La Abogacía del Estado carga contra el fallo de la Audiencia Nacional: «Incurre en infracción del ordenamiento jurídico, incongruencia interna y falta de motivación»
- Marlaska oculta a policías y guardias civiles que ha recurrido la sentencia que le obliga a cumplir con la equiparación salarial
- Plantón a Marlaska tras su maniobra para no cumplir con la equiparación salarial de policías y guardias civiles
El 27 de junio del año pasado, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que obligaba al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a renegociar con policías y guardias civiles las claúsulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018. En concreto, hacía referencia a la dotación de presupuesto para incentivar la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad y reserva, así como tramitar una ley de igualdad retributiva que asegure acabar con las desigualdades salariales entre cuerpos policiales .
Una sentencia que no es firme, ya que fue recurrida por el Ejecutivo para evitar, una vez más, su cumplimiento. Y se hizo de espaldas a los agentes, que se enteraron por el Alto Tribunal de esta nueva maniobra. «Es aberrante que Interior haya obstaculizado el cumplimiento de esta sentencia histórica. Lo que debería plantearse el ministro Marlaska es convocar de urgencia a una mesa de diálogo y negociación para el cumplimiento de lo ordenado por la justicia», asegura Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Pero lejos de ello, desde el Ejecutivo optaron por recurrir esta sentencia al entender que «incurre en infracción del ordenamiento jurídico y, además, en incongruencia interna y falta de motivación«.
En su escrito, la Abogacía del Estado discrepa de la citada sentencia, en concreto en lo que a la «inactividad» de la Administración se refiere. Hay que señalar que es esa inactividad por parte del Ejecutivo, lo que lleva a la AUGC a presentar varias demandas ante los tribunales, con el consiguiente resultado. De hecho, en el recurso de apelación acusan directamente a esa asociación de «reconducir sus pretensiones» y hablar de «inactividad» en sus requerimientos, ya que era «el único mecanismo que tenía a su disposición para intentar que el ministerio ejecutase las cláusulas en cuestión».
A su juicio, «no estamos ante prestaciones concretas» y «no existe plazo legal alguno para la adopción de las medidas del acuerdo, sin perjuicio de que no es un acuerdo jurídicamente exigible». Asimismo, en su recurso de apelación, indica que el órgano de gobierno en la Admnistración General del Estado es el Consejo de Ministros y éste no sólo no habría ratificado el acuerdo de equiparación firmado en 2018, sino que tampoco había llevado a cabo iniciativa legislativa alguna. Y da un paso más allá al asegurar que la cláusula tercera de ese acuerdo es «manifiestamente ilegal» y que la octava es «contraria al ordenamiento jurídico».
En definitiva, en su recurso de apelación manifiestan que el Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, «ha cumplido con creces sus obligaciones en lo que a la buena fe negocial, derivada del acuerdo (en su parte no ilegal) se refiere».
La AUGC planta cara a Marlaska
Sobra decir que ante esta maniobra de Marlaska, la Asociación Unificada de la Guardia Civil presentó un escrito de oposición ante la Audiencia Nacional, echando por tierra la argumentación de la Abogacía del Estado y defendiéndose de las acusaciones vertidas contra ella. En primer lugar dejan claro al Alto Tribunal que el objeto del proceso es la falta de respuesta a los dos requerimientos por cesación de la inactividad de la Administración y no otro, como daba a entender el Ejecutivo. «Sí concurrían los parámetros legales necesarios para entender que estábamos ante supuestos de inactividad de la Administración y que, por ello, se debía analizar esta situación para llegar a establecer que la inactividad se había producido y, consecuentemente con ello, establecer las consecuencias». O lo que es lo mismo, determinar que hubo «inactividad» y tomar medidas en defensa de los policías nacionales y guardias civiles afectados.
En este punto, muestran su malestar por el intento del Gobierno de «desviar» y «alterar» la vía de defensa de los demandantes, con el objetivo de «dilatar en el tiempo la resolución sobre el fondo del asunto» y así sacar partido. También se rebelan contra la afirmación de la Abogacía del Estado que argumentaba que con la claúsula tercera del acuerdo de equiparación se pretendía «la reincorporación al servicio activo del personal en segunda actividad de la Policía Nacional y en reserva de la Guardia Civil». Pero todo lo contrario, se trata de incentivar su vuelta a la prestación del servicio, sin alterar su situación administrativa.
«Para eso se concibió la cláusula tercera, para incentivar que este personal, perfectamente cualificado, con experiencia, volviera a tener interés en contribuir a la seguridad ciudadana, por ejemplo, en puestos de apoyo a las mujeres victimas de violencia de género, en misiones de protección para las que están perfectamente capacitados y para las que no hay personal suficiente en situación administrativa de servicio activo», señala la AUGC en su escrito de oposición al recurso de apelación del Gobierno. Una forma, a su juicio, de paliar también la falta de personal y por la que es necesario su cumplimiento. Y lo mismo ocurre con la cláusula octava, de obligado cumplimiento a ojos de esta asociación.
Por todo ello, piden a la Audiencia Nacional que desestime íntegramente el recurso de apelación del Ejecutivo y confirme la sentencia de instancia del pasado 27 de junio en todos sus extremos y con la imposición de las costas del recurso de la Administración. Y mientras todo eso se resuelve, la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial (que aglutina a la mayoría de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil) ha convocado una manifestación en Madrid, el próximo 16 de marzo, a las 12:00 horas.
