El texto ayudará a los jueces a plantear recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el TJUE
Un flotador para enfrentarse a la ley de amnistía. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado una guía para ayudar a los jueces competentes a plantear recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La asociación considera que la norma, aún en trámite parlamentario, «viola» la Constitución y el derecho comunitario. Sus miembros subrayan que el objetivo del texto es facilitar el trabajo a los magistrados. Entre sus páginas revelan la fórmula con la que sería posible detener al expresident Carles Puigdemont cuando regrese a España.
La guía práctica, compuesta por 65 páginas, estará disponible a partir de este viernes en la web de la plataforma. Consta de dos partes, según el borrador al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La primera aborda aspectos procesales, mientras que la segunda incluye modelos prácticos para presentar una cuestión prejudicial, incluida en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el que se rigen los Estados miembros.
Se trata de una herramienta de la que disponen todos los jueces europeos. En caso de duda en la aplicación de una normativa nacional, pueden acudir a la justicia comunitaria. Mientras esta resuelve, el asunto queda aplazado, aunque eso no supone suspender la ley ni las detenciones, lo que afectaría a Puigdemont. La cuestión prejudicial no es la única solución que plantea el texto, que entre las vías a seguir para esquivar la amnistía incluye el recurso de inconstitucionalidad. El asunto es discernir cuándo usar cada fórmula.
El caso de Puigdemont
«Los jueces saben lo que deben hacer. Lo que busca esta guía es facilitarles el trabajo», explica el magistrado Jesús Villegas, secretario de la plataforma. En su opinión, la ley de amnistía que pretende beneficiar a Puigdemont y a otros independentistas que participaron en el procés «viola» las normas de la UE que «nos afectan y son vinculantes». De hecho, el derecho comunitario prevalece sobre la legislación nacional, como han confirmado numerosos juristas a este diario.
Villegas reconoce que las Cortes españolas pueden promulgar las leyes que consideren oportunas, aunque estas no pueden contradecir la normativa europea. La guía está dirigida a los jueces que deberán tramitar causas en relación con delitos y personas que, como Puigdemont, puedan resultar incluidos en la ley de amnistía. La pretensión es ayudar a que los magistrados tomen decisiones «con extraordinaria rapidez» cuando entre en vigor la norma, previsiblemente en primavera.
La plataforma está presidida por el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner y forman parte de ella prestigiosos juristas como Fernando Gomá, Javier Nart, Eloy Velasco, Gemma Vives, Elena Corral o Julia Patricia Santamaría Matesanz. La gía comenzó a elaborarse en octubre, semanas antes de que el PSOE registrara la proposición de ley en el Congreso. Un trabajo colectivo que ha contado con la aportación de diversos especialistas que prefieren mantener el anonimato. El texto se ha elaborado «sobre la base de aplicación de textos legales vigentes y de doctrina del Tribunal Constitucional y del TJUE perfectamente consolidada».
La guía parte de la hipótesis de que la ley de amnistía presenta «visos de inconstitucionalidad o de contradicción con el derecho europeo», razones que justificarían el planteamiento de recursos de inconstitucionalidad ante la corte de garantías o de cuestiones prejudiciales ante el TJUE. La plataforma recomienda a los jueces que presenten cuestiones prejudiciales para asuntos que versen sobre malversación, prevaricación con fondos públicos o terrorismo, delito por el que el juez que instruye Tsunami Democràtic quiere imputar a Puigdemont.
La intención real
Da tres motivos para ello. El primero, porque la ley de amnistía va a ser objeto de recursos de inconstitucionalidad, por lo que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido tendrá ya oportunidad de pronunciarse. En segundo lugar, porque en caso de que el TJUE lo desestime, aún podrán acudir al Constitucional. Y, finalmente, porque las instituciones comunitarias «parecen más dispuestas a valorar la intención real de la ley». En el resto de los delitos, insiste la guía, «puede ser difícil hallar un punto de conexión europeo», por lo que considera más adecuado plantear un recurso ante la corte de garantías.
«No es poner la venda antes que la herida. Simplemente proporcionamos material jurídico», sostiene Villegas. El magistrado defiende que la guía no nace porque le tengan manía al Gobierno, sino que no han hecho más que dar su opinión, como han hecho otros juristas. E insiste: «No queremos boicotear la ley de amnistía ni invadir competencias. Pero el legislador español no es libre de legislar como quiere. Debe hacerlo mediante los cauces correctos».
En esa línea insiste Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), para quien los jueces tienen la obligación de no aplicar la legislación nacional si esta entra en contradicción con la normativa europea porque «tiene primacía». La guía desvela la fórmula por la que se podría detener a Puigdemont cuando regrese a España, de donde huyó en octubre de 2017 por temor a ser detenido tras el procés.
Arenas considera que es factible hacerlo, pero que la última palabra la tendrá el juez al que compete la decisión. «Se puede detener a Puigdemont cuando entre en vigor la ley de amnistía aunque se esté tramitando una cuestión prejudicial. Este instrumento no tiene efectos suspensivos sobre la norma, sino sobre los puntos concretos que se eleven al TJUE», indica el especialista. Una opinión que respalda Villegas.
La petición de Llarena
El juez Pablo Llarena, instructor del procés en el Tribunal Supremo, dejó sin efecto las órdenes europeas de detención contra Puigdemont hace un año, a la espera de que el TJUE resolviera la cuestión de la inmunidad, ya que ahora es eurodiputado. En julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ratificó la decisión del Parlamento Europeo de concederle el suplicatorio. El expresident de Cataluña ya había sido detenido en Alemania, Bélgica e Italia, pero las autoridades locales rechazaron entregarlo a España hasta que no exista una resolución firme de la justicia comunitaria.
La guía será presentada este viernes por la tarde en la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Es una de las sorpresas de un coloquio titulado Tribunales ordinarios, Constitución y Derecho de la UE en la que intervendrán Arenas, la profesora de Derecho Internacional Público Helena Torroja; el juez del TGUE Ignacio Ulloa; y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Jaime Lozano.
