La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, admite que la medida se ha convertido en un «símbolo de polarización» para el sector, por lo que solicitará su retirada
Las protestas de los agricultores han comenzado a surtir efecto. Hoy, la Comisión Europea, por boca de su presidenta, Ursula Von der Leyen, ha anunciado que se solicitará la retirada de la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE al considerar que esta iniciativa se ha convertido en un «símbolo de polarización». En este sentido, la presidenta de la Comisión ha expresado su confianza en que el próximo Ejecutivo comunitario podrá realizar un nuevo plan «más maduro» con la participación de los agricultores y las conclusiones del Diálogo Estratégico con el sector que ha comenzado a finales de enero.
Von der Leyen ha recordado que la Comisión propuso esta regulación con el «digno objetivo» de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios, pero ha concluido que finalmente «se ha convertido en un símbolo de polarización», con el rechazo tanto del Parlamento Europeo como del Consejo tampoco, por lo que propondrá su retirada al Colegio de comisarios.
«Queremos asegurarnos de que los agricultores sigan siendo los protagonistas de este proceso«, ha apuntado Von der Leyen en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en el que se han analizado las conclusiones de la última cumbre del 1 de febrero, que coincidió con una manifestación multitudinaria de agricultores de toda Europa en Bruselas.
Hacia un «modelo más sostenible»
Von der Leyen ha reconocido el descontento de los agricultores, que «se sintieron arrinconados» y «merecen que se les escuche», pero ha advertido, al mismo tiempo, de que «también saben que la agricultura debe evolucionar hacia un modelo de producción más sostenible para que sus explotaciones sigan siendo rentables en los próximos años».
Por eso, ha agregado, ha lanzado el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE, que cuenta con representantes del sector agrario, las comunidades rurales, la industria de semillas y fertilizantes, el sector alimentario, pero también al sector financiero, los grupos de consumidores y ecologistas y la ciencia.
