Tanto la Real Academia dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, como el Instituto Cervantes con otro catedrático al frente, Luis García Montero, de Literatura, permanecen de perfil ante las discriminaciones y perversiones lingüísticas de instituciones oficiales
La Academia de la Lengua no es el Centro Nacional de Inteligencia, ni el Instituto Cervantes el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero ambas instituciones parecen colonizadas por el Gobierno de Sánchez, igual que el CNI y el CIS. Tanto la Real Academia dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, como el Instituto Cervantes con otro catedrático al frente, Luis García Montero, de Literatura, permanecen de perfil ante las discriminaciones y perversiones lingüísticas de instituciones oficiales. Sin competencias regulatorias y bien financiadas por el Ejecutivo –25 millones a la RAE desde 2019, 38 millones extra al Cervantes desde 2021-, ambas entidades no se han manifestado ni desde posiciones académicas, culturales o pedagógicas. Su último silencio condescendiente ha sido con a la implantación en la Cámara Baja de un caprichoso multilingüismo.
La actitud neutral de Muñoz Machado y de García Montero, arrastrando a las instituciones que representan, es notoria desde que arreció la marginación del castellano en los colegios de Cataluña, particularmente con la Ley Celaá de 2020 que suprimió el español como lengua vehicular en la enseñanza. En aquella ocasión la RAE se limitó a un comunicado mezcla de ambigüedad y perogrullada, mientras que el director del Cervantes se escudó en que ese organismo solo se ocupa de la enseñanza del idioma en el extranjero. Desde entonces, Machado y Montero vanen paralelo a la política lingüística del sanchismo y el nacionalismo. Unos caminos que convergen en virtud de los notables recursos económicos que reciben de los fondos Nex Generation administrados por Nadia Calviño.
En la propaganda del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia destaca el proyecto estratégico (PERTE) Nueva Economía de la Lengua (NEL). Dotado con 1.100 millones, se han adjudicado 7,5 millones de los 30 previstos para tecnología de IA para catalán, euskera, gallego y valenciano. Otros 2,5 millones están pendientes de adjudicar a un programa de la Universidad de Salamanca y no hay más licitaciones abiertas o previstas. A la vez, en los documentos de ese proyecto estratégico prolifera la coletilla “y lenguas cooficiales” en cada referencias al español. Un reciente anuncio de la Agenda España Digital 2026, dice que el programa NEL aprovecha “el potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento económico y competitividad internacional en áreas como la inteligencia artificial”.
Asimismo la adenda al Plan de Recuperación presentada por el gobierno español en Bruselas el pasado junio para financiar con 160 millones el ‘Espacio Audio’, afirma que la finalidad de esa plataforma sonora es “poner en valor el español y también acoger la diversidad lingüística de nuestro país” . Todo ello con el objetivo marcado por Nadia Calviño de “dinamizar e internacionalizar toda la industria dedicada al audio en español y lenguas cooficiales”.
La potenciación de la diversidad y de las lenguas regionales ha adquirido una nueva dimensión en el uso de los fondos europeos relacionados para la Nueva Economía de la Lengua. Así, el acuerdo más destacado del Consejo Consultivo del PERTE de la lengua celebrado en julio, presidido por Nadia Calviño y la Comisionada Cristina Gallach, fue “potenciar todas las iniciativas relacionadas con el lenguaje claro, inclusivo y accesible” y alcanzar “un lenguaje libre de barreras por edad, formación académica o condicionamientos culturales”.
Ante ese propósito de despojar a la lengua española de “condicionamientos” académicos y culturales, tampoco han salido al paso Santiago Muñoz Machado ni Luis García Montero, siendo ambos miembros fundadores del citado Consejo Consultivo junto a personas destacadas del mundo académico y cultural como el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidad, Juan Romo, los escritores Elvira Lindo y Lorenzo Silva y treinta más, entre ellos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno Vasco y de la Xunta de Galicia.
La conjunción de los intereses de Pedro Sánchez con los de Muñoz Machado fructifica desde la primavera de 2019. El 25 de marzo de ese año se anunciaba que el Gobierno “destinará cinco millones de euros a la Real Academia Española para (…) hacer frente a su modernización y velar por el correcto uso del idioma en la era digital”. Pocos meses después el Ministerio de Ciencia asignó a la centenaria institución una subvención plurianual superior a 15 millones de euros para 2020-2022 y hace un año el departamento de Nadia Calviño le concedió otra subvención de 5 millones en contratación directa a cuenta de los Nex Generation para financiar el proyecto Lengua Española en la Inteligencia Artificial (LEIA).
Con esos recursos y su habilidad negociadora, Santiago Muñoz Machado ha sacado a la RAE de la indigencia presupuestaria y escasa actividad, situándola en la investigación sobre tecnología del lenguaje. A cambio, el director de la Docta Casa, y la institución como tal, se han abstenido de cualquier observación sobre el tratamiento que recibe la lengua española desde el gobierno de Pedro Sánchez, por acción u omisión, en su afán de satisfacer a sus aliados independentistas fundamentalmente en el terreno de la enseñanza. Incluso a Muñoz Machado, jurista de prestigio, no se le conoce criterio sobre el conflicto por el incumplimiento de las sentencias del TSJC y TS que dictan al menos un 25% de la enseñanza en español.
Ante ese y otros atropellos a la lengua sobre cuyo uso vela la Real Academia, no ha salido ninguna
consideración de quien ha ingresado 25 millones de euros en cinco años. Es un silencio frente a un conflicto sociopolítico que suena a contraprestación a Sánchez y Calviño, más llamativo aún por cuanto el director de la Academia de la Lengua siempre se ha desempeñado como entendido en política autonómica, simpatizando hasta poco antes del procés con la equidistancia y cierta forma de derecho a decidir.
En el volumen Crónica de la lengua española 2021, editado por la Academia Española y la asociación de Academias de América, Muñoz Machado firma un capítulo sobre las lenguas cooficiales en España. A la luz de la Constitución de 1978 Machado sobrevuela con fría prosa jurídica, abstrayéndose de la realidad, sin sentimiento o referencia a los agravios de que es objeto el español. Comprometido el Gobierno con sus aliados nacionalistas y mirando para otro lado la institución destinada a velar por los usos lingüísticos y “conservar el genio propio de la lengua”, la resistencia en Cataluña a la hispanofobia en la enseñanza queda en manos de una entidad cívica sin subvenciones ni padrinazgos, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, impulsora de la plataforma Escuela de Todos en defensa del 25% de enseñanza en castellano.
La estrategia del Gobierno sanchista con la lengua española oscila entre su impulso tecnológico para justificar ante Bruselas los 1.100 millones del PERTE lingüístico y las concesiones a los nacionalistas. El interés del equipo nombrado por Calviño para la NEL por las lenguas territoriales y el lenguaje inclusivo y diverso va paralelo a la ralentización de los proyectos en este área. Muestra del caos y la confusión es lo que sucede en torno al Observatorio Global del Español, bajo la tutela del Instituto Cervantes. Su creación fue anunciada por el Ministerio de Asuntos Económicos el 7 de junio de 2022, como acuerdo del Consejo de Ministros. La creación volvió a anunciarla el ministro Félix Bolaños (9/9/2022) y la repitió por tercera vez el presidente Sánchez (7/12/2022) en la firma del convenio del Instituto Cervantes y el gobierno de La Rioja para crear ese Observatorio más un Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, dotado con 44 millones, del que nada más se ha sabido. Entre medias, la Comisionada para la NEL, Cristina Gallach, aseguró (el 14/9/2022) que ya habían comenzado los trabajos del Observatorio.
La atropellada gestación del Observatorio Global del español se ha prolongado en el tiempo. El 7 de marzo de este año, en la respuesta del Gobierno a diez preguntas de la senadora Lourdes González (PP) aporta estos datos: el Observatorio del Español tiene previstos siete puestos de trabajo, pero no ha contratado a nadie, ni tiene sede social ni web oficial, ni ha recibido cantidad alguna del Instituto Cervantes en 2022. Una respuesta que desmiente lo afirmado por la Comisionada Gallach seis meses antes. La última sombra de duda sobre la puesta en marcha de un organismo creado hace quince meses, sin domicilio, ni web, ni personal contratado y al que los PGE destinan 1.147.490 €, es que el día 11 del mes pasado ha finalizado la presentación de solicitudes a la convocatoria de director del Observatorio Global del Español, con remuneración anual de 71.550 €.
La intervención del Cervantes en el Observatorio del Español permanece inédita, no así la gestión de los 38 millones de euros del PERTE de la Lengua asignados al organismo de Luis García Montero, de los que asegura haber dispuesto ya de 24 para su digitalización. La renovación tecnológica de este centro gubernamental, que ha incluido 646.117 € en contratación externa de diseño de identidad de marca del Instituto, también alcanza a las lenguas cooficiales como “concepto de ciudadanía democrática que privilegia los principios de pluralidad y respeto a las diferencias”. O, como soltó Pedro Sánchez el pasado día 25 en la sede del Instituto Cervantes, mientras se polemizaba por la implantación de lenguas regionales en el Congreso, porque “la pluralidad lingüística es un valor único que nos define y, sencillamente, nos hace ser como somos”, aseveración que remató con un deseo revestido de ternura en plena negociación con Puigdemont: “Reivindico que podamos llamarnos unos a otros: meus amigos, amics meus, lagunak, amigos míos”.
