El mercadeo político, alertan, ha llevado a una peligrosa e inquietante quiebra del Estado de derecho en España, agravada por los pactos de PSOE con ERC y JxCAT, y la ley de amnistía
Las entidades Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe acaban de entregar a altos cargos de la Unión Europea un informe de 49 páginas titulado Deterioro del Estado de derecho en España, en el que enumeran hasta 15 hechos importantes que debe vigilar la UE y que afectan a la calidad de la democracia en nuestro país. El informe fue elaborado por Teresa Freixes, presidenta de Citizens pro Europe y catedrática de Derecho Constitucional; Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y catedrático de Derecho Internacional Privado; Carlos Conde, coordinador del Foro de Profesores y profesor en Northumbria University, e Isabel Fernández, secretaria de Impulso Ciudadano y profesora titular de Comunicación en la UAB.
Los receptores del mismo fueron los vicepresidentes de la Comisión Europea Vera Jourová y Margaritis Schinas; el comisario de Justicia, Didier Reynders, y los presidentes del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; de la Comisión, Ursula von der Leyen; del Consejo, Charles Michel, y de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.
El documento saca los colores a los partidos políticos y critica esencialmente la «politización en la designación de los vocales del CGPJ». Habla de mercadeo entre los grandes partidos políticos y de la estigmatización de la judicatura desde el Poder Ejecutivo y desde los partidos de Gobierno. Detalla también la falta de independencia de la Fiscalía y del Constitucional, con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general 13 días después de cesar como ministra de Justicia, o el nombramiento de dos ex altos cargos socialistas como miembros del TC: Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso.
Dedica un capítulo a la «desjudicialización, lawfare y comisiones de investigación» y arremete contra los pactos del PSOE con los independentistas. «El acuerdo de investidura concluido entre socialistas y Junts prevé la creación de comisiones de investigación en relación a lo que se denomina lawfare o judicialización de la política. El resultado de dichas comisiones podría implicar acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas«.
Una lección de democracia
El caso del lawfare afecta directamente a Cataluña y parte del hecho de la intensa campaña de propaganda ideológica del independentismo acusando que»las acciones judiciales desarrolladas contra los implicados en el intento de secesión de 2017 eran injustas y motivadas por razones más políticas que jurídicas. De acuerdo con este planteamiento, el nacionalismo defiende que los tribunales sean apartados del conflicto con el argumento de que tratándose de un conflicto político también ha de ser resuelto políticamente».
La lectura que hace de la coyuntura es contundente: «La pretensión de que los tribunales de Justicia han de ser apartados de la solución de conflictos que tienen naturaleza no solamente política, sino también jurídica, suponen en sí un ataque al estado de derecho, pues la tutela judicial es la garantía última de los derechos en los sistemas democráticos (…). El problema nunca estará en la decisión judicial, sino en los actos previos a la decisión que motivaron ésta. No es la sentencia en la que se condena un crimen la que causa el conflicto, sino el crimen que da origen a la sentencia».
Arremete al mismo tiempo contra la pretensión del Parlamento de Cataluña de pretender que los jueces comparezcan ante sus comisiones para «dar cuenta de su actividad jurisdiccional. El derecho español establece de manera expresa la prohibición de que ninguna autoridad, civil o militar, pueda conminar a un juez a comparecer ante ella, lo que es coherente con la necesaria independencia del poder judicial». Y añade que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido que las comisiones «tienen como fin una fiscalización de la actuación judicial por parte del legislativo».
Denuncia también el informe que con los pactos entre socialistas e independentistas se institucionaliza la «tolerancia hacia la comisión de ciertos delitos». Abomina, así, de la ley de amnistía que cubre todo tipo de delitos, incluidos los de terrorismo con unas excepciones limitadas que no cubren algunos delitos en los que existen las obligaciones específicas de persecución de acuerdo con el derecho de la UE, que en sí supone una quiebra del estado de derecho. Por otro lado, «se trata de una medida que no se plantea de manera aislada, sino que se inserta en la descriminalización de ciertas conductas cuando son realizadas por quienes están próximos al poder”.
Votos a cambio de la ley de amnistía
Reconoce que los indultos son una figura reconocida en la legislación, pero los que se concedieron a los condenados por el 1-O «responden a la necesidad del partido en el gobierno en España (PSOE) de contar con el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas. Y se concedieron en contra del criterio manifestado por el Tribunal Supremo, al no apreciar ni arrepentimiento de los condenados ni razones de equidad, justicia o utilidad pública». Gabriel Rufián dijo textualmente que «los indultos fueron una imposición de ERC en sus negociaciones con el PSOE». Además, chocan con la obligación específica de la UE de perseguir la malversación de caudales públicos. A ello se une la tramitación de los indultos de los implicados en el caso ERE, que afecta a altos cargos socialistas». El informe transcribe varios párrafos de la web de ERC alardeando de que obligó al PSOE a conceder los indultos y a modificar el Código Penal, eliminando el delito de sedición.
El escrito de los cuatro profesores rechaza el borrador de la ley de amnistía porque mantiene su propósito de corrección al Poder Judicial y critica a la vicepresidenta del Gobierno por haberle dado su apoyo explícito. «Si el texto de la proposición de ley mantiene esa crítica al poder judicial o cuestiona directa o indirectamente la actuación de los tribunales, existiría ya una implicación del poder legislativo (…). Aparte, la ley de amnistía implicaría una injerencia del poder legislativo en la ejecución de las sentencias sin amparo constitucional (la Constitución Española no prevé la posibilidad de la amnistía) y que, además, carecería de justificación objetiva, puesto que tan sólo la necesidad de contar con el apoyo de los amnistiados para conseguir la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno explica la concesión de esta».
La amnistía tal y como la pretenden los independentistas, dice, es blanquear determinados delitos de los que los amnistiados no solo no se arrepienten, sino que advierten que volverán a cometer. El informe dedica el último capítulo al caso de Cataluña, donde, además de pretender romper el Estado de derecho en 2017 y de pretender la secesión, tuvo más consecuencias. Entre ellas, el acoso a los jueces y el desprestigio de los tribunales, no solo por parte de dirigentes políticos, sino de altos cargos institucionales, que tacharon a España de «Estado corrupto y cobarde» o a los procesos contra delitos relacionados con el procés de «juicios farsa». Nombra a los expresidentes Joaquim Torra, Pere Aragonès, Carles Puigdemont o Roger Torrent (del Parlament) como algunos de los dirigentes que lanzaron exabruptos.
Acoso al discrepante
Pero las secuelas de la quiebra del Estado de derecho son más profundas: «El desprestigio a los tribunales no opera aisladamente, sino que va acompañado del incumplimiento de todas aquellas decisiones judiciales que inciden en los elementos del programa nacionalista». Prueba de ello es la desobediencia reiterada a las sentencias sobre la lengua en las escuelas. Otra secuela es la «falta de neutralidad de las Administraciones. La apropiación partidista de las instituciones se traduce en la utilización de instituciones, lugares o edificios que son de titularidad pública para la emisión de mensajes partidistas o para la exhibición de símbolos que no son los comunes (banderas oficiales)».
Por último, la estigmatización y el acoso a los discrepantes. A este acoso, se suman las autoridades públicas «y luego tiene como consecuencia actuaciones violentas en la calle. Resulta inadmisible que los poderes públicos empleen el discurso del odio contra quienes discrepan de sus planteamientos políticos». Cita directamente el acoso sufrido por el juez Pablo Llarena (su casa fue marcada por grupos extremistas, que también trataron de realizarle escraches) y por la organización juvenil S’ha Acabat, reiteradamente boicoteada y agredida por plataformas radicales en varios campus universitarios mientras la consejera de Universidades o el propio presidente de ERC justificaban el acoso.
El informe alerta de que la utilización partidista de las instituciones ya no se da solo en Cataluña, sino que ha saltado el resto de España. Además, denuncia el abuso de la legislación de emergencia y de la utilización espuria, por parte del Gobierno en funciones, de la figura de proposición de ley para evitar los informes preceptivos y controles de la legislación normal. Por último, recoge el control político de RTVE, de la Agencia EFE y «la opacidad en la transferencia de fondos públicos a los medios privados», así como las restricciones a los medios críticos con el Gobierno: tanto en Madrid como en Barcelona se han dado casos de vetos de la Administración a determinados medios y periodistas críticos con el poder.
El panorama es desolador. El informe pone el dedo en la llaga y advierte que «el deterioro del estado de derecho se traduce en las amenazas a la independencia judicial; la tolerancia hacia ciertos delitos, incluida la malversación, con el agravante de que esa tolerancia opera en función de la vinculación de los delincuentes con los partidos de gobierno; la utilización partidista de las instituciones y la falta de independencia de los medios públicos de comunicación. Estos ataques a las reglas de funcionamiento de una democracia sana se encuentran vinculadas entre sí y unidas a un discurso político que, si bien en sí mismo no puede considerarse —a nuestro juicio— como contrario al estado de derecho, sí ejerce un papel legitimador de las prácticas anteriores». En resumen, «en su conjunto, nos encontramos ante una situación en la que, creemos, ha de actuarse con determinación, porque de otra forma la deriva antidemocrática podría llegar a ser difícil de revertir«.
