Cataluña ha llevado a que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ordene a su equipo a trabajar ya en los de 2025, hasta que la situación de la política catalana se encauce. Por tanto, el equipo de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, tendrá ahora el tiempo necesario para desarrollar unas cuentas que deberán aprobarse a finales de año. De este modo, los presupuestos de 2023 seguirán prorrogados durante todo este ejercicio.
La complicación que llevaba aparejado el negociar unas cuentas con partidos políticos que están pendientes de las elecciones catalanas supondría, a los ojos de Sánchez, un importante desgaste de tiempo y esfuerzo que muy probablemente no daría frutos. Y por tanto el volantazo es total, puesto que el Gobierno pasa de afirmar que era cuestión de semanas sacar los Presupuestos de este año a tener que prescindir de ellos. Pero, ¿qué implicaciones tiene no sacar adelante las cuentas públicas?
Lo cierto es que la prórroga no supone en sí un problema importante para la economía española, aunque sí puede tener un impacto desde el punto de vista del parón político y la incertidumbre, que repercute en la inversión. Pero lo cierto es que ya ha pasado en numerosas ocasiones, y que se gobernará en base a unas cuentas, aunque sean las del año anterior, que deberían ser lo suficientemente útiles. Los Presupuestos Generales del Estado es la norma en la que se recogen las inversiones comprometidas, los impuestos que estarán vigentes, el coste de las pensiones, de la sanidad, la educación y las prestaciones de desempleo, y el marco general del año pasado también servirá para este.
Aún se pueden modificar las leyes
Sí supondrá que habrá revalorizaciones que queden pendientes, como la del IPREM, al igual que, previsiblemente, otro tipo de mejoras económicas que los grupos tuviesen previstas negociar de cara a los presupuestos. Es lo que han venido reivindicando los socios habituales del Gobierno este jueves, que por lo general eran partidarios de tratar de conseguir un acuerdo. Los presupuestos aún pueden modificarse a través de reales decretos, pero es evidente que la situación es más complicada que con unos presupuestos aprobados con esos acuerdos incluidos.
De su lado, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que asuntos como la dependencia, la vivienda, los cuidados y los servicios públicos «no pueden esperar». «¿Que el camino para que haya presupuestos puede estar difícil? Bueno, pues puede estar difícil, pero la obligación de un gobierno es intentarlo y dialogar hasta el final», ha zanjado.
Por su parte, el BNG ha pedido este jueves al Gobierno que busque cómo sacar adelante las medidas que pactaron en el acuerdo de investidura, aunque no presenten el proyecto de cuentas públicas. En ese sentido, han pedido que lleve a cabo modificaciones presupuestarias u otro tipo de fórmulas con las que impulsar las cercanías ferroviarias, bonificaciones en la AP-9 y la AP-53, estudios para modernizar la línea ferroviaria y la creación de tres juzgados de violencia machista en Galicia, entre otros acuerdos.
En el mismo sentido se han manifestado desde Coalición Canaria, quienes demandan recursos para el desarrollo de las islas; y Bildu. Desde ambas formaciones han recalcado que el Gobierno puede sacar adelante los acuerdos alcanzados por otras vías y sin tener que llegar a 2025.
Por otro lado, los funcionarios y empleados públicos han alertado de que podrán verse afectados los incrementos retributivos tenían pendientes, así como otros cambios que tengan que ver con un aumento del gasto. En este sentido, CCOO y UGT han pedido al Gobierno que se asegure de cumplir el acuerdo marco firmado, que habla de salarios pero también de permisos y vacaciones o calificaciones profesionales.
No va a frenar la ejecución de fondos europeos
Del lado de los fondos europeos, el Gobierno se ha apresurado a aclarar hoy que la prórroga presupuestaria «no va a suponer ningún frenazo ni va a tener ningún impacto» en su ejecución. El secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, ha asegurado en un evento que ya se había analizado la posibilidad de la prórroga y que «los presupuestos prorrogados contienen el suficiente espacio para llevar a cabo los desembolsos previstos y, por supuesto, para la ejecución de la adenda». «No hay ningún aspecto que vaya a poner en riesgo» el Plan, ha insistido.
Pero lo que sí deberá aclarar el Gobierno es cómo se asegurará de reducir el déficit al 3%, tal y como ha prometido, si las partidas de gasto continúan iguales que las del ejercicio anterior. Hay que recordar que el próximo año volverán a entrar en vigor las reglas fiscales europeas, que imponen límites de deuda y déficit y exigen tomas medidas a los países que los superen, como previsiblemente será el caso de España.
La incertidumbre repercute en el tejido empresarial
Pero donde peor ha sentado la noticia de la renuncia al presupuesto es entre los empresarios, que han recalcado que «no es bueno para el tejido empresarial» este «escenario endiablado» de la política nacional. Aunque la Administración siga funcionando, las empresas previsiblemente se verán afectadas por la incertidumbre regulatoria, que ya venía siendo su principal fuente de preocupación a lo largo de los últimos meses.
“Las empresas ven limitada su actividad por la incertidumbre, esto lo contestan el 60% de las empresas españolas: si ves limitada tu actividad, tampoco querrás iniciar nuevos proyectos inversión”, explicó el martes el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, sobre los resultados de su última encuesta al sector empresarial. Según el supervisor a finales del año pasado ya constataba que este se había convertido en «el principal factor condicionante de la actividad». Se trataba de un inconveniente que citan de forma generalizada todo tipo de empresas, pero que sobre todo afecta a la actividad de las que pertenecen al comercio, la agricultura y el transporte.
