El Gobierno se niega a incluir a estos agentes en la lista de profesiones «de riesgo», pese a que policías locales, ertzainas y mossos sí están en ella
- El «silencio miserable» de Marlaska ante las agresiones a policías y guardias civiles: «No puede quedar impune»
- La Seguridad Social inicia los trámites para la «jubilación digna anticipada» de la Policía Nacional
En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías nacionales y guardias civiles en España de los últimos quince años: treinta y cinco al día, más de mil al mes. Una trágica cifra que podría superarse este año, pese a las reiteradas denuncias de sindicatos y asociaciones, que exigen endurecer el código penal, recuperar el principio de autoridad, que se les reconozca como profesión de riesgo y más protección. «Agredir a un policía en España no puede salir gratis, ni quedar impune», alegan.
Pero sus reivindicaciones chocan contra la gran barrera del Ejecutivo y del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que dan la callada por respuesta. Un silencio que va más allá de condenar los ataques a los agentes y que se extiende a la negativa de considerar como profesionales de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles. Un rechazo que llama la atención, no solo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado «de riesgo».
Más allá de disputas políticas, esta decisión responde a una mera cuestión económica, que ahonda en el agravio comparativo ya existente entre Policías del Estado. A saber: un agente de la Ertzaintza o de los Mossos d’Esquadra puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.
Y aquí está la clave, en las pensiones. Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la «jubilación anticipada» cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales.
Hasta 12.600 euros menos al año
Desconcierta el hecho de que unos policías formen parte del «grupo de riesgo» y otros no. Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación por jubilación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico.
Así, la negativa a incrementar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en una de las principales razones por las que el Ejecutivo se niega a incluir a policías nacionales y guardias civiles en la lista de profesiones de riesgo, pese a estar más que acreditado. Las plantillas de los cuerpos estatales están envejeciendo a pasos agigantados, ya que el personal que trabaja en servicios operativos se ve obligado a permanecer en situación de activo hasta los 65 años. Así lo han denunciado en reiteradas ocasiones desde la Plataforma por una Jubilación Digna (integrada por una amplia mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales), que exige la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles.
Jubilación digna, en trámites
La Ertzaintza tiene jubilación anticipada desde el año 2008, las Policías Locales desde el 2019, y los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra desde el 2022. Una discriminación que ha llegado a los tribunales y al Defensor del Pueblo. El pasado 1 de junio, esta alta institución del Estado informaba de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, había iniciado los trámites «para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social». Lo hacía a través de un escrito, rubricado por su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril.
En concreto, apuntaban desde la Institución que dirige Ángel Gabilondo, el Ministerio habría iniciado los «estudios sobre siniestralidad, penosidad, peligrosidad toxicidad de las condiciones de trabajo del colectivo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad, como requisito previo a la aplicación de los motivos que incluyan la jubilación anticipada para este colectivo».
Así, a día de hoy, policías y guardias civiles sufren una doble discriminación. Por un lado, están aquellos que ingresaron en la Policía y la Guardia Civil antes de 2011 y cuya pensión se calcula en función del antiguo régimen de clases pasivas. Éstos recibirán una cantidad menor que aquellos que ingresaron en ambos cuerpos con posterioridad a esa fecha y se acogen al régimen general de la Seguridad Social. Para entendernos, y a modo de ejemplo, aquellos agentes acogidos al anticuado método de Clases Pasivas, 15 años de servicio significan únicamente el 26,92% del importe de la pensión resultante; mientras que en el caso de los acogidos al Régimen General de la Seguridad Social, esos mismos 15 años suponen un 50% de la pensión.
