El grado de ejecución de los fondos Next Generation fue del 22,3% al cierre de 2022, frente al 6% registrado en el ejercicio anterior, dejando sin gastar otros 151 millones de euros. Esta cantidad, sumada a los 341 de 2021, hacen un total de 492 millones pendientes de ejecución al cierre de 2022, lo que traslada al futuro una mayor carga de gestión, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para la ejecución total del programa.
Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2022 publicado por la Cámara de Cuentas, que señala, asimismo, un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, que en 2022 alcanzó el 88% por importe de 248 millones frente a los 149 de 2021.
En este ejercicio, la Comunidad redujo su endeudamiento por primera vez en los últimos 20 años en 103 millones de euros respecto a 2021, situándose en 8.957 millones a la finalización del cuarto trimestre, según los datos del cuarto trimestre del Banco de España. También redujo los intereses en 15 millones de euros, como consecuencia de las operaciones de reestructuración de deuda realizadas en el ejercicio.
Sin embargo, el remanente de tesorería fue negativo por 1.016 millones de euros, 1.102 con los ajustes propuestos por los auditores, debido, en parte, a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada, procedente, mayoritariamente, de los fondos europeos Next Generation. El resultado presupuestario fue negativo por 418 millones de euros, lo que significa que los ingresos presupuestarios del ejercicio no fueron suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2022.
En total, la Comunidad Autónoma gastó 7.379 millones de euros e ingresó 7.137. Por capítulos del presupuesto, los gastos de personal sumaron 2.551 millones, transferencias corrientes 1.768 millones, bienes y servicios, 1.045 millones de euros y los pasivos financieros, 1.229 millones.
Por políticas de gasto, el mayor volumen se concentró en asistencia sanitaria, 2.300 millones de euros, en los programas de educación no universitaria, con 965 millones, en la política agraria común, con un gasto de 473 millones, y en servicios sociales, que sumaron un gasto de 380 millones de euros. Al margen de los servicios esenciales, el segundo programa con mayor gasto es el correspondiente a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones de euros.
En cuanto a los ingresos, el 55% (3.927 millones) procedieron de las aportaciones del Sistema de Financiación Autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 millones de la recaudación por los tributos propios y cedidos y 429 de las transferencias comunitarias para la PAC. Además, en 2022, Aragón recibió 289 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y 52 millones del instrumento React-UE.
CASI LA MITAD DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS SON TEMPORALES
Igualmente, el informe incluye un análisis específico de la temporalidad en el sector público autonómico en el periodo 2018-2022. Al cierre de 2022, la Comunidad Autónoma tenía 60.665 empleados públicos con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentra en el Salud; mientras que el resto se reparte entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el que presta servicios generales en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos (25,9%).
En el periodo analizado, se convocaron 12.731 plazas en administración general, sanidad y educación, pero ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las elevadas tasas de temporalidad, que siguen aumentando de forma lenta y progresiva, pasando del 47% al 49,5%. Así, a 31 de diciembre de 2022, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos tenían 3.214 empleados más que al cierre de 2018, el 89% de ellos temporales.
