Eligio Hernández, ex fiscal general: «El único motivo de la amnistía es obtener los votos de Puigdemont para investir a Sánchez»

Eligio Hernández (El Pinar de El Hierro, 1947) obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de La Laguna y el Título de Diplomado de Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo. En 1974 ingresa por oposición en el Cuerpo de Letrados Sindicales de la antigua A.I.S.S. y en 1976 ingresa en la Carrera Judicial, destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Telde. Será en 1980 cuando ascienda a Magistrado como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En el campo de la política, bajo el gobierno del PSOE de Felipe González, fue Gobernador Civil de Tenerife y Las Palmas, en diciembre de 1982, y Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. En noviembre de 1990 el Senado lo elige como vocal de Consejo General del Poder Judicial. Desde ahí, recibirá el encargo como fiscal general del Estado, hasta junio de 1994. Ha sido distinguido con la Cruz de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Medalla al Mérito de la guardia Civil con distintivo blanco.

–Usted fue fiscal general del Estado con Felipe González, ¿cómo ha cambiado la institución desde que usted dejó el cargo y hasta ahora?

– No ha cambiado en lo esencial. Lo que pasa es que, digamos, la opinión mediática sobre el Ministerio Fiscal repite una y otra vez que el fiscal general del Estado recibe órdenes del Gobierno y las cumple. Y eso no se corresponde ni con la normativa, ni con la realidad. Yo creo que ningún fiscal del Estado recibe órdenes de un Gobierno. El Gobierno puede interesar una determinada actuación en defensa de la legalidad, cierto, pero ese el interés debe someterse al criterio de la Junta de Fiscales de Sala que informará si es procedente o no acceder a la petición del Gobierno.

Es decir, hay filtros que impiden que se cumpla, automáticamente, una orden dada por el Gobierno. Además, si los fiscales entienden que una orden del fiscal general del Estado, o de un fiscal superior, es contraria a la legalidad o improcedente por cualquier otro motivo pueden plantear que no la obedecen y será Junta de Fiscales la que decida si es o no correcta la orden dada. Y a ver qué fiscal general se atreve a llevar la contraria.

– Bueno, es que de Pedro Sánchez se puede esperar cualquier manifestación incluso las que ignoran la normativa de la Fiscalía General del Estado. Aunque el fiscal sea nombrado por el Gobierno, como pasa en la mayoría de los países de nuestro entorno, esto no quiere decir que esa designación, insisto, suponga una sumisión automática a lo que le dicte el Ejecutivo de turno.

– Ésta es una pregunta importante porque la mayor o menor vinculación política del fiscal general del Estado con el Gobierno que lo nombra no se traduce en una mayor o menor independencia en el cargo, como ya dije antes sobre la obediencia automática. El fiscal general tiene competencias plenas para los nombramientos, oído el Consejo fiscal, claro, y ahí es donde el fiscal debe tener prudencia. Y puede que algunos hayan hecho nombramientos sin seguir el criterio del mérito y la capacidad.

– Sí, esa es una de las cuestiones que más se debatió en mi época, la de la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Fiscal. Puedo decirle que a mí se me consideró como fiscal general que era, poco menos, que un lacayo del presidente González, lo cual es absolutamente incierto. Puedo afirmar que jamás Felipe González me pidió a mí algo que fuera contra la ley y siempre respetó mi autonomía. Y eso es lo que prevaleció. Por eso, después de haberme ido tengo que decir que se ha apreciado mucho mi paso por la institución, precisamente, porque fui imparcial y actué como tal.

– Y lo seguiré haciendo. En varios artículos de opinión he dicho por qué no lo es y he puesto como ejemplo la tesis del ex magistrado Manuel Aragón y, también, la opinión irrefutable de alguien que no es jurista, como Javier Cercas. Conozco juristas, algunos incluso conocidos míos, que defienden que la amnistía cabe en la Constitución pero ninguno de ellos ha sido capaz de contradecir los argumentos de Manuel Aragón.

Y luego ya, ayer… El País… que se le ve el plumero, saca una serie de sentencias que se han emitido sobre la amnistía… He tenido la curiosidad de revisármelas todas, una a una, y en las referencias indirectas que hacen queda claro que para determinar la constitucionalidad de la misma, llegado el caso, habrá que examinar cuáles son los motivos. Y aquí, el único motivo, que se podrá ocultar pero es así, pasa por obtener los siete votos de los diputados del partido de Puigdemont para investir a Sánchez. Ése es el motivo y no la pacificación de Cataluña que, a pesar del primer avance con los indultos, no se ha logrado.

– Las cesiones nunca han resuelto, ni van a resolver el tema catalán. Me considero un estudioso del caso, no digo un especialista, pero sí un estudioso y siempre que se ha perdonado a los independentistas, inmediatamente después han vuelto a ser los mismos o peores.

Los independentistas catalanes, con ERC a la cabeza, trataron de destruir a la II República con la rebelión militar del 7 de octubre de 1934, en que se declaró el estado de guerra. Coadyuvaron a su destrucción, junto con la CNT y la FAI, durante la guerra civil, traicionando a Azaña, como dejó escrito en su excelente «Velada de Benicarló», en el que acusa expresamente de traición a la Generalitat; y, traicionando, también, a Juan Negrín que, los afirmó en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, según refiere Julián Zugazagoitia. Los mismos que intentaron destruir a la democracia española de 1978, con la declaración unilateral independencia de 2017, la intentarán destruir de nuevo ahora bajo la amenaza de «o tornarem a fer», traicionando a Sánchez y amparándose en los indultos y en la amnistía si se les concede.

– Eso dalo por hecho, pero con una particularidad muy importante: que si mañana el Parlamento catalán declara unilateralmente la independencia y la lleva a cabo con las leyes llamadas de desconexión que hubo en el 2017, ahora no se puede evitar y los españoles no pueden hacer nada porque eso ya no es delito tras derogarse la sedición. La democracia española está completamente indefensa salvo que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución que requiere una mayoría en el Senado, que la tiene el Partido Popular. Y los nacionalistas dejarían entonces al Gobierno sin apoyos. Es que ya están diciendo lo del referéndum de independencia. Ya lo están diciendo, que están de acuerdo en pedir el referéndum durante una legislatura.

La historia demuestra que el apaciguamiento únicamente aumenta las ansias del apaciguado, que considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione. Con cada concesión se verán más cerca de lograr la independencia, y, por lo tanto, redoblarán sus esfuerzos por, primero, acercarse más a ella a base de debilitar al Estado, y, segundo, conseguirla enfrentándose directamente al Estado cuando esté debilitado.

– Que están también indefensos. Borrar el procés tal y como sucedió es un ataque directo y consentido, en cierto modo, desde el Ejecutivo, ahora en funciones, contra el Poder Judicial y desacredita el papel de los tribunales de la Fiscalía durante esa causa especial que llevó a condenas no menores de hasta 13 años de prisión.

Es importante que esto se deje claro. La amnistía vulnera la división de poderes porque los jueces, según el artículo 117 Constitución ostenta la función en exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por consiguiente, la amnistía invade la división de poderes e invade las competencias de la jurisdicción penal. Eso es lo más grave. Por eso a mí me extraña que alguien como Baltasar Garzón diga que los fiscales no pueden pedir el auxilio de la Unión Europea. Es que es su obligación.

– La deslealtad es la de los catalanes contra toda España. como pasó siempre. La deslealtad previa es la que han cometido los independentistas con la democracia española y los fiscales –como es natural desde una asociación, como cualquier otra, dentro de sus competencias– pueden ejercer su libertad de expresión para plantear sus reivindicaciones ante la ante la Unión Europea. Porque la UE tiene una cierta capacidad para intervenir en las cuestiones nacionales que afectan a determinados temas.

– Otra pregunta muy importante… porque Sánchez cree que lo puede todo, hasta manipular los tribunales pero que no se equivoque porque en el Constitucional puede encontrarse con una respuesta que no le sea favorable. Cuando se publique la amnistía, el magistrado Pablo Llarena, instructor del procés, puede plantear, y la planteará inmediatamente, igual que la Sala Segunda del Supremo, una cuestión previa de inconstitucionalidad y esto suspende todo procedimiento penal en el que haya que aplicarla. La otra vía para que la amnistía termine en el TC es el recurso planteado por 50 senadores del Partido Popular o que sea el Consejo General del Poder Judicial el que presente un conflicto constitucional. En todos los casos la aplicación de la amnistía quedará en suspenso.

Pero ahora viene la pregunta clave, ¿usted confía del Tribunal Constitucional? Pues yo sí confío. A pesar de que haya habido algunos nombramientos recientes de magistrados muy partidistas –lo que es un error tremendo– yo confío en que el TC, ante un problema tan grave como el que se va a plantear con la ley de la amnistía, no deje indefensa a la democracia y al Estado de Derecho. La Corte sabe que la sentencia que dicte podrá ser revisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y no creo que quiera correr el riesgo de quedar en entredicho.