Éric Dupont-Moretti, Ministro de Justicia francés, fue declarado inocente este miércoles por la Corte de Justicia de la República (CJR) en París. Un Ministro de Justicia enviado al banquillo por la justicia. Estaba acusado de haber usado el cargo para ajustar cuentas –supuesto conflicto de intereses, penado con hasta 5 años de cárcel y 500.000 euros de multa- con jueces y fiscales a los que se había enfrentado antes de su salto a la política, año 2020, como uno de los abogados más brillantes de Francia, un letrado polémico e histriónico, un tipo muy rico, un mal enemigo al que resultaba difícil enfrentarse en Sala. Si bien esperado, el fallo de la CJR (la instancia que entiende de los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de su cargo) ha sido recibido con polémica, particularmente por parte de la izquierdista Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon: “Aunque el proceso demostró sin la menor duda su culpabilidad, una mayoría de jueces parlamentarios ha optado por absolverlo. Estamos ante una decisión política del tribunal político donde se sientan sus amigos”. Emmanuel Macron respiró aliviado al conocer la sentencia.
Un veredicto de culpabilidad hubiera acabado con la carrera política del titular de Justicia, provocando al tiempo una crisis de Gobierno en el peor momento en lo que a popularidad se refiere del presidente galo. Dupont-Moretti es una apuesta personal de Macron, casi un capricho. Pero no acaban aquí las preocupaciones del mandatario: en los tribunales tiene también al ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, y al anterior ministro de Justicia, François Bayrou.
En Francia, la Justicia funciona. En Francia, un país asediado por problemas de todo tipo, la rendición de cuentas está a años luz del puerto de Arrebatacapas en que se ha convertido España. Nuestro país ha vivido otra semana convulsa por culpa de un Gobierno cuyos miembros se pasan la Ley por el arco de sus caprichos, empezando por el propio presidente. Un territorio sin ley. ¿Osaría alguien pleitear con alguno de los miembros de este Ejecutivo? ¿Sería posible sentar en el banquillo al propio Pedro Sánchez? Razones no faltan. Ayer sábado, Junts y el PSOE se reunieron en Ginebra, en lugar desconocido, para seguir discutiendo cómo se trocea España a espaldas de los españoles.
El PSOE espera que el mediador salvadoreño contribuya “a alcanzar la solución política y negociada al conflicto”. Para el PSOE, España, nación de siglos, tiene un “conflicto” con unos delincuentes con los que hay que negociar. Preside la delegación socialista un antiguo electricista sin carrera conocida y cuyos méritos residen en haber sido el conductor del coche con el que nuestro pequeño sátrapa recorrió el país en su viaje de vuelta a la secretaría general del partido. Una vez concedida la amnistía, todo el mundo se malicia lo que está sobre la mesa: el referéndum de independencia para Cataluña. Y nadie duda que nuestro señorito, dispuesto a bajarse hasta donde sea menester esos pantalones que el otro día se subía, consumado patán, en presencia del rey Felipe VI, terminará tragando.
Después de lo de ayer en lugar desconocido de Ginebra, lo de Sánchez y el PSOE es de juzgado y movilización, no de Parlamento. Nunca España se vio tan arrastrada por el barro, ni los españoles sometidos a tanto oprobio. Ni siquiera en las famosas “renuncias de Bayona” en las que Carlos IV y su hijo Fernando regalaron el trono a Napoleón Bonaparte se vio nuestro país tan humillado. ¿No hay aquí materia para acusar a Sánchez de un delito de traición?
Después de lo de ayer en lugar desconocido de Ginebra, lo de Sánchez y el PSOE es de juzgado y movilización, no de Parlamento. Nunca España se vio tan arrastrada por el barro, ni los españoles sometidos a tanto oprobio
El artículo 102 de la Constitución se refiere específicamente a esta cuestión: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo”. Según regula el reglamento del Congreso (artículo 87.1) la votación es secreta.
Sánchez ha comprado a Junts su investidura a cambio de amnistiar los graves delitos cometidos contra la nación y su Constitución por el líder separatista y sus cuates durante los episodios que rodearon el 1 de octubre de 2017. Al margen del acto de suprema corrupción que supone esa dádiva, la amnistía significa, escribía Jesús Rul aquí esta semana, “que políticos catalanes protagonistas del golpe contra España en 2017 no son responsables de estos actos, convirtiéndose en “ciudadanos libres de la ley” en flagrante contradicción con el Estado de Derecho, piedra angular del sistema constitucional”.
De aprobarse la ley, Puigdemont pasaría a ser un “civis absoluti legibus”, (ciudadano libre de la ley), de acuerdo con la formulación realizada por el clérigo y filósofo Bossuet en su defensa del poder absoluto de Luís XIV. Pero la amnistía ha venido acompañada de toda una serie de gabelas adicionales entre las cuales cabe citar la condonación de hasta 15.000 millones de la deuda acumulada por los gobiernos nacionalistas de la Generalidad. Sánchez se ha comprado la presidencia con el dinero de los ciudadanos. Malversación de caudales públicos. ¿No es esto un acto de suprema corrupción? ¿No merecería delito tan grave ser llevado ante los tribunales de justicia?.
Cualquier persona podría presentar ante la Sala Segunda del Supremo una querella por prevaricación o malversación sin autorización del Congreso. ¿Quién es el guapo que se atreve en esta España narcotizada por el miedo? ¿Cómo es posible que el mosso huido a Waterloo como escolta de Puigdemont siguiera cobrando su sueldo de la Generalitat? ¿Quién está pagando los viajes de Santos Cerdán para reunirse con el prófugo? ¿El desplazamiento del susodicho a Ginebra de ayer sábado se ha pagado con dinero público? ¿Quién va a correr con los honorarios del “mediador” salvadoreño y toda su cohorte? Sería interesante ver cómo interpretó esos supuestos delitos el actual Fiscal General del Estado, un tipo achicharrado después de que el CGPJ le declarara este jueves no apto para el cargo, cuando se desempeñó como Fiscal Anticorrupción en Galicia.
En el caso de la Fundación Cela, acusó por malversación solo por pagar el despido del gerente lo que estipulaba el estatuto de los trabajadores. Si Álvaro García Ortiz aplicase los criterios de los que hizo gala en Galicia, debería proceder a querellarse contra Sánchez y toda su tropa por una acumulación de casos. En realidad no podría hacer otra cosa sino querellarse contra quien lo ha nombrado. Leído el viernes en Vozpópuli: “El PP busca acorralar a Bolaños por usar medios del Gobierno en funciones para redactar la Ley de Amnistía” (…) “El Gobierno maniobra para ocultar los viajes de los altos cargos de Yolanda Díaz y Magdalena Valerio en Trabajo” (…) “Sánchez coloniza los ministerios con cargos afines: `Este es el verdadero muro del PSOE´”. “El 60% de los receptores de los fondos UE son entes públicos, que además captan el 88% del dinero acumulado”. Prevaricación al por mayor. Malversación de cualquier cuantía.
Si Álvaro García Ortiz aplicase los criterios de los que hizo gala en Galicia, debería proceder a querellarse contra Sánchez y toda su tropa por una acumulación de casos
Hoy es imposible asistir a una reunión de abogados donde no salga a relucir “la prevaricación de Sánchez” en el ejercicio de su cargo. Lugar común. Es cierto que delimitar la extensión del dolo para concluir si el presidente puede ser sujeto pasivo de una investigación penal solo puede ser materia de expertos, asunto que rebasa con mucho los límites de este artículo, pero sorprende en grado sumo el silencio de la sociedad civil a la hora de tomar alguna iniciativa en este sentido ante un personaje que está llevando a la nación a una situación límite, posiblemente de no retorno.
Un país que parece haber agachado la cabeza acomodándose a su suerte con resignada indiferencia. Un país tan devastado por los escándalos, tan acostumbrado a la diaria serie de horrores, que parece haber perdido toda capacidad de reacción. Tenemos un ministro del Interior que presume de haberse ciscado en las sentencias favorables, incluso del Supremo, al coronel Pérez de los Cobos y ahí sigue alegremente triscando del cargo. La palabra que define la situación desde junio de 2018 es corrupción, corrupción política o la asociación perfecta entre delincuencia y política.
En este país se ha sentado en el banquillo a concejales chorizos por firmar una licencia de edificación al corrupto del pueblo, pero el gentío asiste indiferente al itinerario de un presidente que regala el Sáhara a Marruecos sin la menor explicación, que quiebra el Estado de Derecho, compra su investidura con dinero público, y rifa el destino del país en Suiza con “mediadores” de chichinabo, y nadie reacciona, nadie se mueve, nadie se rebela. Y todo lo hace por “bemoles”, pro domo sua, en su personal beneficio.
Y no es que falten bufetes de postín con capacidad más que sobrada para jugarse el tipo en defensa de España, ni heroicos empresarios dispuestos a escurrir el bulto cuando de enfrentarse al signatario del BOE se trata. Silencio y cobardía. En Francia, la Justicia ha sentado en el banquillo a Dupont-Moretti; en España es Sánchez el que quiere sentar a los jueces en el banquillo. Pedro, en efecto, ha declarado la guerra a la Justicia. Algunas togas se han rendido ya, pero la mayoría se mantiene firme en la trinchera de la defensa del Estado de Derecho. Una guerra plena de significado, porque el jefe mafioso sabe bien que son los jueces los que pueden colocarle un día no lejano entre rejas. A él y a toda su banda. ¿Alguien se atreverá algún día a meter en la cárcel a Pedro Sánchez Pérez-Castejón?
