La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se ha sumado a la oposición de los jueces de todo el país a la Ley de Amnistía y las acusaciones de “lawfare” que han suscrito PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. En el texto, se adhieren al publicado este jueves por las cuatro asociaciones judiciales y muestran su rechazo a las referencias a la “judicialización de la política” y sus consecuencias.
Como se indica en el comunicado, el texto contiene “explícitas referencias” a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria “a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política”. “Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, han señalado.
Por ello, consideran, “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley”, por lo que esas expresiones “no son aceptables” porque “traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, han mantenido.
