Moncloa asume que se ha tenido que aumentar la partida presupuestaria para gestionar el sistema de seguimiento telemático a violadores tras el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones
El fracaso de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del “solo sí es sí” y «ley estrella» de Irene Montero, ha dejado hasta ahora un balance de 1.233 rebajas de penas a agresores sexuales y 126 excarcelaciones (hasta el mes de octubre incluido, última actualización hecha por el Consejo General del Poder Judicial). Ante este goteo incesante de rebajas de penas y de excarcelaciones, el Gobierno se ha visto obligado a reforzar el sistema de vigilancia a los agresores sexuales, con un coste previsto, hasta el momento, de 39 de millones de euros.
Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta de las diputadas del PP Ana Vázquez e Isabel Borrego. Estos 39 millones de euros se aprobaron en el Consejo de Ministros del 4 de julio, aunque el Gobierno evitó vincularlos a las consecuencias de la ley del “solo sí es sí”: en la referencia de Moncloa, se aludía simplemente a que se ha aprobado un acuerdo para posibilitar al Ministerio de Igualdad la licitación del contrato “de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual”.
Sin embargo, ante una pregunta de las dos diputadas del PP sobre “el importe invertido en dispositivos telemáticos de control a agresores sexuales excarcelados tras la revisión de su pena por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual”, el Gobierno se remite directamente a esa partida. Es decir, el Gobierno asume que esa partida presupuestaria da respuesta al fracaso con la ley del “solo sí es sí”.
“En relación con las preguntas formuladas por Sus Señorías, se informa de que, el pasado 4 de julio de 2023, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que aumentó hasta los 39 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Igualdad para gestionar el sistema de seguimiento telemático usado para el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de maltratadores y agresores sexuales”, señala el Gobierno en la respuesta. El mismo Gobierno también, eso sí, aclara que corresponde a los jueces concretar las medidas que se deben aplicar a los agresores sexuales. “Al margen de las competencias asignadas al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior (sistema VIOGEN) en el seguimiento y control de agresores en materia de violencia de género, corresponde a la Autoridad Judicial concreta acordar que la medida o pena de prohibición de aproximación impuesta en el procedimiento que se siga por violencia de género sea controlada por este Sistema”, señala el Gobierno.
De esos 39 millones de euros, corresponden 13,9 millones a 2024; 16,8 millones a 2025; y, 8,2 millones a 2026. Además de las consecuencias sociales que ha tenido la Ley del «solo sí es sí» por la alarma que ha generado entre las mujeres porque ha beneficiado penalmente a agresores sexuales, el PP también pretende saber qué coste económico está teniendo el fracaso de la norma porquelos dispositivos suponen un coste medio de en torno a los 20.000 euros por usuario.
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se aprobó hace más de un año (septiembre de 2022) y, desde entonces, ha estado en el foco de la polémica por las consecuencias sociales negativas que ha tenido (ha generado alarma la excarcelación de agresores sexuales). Si bien, la Ley causó controversia desde mucho antes (cuando se aprobó el proyecto en el Consejo de Ministros) porque tanto el Consejo General del Poder Judicial como partidos de la oposición (principalmente, el PP) alertaron de los efectos indeseados que podía tener y ha acabado teniendo. Finalmente, el PSOE se avino a reformar el Código Penal para corregir los errores de la Ley pese a que también tardó bastante en reaccionar por la resistencia de Irene Montero, impulsora de la norma.
