El consejero del órgano de gobierno de los jueces considera que la medida de gracia que ultima el Gobierno supone «degradar la función judicial y con ello el Estado de derecho»
Es uno de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han llevado al Pleno de la institución a debatir el próximo lunes un posicionamiento rotundo en contra de la amnistía. Porque José María Macías alerta de que la medida puede suponer «la voladura del Estado de derecho en España».
¿Por qué debe pronunciarse el CGPJ sobre la amnistía?
Por que afecta al poder judicial. La amnistía supone degradar la función judicial y con ello el Estado de derecho porque es, a mi juicio, una fórmula no constitucional, estableciendo una excepción no justificada, para hacer inefectivas las sentencias, que es el medio por el que se consigue que todos los ciudadanos respondan de igual manera ante la ley. Por lo tanto, en defensa de la integridad de la jurisdicción y de la propia Constitución, un órgano constitucional debe ser responsable y manifestarse, y eso se pretende que haga el Consejo.
¿Las consecuencias para la Justicia son irreparables?
Creo que son irreparables. Consolidar una democracia y un Estado de derecho no es una cosa que se consiga de un día para otro, exige una generación, y una vez que se destruye, para volver a recomponerlo se va a necesitar otra generación. No acabo de entender cuál es la necesidad de que, para que alguien pueda mantenerse en el Gobierno se tenga que destruir el trabajo de toda una generación que se esforzó mucho por conseguir un marco de convivencia.
¿En qué posición deja al Tribunal Supremo la medida de gracia?
Absolutamente desacreditado, en perjuicio de los ciudadanos. La seguridad jurídica que implica que lo que un juez resuelve en derecho se cumple desaparece, se volatiliza por completo con una ley de amnistía como esta que va a acoger toda una década de impunidad de gravísimos delitos que el Tribunal Supremo declaró que lo eran y que ahora, sin embargo, se va a considerar que no tienen la menor relevancia. Es la desacreditación, no solo del Tribunal Supremo, sino de la Justicia en España, y eso como mensaje, que va a circular además por toda Europa, es terrorífico.
En la declaración institucional que el CGPJ debatirá el lunes afirman que Pedro Sánchez confunde sus interés personal con el interés de España. ¿Por qué?
Porque lo puso de manifiesto él con la explicación muy evidente que dio el día 18. Yo era partidario de que el Consejo no debía hacer manifestación alguna hasta que conociéramos el texto de la proposición. Pero su declaración me hizo cambiar radicalmente de opinión, porque allí se proporcionaba la explicación real de la finalidad de la ley. A partir de sus palabras, cualquier cosa que se indique en el preámbulo de la ley para justificar su aprobación va a ser pura apariencia. La realidad ya la explicó él: que la proposición es necesaria para impedir que en España haya, fruto de una nueva convocatoria electoral, un gobierno de partidos de derecha. En eso consiste, según él, el interés de España, en que él gobierne. No hay desde luego ningún bien jurídico constitucionalmente protegido que consista en que gobierne una precisa persona y no puedan hacerlo partidos de otra ideología. No solo no existe, sino que lo que protege la Constitución, el pluralismo político, apunta precisamente en la línea contraria: que jamás se podría aprobar una ley en España con la finalidad que pretende el presidente del Gobierno.
El Gobierno defiende que mejorará la convivencia en Cataluña y permitirá avanzar en la normalización de la crispación social. Como catalán. ¿comparte ese argumento?
Para nada. Todo lo contrario. En primer lugar es groseramente mentira esa afirmación en este momento, cuando ya esa crispación no está en la calle, cuando lo que queda de eso es un prófugo huido de la Justicia y oculto en Waterloo. Frente a lo que sucedió en 2017 y la reacción del Estado, ahora el mensaje a los que en su día incumplieron la ley es que la sigan incumpliendo. Como lo que paró en su día el golpe que se quería dar desde las instituciones catalanas fue la acción de la Justicia, al desacreditarla ahora se está dejando muy claro a quienes no quieran cumplir la ley, y solo se frenan por el temor a la acción de la Justicia, que ese temor no está justificado porque a la Justicia se le puede parar. El efecto que eso va a producir lo vamos a ver y no en demasiado tiempo.
El Pleno se ha convocado antes de conocerse la proposición. ¿No cabe que sea constitucional?
No, ya no puede serlo. Conociendo la razón real que explicó el presidente y que la motivación que se traslade al preámbulo no es la real, lo único que de verdad tendríamos que agradecerle es su desconcertante sinceridad el día 28, porque lo único relevante de la proposición de ley era su justificación. Al margen de que yo crea que una ley de amnistía sea una fórmula para llegar a un indulto general prohibido por el artículo 62 de la Constitución, y que por lo tanto no caben las leyes de amnistía, la identificación de un posible bien jurídico constitucional superior tenía que producirse en el preámbulo de la ley. Pero después de la explicación que dio el presidente ya conocemos la justificación real, por lo que no tiene ningún sentido esperarse a conocer la justificación falsa y aparente que se va a proponer.
Desde el Gobierno se considera que un CGPJ en funciones no está legitimado para defender el cumplimiento de la Constitución. ¿Le sorprende el argumento?
Me sorprende y me horroriza porque veo que la noción de la democracia, del derecho a expresarse y a emitir opiniones está tomando una deriva singular: solo tiene derecho a ello el que coincida con lo que está diciendo el Gobierno. Desde el punto de vista legal, el Consejo tiene perfecta legitimidad mientras esté en funciones a seguir actuando como lo que es, el órgano de gobierno de los jueces, mientras el Parlamento –en el que están quienes niegan esa legitimidad– no cumpla con su obligación, que es llegar a los consensos exigidos por la Constitución para que se produzca la renovación. Mientas eso no suceda, va a seguir defendiendo el Estado de derecho y la independencia judicial. Lo que me resulta sorprendente es el autoritarismo, el sectarismo y la absoluta desfachatez en el ejercicio tiránico del poder que demuestran quienes pretenden que aquí todo el mundo esté callado porque no soportan la crítica.
Los vocales progresistas entienden que el CGPJ no puede pronunciarse sobre la amnistía y alguno amenaza incluso con no acudir al Pleno para que no haya quórum suficiente.
Vamos por partes. El vocal progresista soy yo. Si el progreso implica respeto al Estado de derecho y al marco constitucional, defender la igualdad de todos los españoles en la aplicación de la ley –que no creo que haya algo más progresista que eso–, eso lo estamos defendiendo los vocales que hemos firmado la declaración. Si se refiere a los vocales propuestos en su día por el PSOE y por el PNV, yo solo conozco la referencia de uno de ellos, que no es que fuera propuesto por el Partido Socialista, es que salió del Congreso y creo que todavía debe tener el carné del PSOE en la cartera. Lo que está propugnando es el incumplimiento de los deberes del cargo de vocal, pues asistir a los plenos y comisiones a los que sea convocado es el principal. Creo que alguien que quien propone incumplir los deberes del cargo lo que tiene que hacer inmediatamente es dejar el cargo. Dicho esto, probablemente ni él vaya a seguir la propuesta, como cuando planteó que los vocales dimitieran colectivamente y se quedó bien amarrado al cargo sin dar ejemplo. Supongo que volverá a pasar lo mismo.
Dado que parte del independentismo sigue sin renunciar a la vía unilateral, ¿una futura respuesta judicial a comportamientos similares a los amnistiados quedaría desde ahora debilitada?
Totalmente. Si algo reveló la que no puedo considerar afortunada respuesta del Ejecutivo a los episodios de 2017 –se reaccionó tarde e improvisadamente y eso en parte exacerbó el problema– fue que los únicos que pararon la ofensa inconstitucional y el ataque al Estado fueron los jueces. Y eso el independentismo lo ha identificado perfectamente. Por eso la Justicia se ha convertido en su objetivo y de ahí la necesidad de desacreditarla. Y por eso es incomprensible que un Gobierno mínimamente razonable haya accedido a desacreditar la Justicia, porque eso va a debilitar al Estado cuando se reproduzcan conductas contrarias al Estado de derecho, lo que supone un grave riesgo: que la respuesta judicial, una vez desacreditada la Justicia, no pueda ser ni tan efectiva ni tan contundente como fue en 2017. La primera y la única línea de defensa del Estado, que han sido los jueces, se está debilitando muy notablemente.
Dado que desde la Comisión Europea se insiste en que la malversación es uno de los delitos bandera de la corrupción. ¿Qué supone que se amnistíe a políticos que han sido condenados precisamente por este delito?
Con carácter general, el planteamiento de una ley de amnistía en esos términos es contrario al Estado de derecho, al principio de seguridad jurídica y a la independencia de los tribunales. Eso en sí mismo supone que algunos principios del Tratado de la Unión Europea son directamente violentados. Pero si encima ya se hace sobre una concreta materia en la que el derecho de la Unión armoniza las legislaciones nacionales y España se convierte en una isla dentro de Europa en la que los delitos de corrupción son posibles, creo que puede llegar un momento en el que en Europa se cuestione si España, en estas condiciones, es un socio fiable, y no me extrañaría que se lo cuestionaran.
¿Qué espera del Tribunal Constitucional en su labor de control de la ley de amnistía?
Nada. No espero absolutamente nada. Y lamento decirlo.
Tras los indultos y la amnistía, el siguiente paso del independentismo es la autodeterminación a través de un referéndum. Aunque el TC ha reiterado que es inconstitucional, ¿cree que terminará por celebrarse con el aval del Gobierno?
Es obvio que eso está presente y que se está pactando también esa fórmula, que es todavía más groseramente contraria a la Constitución que la propia barbaridad que se va a cometer ahora. Que después se cumpla o no, a saber. Con alguien que te dice un día que determinadas cosas son inconstitucionales e imposibles y al cabo de un año afirma lo contrario… Y respecto a que el Tribunal Constitucional dijera una cosa y ahora vaya a decir lo contrario, le repito: no espero absolutamente nada.
¿Es la situación más grave a la que se ha tenido que enfrentar el actual Consejo?
Este Consejo se ha enfrentado a situaciones graves prácticamente desde el primer día. Nos hemos encontrado con todo. Desde algaradas en la calle por determinados episodios derivados de la aplicación de sentencias, como la de «La Manada», que para nosotros fue muy preocupante en lo que suponía de percepción del descontento de la ciudadanía con la Justicia, que fue un momento grave, de reflexión, hasta un golpe de mano de parte de las instituciones del ámbito autonómico del Estado contra el propio Estado. Nos hemos enfrentado a agresiones directas, a las que ahora se va a dar justificación, contra miembros del poder judicial, contra miembros del Tribunal Supremo. Me gustaría saber si los ataques directos contra un magistrado del Tribunal Supremo, encerrado con su esposa dentro de un coche mientras unos energúmenos le golpeaban el vehículo y una escolta policial intentaba sacar el coche, rodeado y atacado, se va a considerar también como amnistiado. Nos hemos enfrentado a un ataque brutal y organizado contra la Justicia empleando medios públicos para movilizar en el extranjero una opinión contraria a la Justicia española. Nos hemos enfrentado a una pandemia y a la necesidad de organizar el funcionamiento continuado de la Justicia incluso en esas circunstancias, mientras que por ejemplo el Parlamento permanecía cerrado inconstitucionalmente durante meses y meses sin acción alguna de control de la acción del Gobierno.
Nos hemos enfrentado a todo. Y esto muy probablemente sea el epílogo de este Consejo. ¿Lo más grave? Probablemente sí, porque puede implicar la voladura del Estado de derecho en España.
¿Qué papel puede jugar la Justicia europea si finalmente el Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE?
Puede jugar un papel importantísimo porque si se plantease, produce efectos suspensivos, no de la ley, pero sí la suspensión del procedimiento al que deba ser aplicada, por lo que el archivo de la causa tendría que esperar a lo que diga el Tribunal de Justicia de la UE. Si acaba confirmando, por ejemplo, que amnistiar delitos de corrupción a autoridades públicas no es compatible con el derecho de la Unión, el Tribunal Supremo tendrá que aplicar ese criterio y no archivar, continuando con el procedimiento por delitos al menos de malversación. Entonces en España el presidente del Gobierno tendría que optar por decidir si además de perjudicar la soberanía nacional, de fraccionarla y socavarla, nos vamos a quedar aislados del resto de Europa, porque lo que resulta manifiestamente incompatible es que una vez el TJUE haya dicho, en su caso, que esa ley es contraria al derecho de la Unión Europea pretender permanecer en la UE. Tendremos que decidir entonces qué queremos: si además de ser más pequeños, estar solos.
Si finalmente el Pleno se celebra, les falta un voto para que esa condena de la ley de amnistía salga adelante. ¿Confía en que finalmente se apruebe?
Ahora solo se puede estar con el Estado de derecho o en contra. Dentro de un año o dos, incluso antes, quienes ahora están defendiendo esto es posible que tengan que ocultar el rostro de vergüenza y que se les señale como lo que hicieron posible esto. Eso es lo que tenemos que pensar los vocales, cómo se nos quiere ver dentro de un tiempo, cuando cada cual tenga que responder de sus propios actos. La responsabilidad es máxima y no cabe ponerse de perfil porque no hay perfil posible. O te posicionas a favor del Estado de derecho y de la defensa de la independencia judicial, o si no es así, estás afirmando lo contrario.
