El entorno del expresidente ve casi insalvable la imputación por terrorismo y empieza a considerar a Sánchez como un problema
El pesimismo se ha instalado en las filas de Junts porque cada vez ven más cerca la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo por parte del Tribunal Supremo. La defensa del expresidente, el abogado Gonzalo Boye, es el que está exigiendo que se condicione la negociación desde la posición más dura, en continuidad con el pulso que ha mantenido desde el principio con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre las excepciones que incluye la ley de amnistía para los casos de terrorismo. Boye siempre ha defendido que no hubiera ninguna excepción, y Junts responsabiliza a Bolaños de que la ley haya encallado y de que se haya dejado espacio a los jueces y a los fiscales para complicar el camino a Puigdemont y al más de un centenar de independentistas vinculados a Tsunami Democràtic.
Los guiños que está lanzado Moncloa, como acotar los tiempos de instrucción, han sido directamente torpedeados por Boye, y la reforma del Código Penal, de la que se llegó a hablar, no echó a andar porque en Moncloa tomaron cuenta rápidamente de que conllevaba el mismo riesgo que la ley del «solo sí es sí», con el agravante de que esta vez, en vez de violadores, empezaran a verse beneficiados condenados por terrorismo sin delitos de sangre.
Puigdemont se siente engañado por Sánchez, y la votación en el Parlamento Europeo que avala la decisión de investigar la trama rusa del «procés», con los votos a favor del PSOE, es leída como untra traición de los socialistas, pero provocada por la necesidad de evitar la represión de la Comisión Europea.
La manera en la que se está complicando el escenario europeo y también judicial está llevando a que dirigentes de Junts empiecen a pensar que Sánchez les está metiendo en un callejón sin salida, en el que lo único bueno es que les está dando tiempo para coger oxígeno político, ya que hasta el debate sobre el terrorismo puede reforzarles electoralmente en Cataluña en su pelea contra ERC porque allí la opinión pública considere mayoritariamente que es una «exageración» del aparato del Estado español.
Pero si Sánchez no puede darles lo que quieren, a pesar de que está dispuesto, en el otro lado está la opción de que un Gobierno del PP, sin negociar siquiera la amnistía, a lo que no se prestarían, pudiera servir para calmar los resortes del Estado, de tal manera, según hacen cálculos, que puede que hasta fuera más sencillo que procesos que ahora se ven como necesarios dejaran de estar en primera línea porque con un Gobierno del PP se rebajase la amenaza que siente el Poder Judicial y el aparato del Estado.
El Estado se ha levantado para defenderse del ataque que entiende que representan las injerencias de Sánchez para someterlo a los intereses del independentismo.
En una reunión que se celebró en el País Vasco entre una delegación del PNV y otra de Junts, antes de que se votasen los primeros decretos leyes remitidos por el Consejo de Ministros al Congreso, los dos partidos analizaron la situación de la investidura y el futuro de Sánchez.
El PNV insistió en su mantra de que no pueden ir a ningún sitio con el PP si por medio está Vox. Mientras que los de Junts defendieron que no hay problema con Vox, en tanto no esté en el gobierno. La posición de los dos partidos al respecto es distinta, pero también hay que tener en cuenta que el PNV ya sentía sobre las espaldas la presión de las elecciones vascas que se celebrarán antes del verano –podrían coincidir con las europeas en una estrategia de desmovilización, o eso esperan, de los dirigentes nacionales, ocupados en hacer campaña en el resto del territorio, y a los que quieren lo más lejos posible del País Vasco porque creen que el debate nacional contamina y perjudica su campaña contra Bildu.
Por otra parte, Puigdemont, que hace vida en el Parlamento Europeo, es consicente de todos los movimientos que se están produciendo en Bruselas y que hacen más difícil a los socialistas avanzar en la amnistía íntegra que le prometieron en el acuerdo de investidura. Además, la crisis de los fiscales y los mensajes que envían los jueces, criticando las injerencias del Gobierno de la Nación y los insultos que sufren en el Congreso de los Diputados, alimentan también un debate en las instituciones comunitarias que va en contra de la capacidad de maniobra de Sánchez.
En el entorno de Puigdemont no se atreven a adelantar ningún escenario. La negociación está abierta. De haber acuerdo, como serán nuevas cesiones socialistas, se reservarán para después de las elecciones gallegas, pero si tiran de la lógica y del sentido común, la apuesta se inclina por que haya algún tipo de acuerdo in extremis ya que las dos partes se siguen necesitando en estos momentos. El PSOE necesita a Puigdemont, y Puigdemont necesita al PSOE no sólo para la amnistía, sino para seguir haciendo uso de la baza de tener la llave de la legislatura.
En este contexto, aunque disimulen, e insistan en que el texto de amnistía que salga delCongreso tiene que ser constitucional, en Moncloa también tienen meridianamente claro que Junts no se va a bajar de la exigencia de una amsnitía íntegra.
