Junts confirmó este viernes que votará «no» al real decreto-ley 6/2023 del Gobierno aprobado el 19 de diciembre, considerado un decreto ómnibus por la cantidad y variedad de temas que incluye, poniendo así de relieve la debilidad de los socialistas y, sobre todo, su dependencia de las formaciones independentistas. Especialmente de Junts, que en la geometría variable de Sánchez este partido no era necesario en la pasada legislatura para la aprobación de leyes. Ahora, sin embargo, es imprescindible.
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Fuentes oficiales del partido de Carles Puigdemont ratificaron a ABC la decisión avanzada el 27 de diciembre sobre su valoración de un texto que, según adelantó este diario, de aprobarse afectaría a la aplicación de la ley de amnistía (todavía en trámite parlamentario). Además, los siete diputados de Junts votarán «no» también a los otros dos primeros decretos-ley del Ejecutivo socialista (el 7/2023 y el 8/2023).
El «no» de Junts fue comunicado el jueves al PSOE en una reunión en Barcelona entre Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, y Jordi Turull, secretario general de Junts. Según fuentes de esta formación política, el encuentro entre ambos, que mantienen una relación directa y regular, se centró sobre todo en el real decreto-ley 6/2023 del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la necesidad de contar con el apoyo de Junts para su convalidación, imprescindible si el PP, como señalaron fuentes de los populares a finales de diciembre, votará en contra del texto.
«Sí, votaremos en contra. El contenido del real decreto-ley no es votable y el Gobierno ha aplicado la política de los hechos consumados», señalaron desde el partido que lidera Puigdemont desde Bélgica. El principal motivo de su «no» es que el real decreto-ley (que tiene 187 páginas, por 39 el 7/2023 y otras 149 páginas el decreto 8/2023, aprobado el 28 de diciembre), y que aborda cuestiones de distintos sectores, abre la puerta a una regulación que afecta a la aplicación de la ley de amnistía (norma que está en trámite parlamentario y cuyo texto fue pactado, en última instancia, entre el PSOE y Junts) por la puerta de atrás.
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De convalidarse el decreto en el Congreso, en el pleno del miércoles 10 de enero, se reforzará el efecto suspensivo que tiene sobre un procedimiento concreto la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que toca de lleno a la ley de amnistía, que en su redactado actual trata de impedir esta paralización. La aplicación de la ley de amnistía, que será recurrida según han avanzado partidos y algunos colectivos, quedaría así suspendida desde el momento en el que un juez plantease dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo y hasta que la Justicia europea resuelva.
Según avanzó ABC el 20 de diciembre, en la práctica esta suspensión ya se lleva a cabo en base a la propia doctrina europea, pero es ahora cuando el Ejecutivo la ha plasmado por escrito, en un texto ómnibus bajo para aprobar medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Así, en uno de los apartados se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, que añade un artículo bis al 43, regulando con precisión las consecuencias de la presentación de una cuestión prejudicial por cualquier juez que tenga dudas sobre el encaje de una ley con el derecho de la Unión Europea.
Respecto a los otros dos decretos-ley del Gobierno, en Junts mantienen la misma posición de votar en contra porque, desde su punto de vista, invaden competencias de la Generalitat y no dotan a los gobiernos regionales de recursos para aplicarlos. Son los decretos que adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo; y el decreto por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
En el caso del texto que hace frente a la crisis económica derivada de las guerras de Ucrania y Gaza, podría salir adelante con una abstención que el PP no descarta. En estos casos, cabe recordar, los decretos que aprueba el Gobierno no admiten enmiendas ni retoques, a la hora de su convalidación en el Congreso. De ahí que el margen de maniobra de los socialistas, en este caso, sea mínimo o nulo.
Los populares, Vox y UPN suman en el Congreso 171 escaños. Con Coalición Canaria son 172. Por lo tanto, los siete diputados de Junts son decisivos para cualquier votación en bloques. Los partidos de Gobierno (PSOE y Sumar) más los que le dan su apoyo regularmente suman 171 votos. Puigdemont es consciente de ello y lo utiliza para seguir negociando con los socialistas y conseguir más beneficios para los independentistas. Por su parte, fuentes oficiales de ERC –partido que es irrelevante si Junts vota «no»– indicaron a este diario que están estudiando jurídicamente el posible efecto del decreto-ley en la futura ley de amnistía para determinar su voto en la sesión del 10 de enero.
