La Fiscalía alertó al Gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga de Cádiz

El Ministerio Público advirtió en septiembre de un descenso del 12,4% en los procedimientos judiciales en la zona

La incautación de drogas en el Estrecho de Gibraltar registró un frenazo en 2022, el año que desapareció el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur). Así consta en la Memoria anual que presentó la Fiscalía General del Estado en septiembre. El Ministerio Público recibió con sorpresa la decisión del Gobierno y advirtió de un descenso en los procedimientos en la provincia de Cádiz, que ese año disminuyó un 12,4%. La institución que lidera Álvaro García Ortiz alertó de que desmantelar el operativo antidroga disminuía «la presión policial» y reducía los éxitos cosechados en la zona.

La declaración de la fiscal delegada para Andalucía, Ana Villagómez, supuso un tirón de orejas para el Gobierno, especialmente para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La representante del Ministerio Público indicó que Cádiz continuaba siendo en 2022 la provincia en la que más droga se incauta, concretamente el 50% del hachís y un 78% de cocaína del total intervenido en la región. Y eso, pese a la notable reducción de las cantidades de hachís intervenidas, casi la mitad que un año antes.

Justo lo contrario que ocurría con la cocaína, cuya incautación subió un 78,4%. Esta disminución de droga incautada supuso también una reducción de procedimientos penales. La delegada para Andalucía lo atribuyó a «una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur».

Reajuste del Gobierno

Villagómez reconoció que el desmantelamiento de este grupo especial creado en noviembre de 2018 para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil se produjo «sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía, ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales». Una tesis en la que ha incidido este martes García Ortiz, que ha subrayado la importancia que tiene la colaboración entre fuerzas de seguridad y fiscales en la lucha contra el narcotráfico.

En una entrevista en Onda Cero, el fiscal general ha considerado que el Ministerio del Interior se equivocó al eliminar OCON-Sur, pero ha hecho hincapié en que la institución que lidera ya indicó en septiembre que su desaparición tuvo como consecuencia que disminuyeran las incautaciones de droga y los procedimientos en esta zona de especial problemática. El portavoz de Jucil, Agustín Leal, deslizó en declaraciones a varios medios que la liquidación de este grupo especial puede estar relacionada con Marruecos: «Hay que ver quién se beneficia del hachís».

La muerte el pasado de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha ha disparado las críticas contra Marlaska. El trágico incidente ha visibilizado la falta de medios con los que trabajan en la zona los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de la saturación de los juzgados. Especialmente, después de que el Gobierno decidiera acabar con OCON-Sur.

La Memoria de la Fiscalía 2022 revela que, en el conjunto nacional, los procedimientos judiciales pasaron de 20.890 a 21.740, por lo que aumentaron 4%. En Cádiz, la eliminación «progresiva» de OCON-Sur supuso que los procesos disminuyeran: de los 1.030 que tuvieron lugar en 2021 a los 912 que tuvieron lugar un año después, un 12,14% menos. Son los últimos datos oficiales de los que dispone el Ministerio Público, que en los próximos meses presentará un nuevo informe que debe dar debida cuenta de las consecuencias de desmantelar el operativo especial.

Disolución de OCON-Sur

Los cuatro años que estuvo activo OCON-Sur los procedimientos aumentaron progresivamente. En 2018 se abrieron 1.148 causas, el año siguiente fueron 1.253 y, uno más tarde, se alcanzaron los 1.353. En 2021 los procesos judiciales bajaron a 1.038, pero estos sufrieron un nuevo retroceso un ejercicio más tarde, en plena disolución del grupo especial. El Gobierno ha defendido que no se canceló, sino que hubo un reajuste de los efectivos ya que estos pueden organizarse como se estime oportuno para lograr la máxima eficacia.

La propia fiscal delegada de Andalucía apunta en la Memoria a que los agentes pasaron a las unidades especializadas EDOA (Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidroga). Una reorganización que se habría producido «paulatinamente» durante ese 2022 y que «a finales de año aún no había finalizado». OCON-Sur se creó en noviembre de 2018 para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Durante los cuatro años que estuvo activo se detuvieron más de 10.000 personas y se incautaron 1.400 toneladas de droga.

Una de las operaciones más relevantes fue Dismantle, en la que se detuvieron a 157 personas en verano de 2020. El principal acusado es Antonio Tejón Carrasco, alias el Castaña, que el mes pasado fue condenado a seis años y medio de cárcel y al pago de una multa de más de dos millones de euros por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Otra acción importante fue la Operación Lodos, en la que se desmanteló seis grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales que estaban liderados por presuntos narcotraficantes afincados en la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar. En los últimos meses de OCON-Sur, la unidad de élite estuvo bajo sospecha porque se investigó a su jefe, David Oliva, por supuesta revelación de secretos y cohecho después de que intentase averiguar si le investigaban por coincidir en fiestas con algunos narcos.

Retraso en los juzgados

En la Memoria 2022, la Fiscalía advirtió de que el número de diligencias previas de la provincia de Cádiz disminuyó un 21%, sin embargo, se doblaron los sumarios y aumentaron las diligencias urgentes. «El número de diligencias de investigación es muy alto en la Fiscalía de Algeciras, 46 concretamente, 14 de ellas por delito de blanqueo. Se han autorizado además 12 entregas controladas», insistía Villagómez en el texto que vio la luz en septiembre.

La fiscal delegada de Andalucía subrayó la situación que vivía Cádiz, donde el número de escritos de acusación en la provincia en 2022 fue de 711 en los distintos procedimientos; con el mayor incremento de carga de trabajo en la Fiscalía de Área de Jerez, que se corresponde con la alerta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relativa al crecimiento de acciones de narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda.

Villagómez advertía del estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo en El Puerto de Santa María, en Barbate o en Chiclana, como resultado de la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares, lo que implica que cada nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigación. También denunció las dilaciones y retrasos en la celebración de juicios orales, algunos pendientes desde 2011; el exceso de duración de la fase intermedia y las dificultades para el señalamiento de causas con muchos acusados.