Solicita que se anule el nombramiento por su condena por desviación de poder y su apoyo «descarado» a Sánchez
El Supremo se ratifica en la «desviación de poder» de García Ortiz por el ascenso de Dolores Delgado
Dos meses después de su nombramiento como fiscal general del Estado, y en plena polémica por el cambio de criterio del fiscal del caso Tsunami en el Supremo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha llevado al Alto Tribunal el real decreto por el que el Ejecutivo ratificó a Álvaro García Ortiz en el cargo que ya venía ocupando tras la renuncia de Dolores Delgado en el verano de 2022.
«La designación como fiscal general del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: ‘¿La Fiscalía de quién depende?’», señala en su escrito.
La APIF, que ha dado este paso apenas unos días antes de que se cumpla el plazo para interponer recurso, no sólo alude a esa sentencia de la Sala Tercera del TS que acusó al fiscal general de «desviación de poder» en el ascenso de su exjefa a fiscal de sala, sino también a la falta de idoneidad que apreció el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su propio nombramiento.
A pesar de que el informe del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante, la APIF considera que, al apartarse del criterio «tan fundamentado» emitido por los vocales, el Gobierno tenía que haber dado una explicación «razonable y convincente» para mantener la propuesta del candidato elegido. Sin embargo, no lo hizo.
«Respetando la designación hecha por el Ejecutivo, consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno», dice.
Alude esta asociación, con representación en el Consejo Fiscal, a la actuación de García Ortiz en los dos años de mandato anterior y que ha provocado, entre otras polémicas, la anulación de nombramientos de fiscales de sala. Pero también pone el foco en sus primeros movimientos una vez reelegido fiscal general. En este sentido recuerda que se estrenó en el cargo «privando» al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado en relación a la ley de amnistía. Este hecho «no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso».
«No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del Fiscal General del Estado, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo»
La APIF recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, y que si bien este requisito podría haber concurrido en García Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder –utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico–». Por ello consideran que el nombramiento «no es conforme a ley».
Recuerdan los fiscales que la institución de la que forman parte es «clave y esencial» dentro del Poder Judicial. «No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del Fiscal General del Estado, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo». Y es precisamente lo que sucede con García Ortiz, quien, a su juicio, «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España». La APIF señala que en la primera de las conclusiones que la asociación aprobó en su congreso el pasado noviembre ya se dejó constancia de que la carrera reclama un Ministerio Fiscal «constitucional, integrado en el Poder Judicial y con autonomía funcional respecto del mismo», y que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno «es justo el contrario del que diseñó el constituyente».
Para la APIF, el Estado de derecho en España «ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley».
La AF estudia el recurso
De momento, y a falta de que termine el plazo para la interposición del recurso, sólo esta asociación ha impugnado el nombramiento de García Ortiz a pesar de haber sido duramente criticado por la mayoritaria Asociación de Fiscales, que ha llegado a pedir su dimisión. Fuentes de la AF señalaron a ABC que están estudiando la viabilidad de esta acción.
No sería la primera vez que la AF acude a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para denunciar la arbitrariedad en nombramientos en la Fiscalía: el pasado julio esta asociación recurrió el de Dolores Delgado al frente de Memoria Democrática, un puesto para el que fue designada después de un breve periodo de tiempo en la Fiscalía Togada del TS. Al igual que este último nombramiento, que fue anulado por el Supremo por desviación de poder de García Ortiz, el de Memoria Democrática está también sobre la mesa de la Sala Tercera, que lo estudiará el 12 de marzo.
