Propone una ayuda de 750 euros destinada a las familias para que puedan pagar la hipoteca
Nueva visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a Cataluña, la cuarta en apenas unas semanas. Un desembarco con parada en Tarragona, ciudad clave para los intereses populares, y en la que el dirigente ha aprovechado para cargar contra la ley de Vivienda aprobada hace 24 horas por el Congreso. «No tenemos una buena ley de Vivienda desde ayer. Estamos peor de lo que estábamos. No es fácil aceptar que la ley de Vivienda en España sea el precio que tiene que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en su vivienda, en el Palacio de la Moncloa».
A su juicio, la nueva normativa es «intervencionista, populista y poco seria» al haber sido «dictada por Bildu», que se suma a las propuestas «electoralistas de Sánchez». «A ver cuántos pisos ofrece hoy», ha lanzado sobre el carrusel de promesas en materia de vivienda que el presidente Pedro Sánchez acumula en los últimos días.
«El precio del alquiler del Palacio de la Moncloa es aprobar esta ley de la Vivienda», ha reiterado. Así de contundente se ha expresado en un un acto con el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, la eurodiputada Dolors Montserrat, y la candidata en Tarragona, Maria Mercè Martorell.
Feijóo incide así en la dependencia del Gobierno de ERC y Bildu, una circunstancia acentuada después de la aprobación de la norma en el Congreso sin la mitad de los socios de investidura, sin PdeCAT, Junts y PNV. Estos tres partidos se descolgaron de la ley, niegan su apoyo al Ejecutivo con críticas directas a la norma por «invasión de competencias».
De hecho, Feijóo ha contratacado este viernes con nuevas medidas y ha propuesto una ayuda de 750 euros destinada a las familias para que puedan pagar la hipoteca, o crear un fondo solidario.
Además, ha hecho especial hincapié en el escudo anti okupaciones que el PP lleva reclamando desde hace meses, un problema con especial incidencia en Cataluña al concentrar la mitad de las que se producen en toda España. Entre las iniciativas populares se encuentran los desalojos exprés en 24 horas y la petición al Gobierno de reforzar las penas por delito de usurpación de vivienda, con hasta 3 años de cárcel.
También la propuesta de considerar nula la inscripción de un okupa en padrón oficial; devolver las cantidades abonadas por al propietario de esa vivienda que ha sido ocupada, el IBI del ayuntamiento en cuestión y el Impuesto de Patrimonio -si lo hay- por el periodo que haya durado la ocupación ilegal de la vivienda; o prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio.
