El futuro de Sánchez pasa por dos enmiendas suicidas a la ley de amnistía

En junio de 2017, Pedro Sánchez resucitó de entre los muertos políticos para ganar a Susana Díaz unas primarias en las que el madrileño tenía todo en contra. Excepto a la militancia socialista. Durante su discurso de clausura del 39 Congreso del PSOE prometió garantizar «una Justicia libre de injerencias y extirpar la corrupción de nuestra democracia». Por aquellos días de 2017, un juez vallisoletano que llevaba más de 16 años fuera de España como juez de enlace de la Audiencia Nacional (primero en Francia, después en Italia) decidió regresar a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción 6. Se llamaba, se llama, Manuel García-Castellón.

Los caminos de uno y otro se han cruzado durante la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Una proposición de ley que tiene las particularidades de que ha sido redactada por sus beneficiados y que reescribe la historia del procés. El PSOE quiso poner un cepo al juez instructor de los CDR y Tsunami Democràtic inventándose un concepto de terrorismo amnistiable y el atrapado ha acabado siendo Sánchez.

Los socialistas han tenido una semana convulsa. Hasta el lunes proclamaban con convicción que el terrorismo era una línea roja. El martes pactaron con Junts y ERC incluirlo en la amnistía, con la salvedad de los delitos de terrorismo que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos».

El miércoles, el coro monclovita proclamó que lo de octubre de 2017 y de 2019 en Cataluña no fue terrorismo, porque nadie descerrajó un tiro en la cabeza a nadie, como sí se lo pegaron a Gregorio Ordóñez (de cuyo asesinato se han cumplido esta semana 29 años). El jueves, García-Castellón taponó la amnistía de –al menos– Carles Puigdemont en un auto recibido en la Moncloa y Ferraz como una declaración de guerra. El viernes, el ministro de la Presidencia y Justicia no quiso ser claro cuando los periodistas le preguntaron si el plan B (o C, o D, o por donde quiera que se lleguen) pasa por dar otro pespunte a la proposición de ley de amnistía que el próximo martes votará y aprobará el pleno del Congreso.

Sánchez está en una encrucijada que deberá resolver antes del martes por la tarde. Y ninguno de los dos caminos es bueno. Si el PSOE vota el texto de la ley de amnistía tal y como salió el pasado martes de la Comisión de Justicia, el presidente se arriesga a que el prófugo de Waterloo se quede fuera. Y ello tendría consecuencias incalculables para la legislatura. En este punto cabe recordar que lo previsible es que el Supremo asuma la causa de Puigdemont, puesto que al ser eurodiputado se encuentra aforado ante el alto tribunal.

Si el primer camino es el susto, el segundo puede ser la muerte. El PSOE aún puede incluir todos los delitos de terrorismo en la amnistía y así no dejar cabos sueltos. Ahora bien, para ello tendría que votar a favor de una de las dos enmiendas transaccionales pactadas entre Junts y ERC (una) y entre Junts y el PNV (la otra) sobre el artículo 2 de la ley de amnistía, el de las exclusiones. Ambas enmiendas llegarán vivas al pleno del próximo martes, una vez superada la tramitación en la Comisión de Justicia.

En esta fase parlamentaria, los socialistas ya no pueden forzar una redacción intermedia. No pueden presentar autoenmiendas nuevas ni tampoco modificar las enmiendas ya presentadas por otros (esto último requeriría la unanimidad de la Cámara, y por lo tanto el voto favorable del PP y Vox). Solo pueden votar a favor o en contra. O lo toman, o lo dejan. Cualquiera de las dos enmiendas, a las que tuvo acceso El Debate, son tanto como una patada en la boca del estómago.

Directamente, el terrorismo desaparecía de las causas de exclusión de la amnistía. En la enmienda conjunta de Junts y el PNV se suprime por completo del articulado de la ley el apartado d) del artículo 2. Fue el que el PSOE pactó con los independentistas la semana pasada y excluye «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

En la enmienda entre Junts y ERC, el enunciado de ese apartado queda así: «Los actos que hayan causado de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Otra cosa sería explicarlo en la Unión Europea, cuya famosa directiva 2017/541 no considera el terrorismo amnistiable en su artículo 16. Ningún delito de terrorismo.

Dados los giros de guion y cambios de opinión a los que acostumbra Sánchez, tratar de aventurar el desenlace a más de 48 horas es osado. Aunque el viernes, Félix Bolaños insinuó que una vez aprobada la amnistía el Gobierno aún tendrá forma de defenderla: «Todas las decisiones y todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho como España», afirmó.

No es descartable que los diputados del PSOE lleguen al momento de la votación sin saber qué diantres van a votar, como les sucedió durante el pleno esperpéntico de la convalidación de los tres primeros decretos ley de la legislatura.

En cualquier caso, el estado anímico de los socialistas no atraviesa por un buen momento, siempre a expensas de lo que pida y haga Puigdemont. Mañana, tarde y noche. Un día tras otro. Por eso, el miércoles Carmen Calvo le dijo a Emiliano García-Page que, «en los momentos complicados», es cuando más hay que «ayudar» a las siglas del partido. Se sobreentiende que cuando la exvicepresidenta dijo «ayudar» quería decir callar.