Desde su composición en enero, el nuevo Constitucional ha afrontado una oleada de peticiones para apartar a los nuevos magistrados de temas políticos. Solo el Pleno del martes estudiará cerca de una decena de recusaciones
El actual Tribunal Constitucional (TC) está en el punto de mira. Desde su constitución, a principios de año, el foco se pone en su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y en los nuevos magistrados que lo integran, a los que les persigue la sombra de la politización del órgano. La muestra de ello es el récord en petición de recusaciones que viene afrontando en los últimos meses y que no cesa.
Tanto es así que el Pleno que ha convocado el presidente para esta semana y que abordará asuntos especialmente importantes, dedicará parte de su sesión para estudiar las recusaciones. En total se han planteado hasta nueve incidentes contra el presidente Conde-Pumpido o el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a quien se pide que se aparte de tres causas.
Además, el Pleno abordará las recusaciones contra los también progresistas Ricardo Enríquez Sancho, que integra el TC desde 2014; María Luisa Segoviano, quien proviene de presidir la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y Laura Díez. Esta última aterrizó en el TC tras ejercer como directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio que controla Bolaños.
El TC más recusado
Los magistrados conservadores tampoco se libran de estas peticiones, aunque les afecta en menor medida. El Pleno abordará igualmente la solicitud de Carles Puigdemont de que se aparten de la deliberación de varios recursos Concepción Espejel y César Tolosa.
Se trata de un movimiento que el líder independentista ha llevado a cabo en varias ocasiones en el Tribunal Constitucional y en el Supremo, donde recientemente intentó apartar sin éxito a Pablo Llarena de la causa del procés por unas declaraciones sobre la previsible ley de amnistía.
Con todo, el goteo de actuaciones contra los actuales integrantes del Tribunal Constitucional arrancó prácticamente desde su constitución a principios de año. Ya en enero, Vox pidió al TC que se apartaran Conde-Pumpido y otros tres magistrados progresistas de la deliberación del recurso contra la derogación de la sedición
El Constitucional admitió a trámite el recurso en marzo. El Pleno abordó también las recusaciones planteadas contra Juan Carlos Campo y otras dos magistradas progresistas en asuntos vinculados al Gobierno como la ley del ‘solo sí es sí’, la Ley de Memoria Democrática o el Real Decreto ley sobre las medidas de ahorro energético.
Los magistrados desestimaron las recusaciones por unanimidad y lanzaron ya un aviso a navegantes, en relación con la cascada de recusaciones que va llegando al tribunal de garantías. Al respecto, el Pleno expuso que las recusaciones masivas afectan al quórum del tribunal, lo que implica que no alcanzaría el número mínimo requerido para su constitución.
Una paralización inaceptable
En aquel momento avisaron de que dar luz verde a la cascada de peticiones terminaría conllevando una «paralización inaceptable de las funciones del tribunal». No obstante, algunos de sus miembros sí que se han apartado voluntariamente de debates que podrían poner en tela de juicio su implicación. Así, por ejemplo, Campo se abstuvo en los recursos de la ley por el ‘sí es sí’ o sobre la votación de Alberto Casero.
Del mismo modo, el exministro de Justicia se abstuvo en cuestiones de inconstitucionalidad contra resoluciones planteadas por la expresidenta del Congreso y pareja suya, Meritxell Batet.
Por su parte, la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez decidió abstenerse de la causa que heredó del magistrado saliente Antonio Narváez, relativa a los recursos de PP y Ciudadanos contra el decreto catalán que trata de evitar que se imparta el 25% del castellano en las aulas.
Pese a ello, la actuación de este Tribunal Constitucional se sigue especialmente con lupa. A la sospecha de politización del órgano se suma la palpable división entre magistrados conservadores y progresistas, que ha terminado por impulsar la creación de dos bloques significativamente opuestos en sus resoluciones.
Una de las sentencias que más ampollas ha levantado recientemente fue la conocida hace apenas unos días que avala la reforma de Moncloa para retirar las competencias al actual CGPJ en funciones. La ponencia salió adelante con el respaldo de los 7 miembros progresistas y contó con un duro voto particular que firmó la minoría conservadora.
Tensión en el Constitucional
La sentencia no se limitó a resolver sobre el recurso contra la reforma legal, sino que abordó también la forma de elección del CGPJ. El pronunciamiento se entendió como un aval previo del TC a una posible reforma del Consejo que estaría estudiando Moncloa y avivó también los ecos de la cercanía de Conde-Pumpido con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En un movimiento insólito, el departamento de prensa del TC emitió un comunicado para desmentir que la sentencia abordara una renovación futura del órgano de gobierno de jueces. «Solo una lectura fuera de contexto de la sentencia y su divulgación han generado una falsa polémica«, plasmaron en la nota.
Apenas 24 horas antes se pronunciaron también sobre la presunta existencia de un informe previo a la ponencia del recurso del caso de los ERE, que vendría a dar luz verde a los recursos planteados por José Antonio Griñán y el resto de condenados por esta macrocausa de corrupción. El tribunal desmintió dichas informaciones y dijo que no se correspondían con la realidad.
Fuentes del tribunal de garantías consultadas por este medio reconocen la tensión existente en el seno del órgano, así como la patente escisión entre los bloques. En ese contexto, esta semana que empieza se comenzarán a deliberar asuntos relevantes como el recurso de Alberto Rodríguez contra la decisión del Gobierno de retirarle su acta de diputado.
Del mismo modo, también se abordará el recurso del PP contra la decisión de Batet de no solicitar al Ejecutivo los expedientes completos de los indultos a los líderes del procés. Se trata de ponencias que han recaído en manos de magistrados progresistas y que saldrán adelante con el apoyo de la mayoría progresista, según confirman fuentes del tribunal de garantías a este medio.
