Los agentes de la Guardia Civil que trabajaron en OCON, la unidad de élite creada para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, defiende su trabajo en las operaciones en las que usaron balizas no oficiales para perseguir a los capos de la droga.
Mandos del citado grupo explican a El Independiente que los mecanismos de seguimiento tenían el visto bueno de la Fiscalía y de los jueces que dirigieron las distintas operaciones. «No eran ilegales porque las aprobaba la autoridad judicial competente». Los investigadores están tranquilos con su trabajo, que «siempre se hizo bien», y no temen que las causas abiertas contra los clanes de la droga se reviertan.
Esta semana, Abc ha publicado una serie de informaciones en las que un cabo de la Guardia Civil apunta a que en todas las operaciones del narcotráfico, incluidas las de OCON, se utilizaron «balizas ilegales». Según el citado medio, la defensa jurídica del agente ha entregado «un escrito de 66 páginas en el que detallan prácticas presuntamente ilegales» y que podrían acarrear que «toda la información y pruebas obtenidas a través de las mismas es nula de pleno derecho».
Este agente es el cabo Manuel Miralles, quien fue responsable de Medios Técnicos del grupo OCON durante un tiempo. Las fuentes consultadas explican que el guardia llegó al equipo recomendado desde Madrid y que trabajó perfectamente hasta 2021. En plena pandemia el cabo enfermó, por lo que tuvo que coger una baja. Al ver que el tiempo de indisposición se alargaba, se le terminó quitando del equipo.
OCON se creó a principios de 2018. La incesante entrada de droga por el Estrecho de Gibraltar llevó al Ministerio del Interior a poner sobre el terreno a una unidad especializada para combatir a los clanes más poderosos. Entre algunos de sus logros está el desmantelamiento del clan de Los Castañas. El quipo lo integraban unos 150 agentes que estaban disponibles las 24 horas de los siete días de las semans. El trabajo conllevaba muchas horas extras, por lo que los sueldos se incrementaban considerablemente. «Unos 2.000 euros más al mes. Cobrábamos más, claro, pero también trabajábamos como ningún otro», señalan las fuentes consultadas. Interior le puso fin a su actividad de manera fulminante en septiembre de 2022.
Cuando Miralles terminó saliendo de OCON por su largo periodo de inactividad, intentó volver en varias ocasiones. «No terminaba de recuperarse, así que se le terminó decomisando del servicio». Algunos agentes creen que ese puede ser el motivo por el que ahora arremete contra el trabajo de sus antiguos compañeros.
Otra teoría es que haya llegado a algún tipo de pacto con la Justicia. Miralles fue enviado a prisión el pasado 21 de abril por revelación de secretos. Según el citado medio, por «facilitar información a un grupo de narcos dedicados a la marihuana». «Por lo visto también se juntaba con algún abogado que suele defender a esta gente», apunta otro agente. «No descarto que haya llegado a algún acuerdo con Asuntos Internos».
En la unidad de élite creen que dentro de la unidad que investiga a los agentes de la Guardia Civil había «envidias» contra el éxito de OCON. «Ver todos los días que otros se llevan los méritos no sienta bien a todo el mundo», señalan. Relacionan estos supuestos celos con la causa que se le abrió al jefe del equipo, el teniente coronel David Oliva, en la Audiencia Nacional, por revelación de secretos y cohecho por intentar averiguar, supuestamente, si los propios Asuntos Internos le estaban investigando. La causa la lleva ahora un juzgado ordinario.
Los antiguos integrantes del equipo están tranquilos. Saben que su trabajo se hizo conforme a la ley y que las causas no caerán. Por el momento no sopesan emprender acciones legales contra el agente que les acusa de usar métodos «ilegales» para atrapar a los delincuentes: «No merece la pena, y al final a la única a la que se daña es a la Guardia Civil».
Las fuentes consultadas reconocen que se usaron balizas no oficiales de la Guardia Civil, pero siempre «con el visto bueno de la Fiscalía y de los jueces». «Se compraban en AliExpress o Amazon, pero antes se ponía en conocimiento de la autoridad y nos daban el okay. Es como si hago una foto con mi móvil y me dicen que no vale porque no es material oficial».
Los sistemas de seguimiento de la Guardia Civil llevan un sistema por el que sólo el agente encargado de ellos puede acceder a los datos con unas claves propias. Su valor oscila entre los 2.000 y 2.500 euros, bastante más que las que adquirieron los agentes. «Lo hacíamos porque la realidad es que el dinero que teníamos no llegaba para todo. Lo pagábamos de nuestro bolsillo, así que hasta le hemos ahorrado dinero al Estado», apostilla con sorna un mando del equipo.
«Además, las tarjetas SIM que llevaban estaban a nombre de un guardia civil que tuvo que dar su DNI para comprarlas. En qué cabeza cabe que yo voy a poner una baliza ilegal con los datos de un compañero», añaden. Señalan que si lo que dice el cabo Miralles fuese verdad, él también tendría mucha responsabilidad al ser el encargado del equipo que se dedica a la colocación y rastreo de los sistemas de seguimiento.
