Raquel Sánchez y su predecesor Ábalos gastaron un total de 130.000 euros en el servicio de limpieza de una casa por la que no paga ni un euro
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez gastó el pasado año 44.000 euros en menaje del hogar, limpieza y jardinería a lo largo de 2022, según consta en la documentación oficial a la que ha accedido El Debate.
No es la única cantidad estratosférica que el erario público dedica a mantener la vivienda de Sánchez, por la que no paga ni un euro en concepto de alquiler y que para el Gobierno no consta tampoco como pago en especie, tal y como es preceptivo en los directivos de empresas privadas cuando le ponen a su disposición bienes y servicios similares.
EXCLUSIVA | LOS LUJOS DE LOS MINISTROS DE SÁNCHEZ (I)
María Jesús Montero gastó 24.000 euros en instalar una cocina nueva en una casa con todos los gastos pagados
Porque a esos 44.000 euros gastados en menaje o jardinería se le añaden otros 300.000 euros desde 2019 hasta marzo de 2022, que son los gastos imputables a este Ministerio, antes dirigido por José Luis Ábalos y ahora por Raquel Sánchez desde julio de 2021, por conceptos de todo tipo: más de 130.000 euros en servicio de limpieza, 45.000 euros en pocería, casi 13.000 en cerramientos de aluminio o 9.000 euros en toldos y cerca de 8.000 euros en mobiliario y complementos para el hogar.
La cifra total de gastos para adornar, adecuar y mantener la vivienda actual de Sánchez, ubicada en Madrid en una dirección no precisada por razones de seguridad, llega a los 340.000 euros, e incluye el abono de la factura eléctrica, de tributos como el IBI o hasta la reforma de un semisótano que costó la friolera de 46.000 euros.
A nada de ello le dedicaron un solo euro de su retribución la ministra o Ábalos: el presupuesto público corrió con todos los gastos, en la misma línea que sucede con otros ministerios que, como viene revelando El Debate, sufragaron facturas como la de 24.000 euros para una cocina nueva en el inmueble privado utilizado por María Jesús Montero.
Detalle de algunos de los gastos de la vivienda de la ministra Paula Andrade
El listado íntegro de gastos en beneficio de la comodidad de Ábalos y ahora de Sánchez hubiera supuesto dedicar todo su salario bruto de cuatro años a pagarse la reforma y mantenimiento de esa vivienda, sin contar con el alquiler que también hubiera tenido que sufragar.
La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es de 79.415,16 euros, inferior a los 83.500 euros que, de media anual, ha costado ponerle a Ábalos y su sucesora una vivienda a su gusto con todas las comodidades.
La ministra pasó la factura al Ministerio hasta de la compra de dos vidrios y de mobiliario y complementos para la casa que no le cuesta ni un euro
El desglose de todos los gastos asumidos por el erario aparece en un informe de dos páginas que, bajo el epígrafe «Anexo: importes abonados vivienda Ministra 2019-2022», complementa otro de dos páginas también, firmado en marzo por la directora general de Organización e Inspección del Ministerio, Belén Villar Sánchez, en propiedad de este periódico.
En él, se intenta justificar el uso y los gastos de esa vivienda con el siguiente argumento: «Se informa de que la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al igual que ocurría con sus predecesores en este cargo, tiene asignado el uso de un inmueble de dominio público de los previstos en el artículo 5.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Ningún otro alto cargo de este Departamento disfruta de vivienda oficial».
Hasta facturas por vidrios
La Ley 33/2003 de 3 de noviembre que regula el Patrimonio Público, sí recoge, según las fuentes jurídicas consultadas, el criterio de adjudicación de viviendas para los altos cargos ministeriales y también el uso privado de las mismas.
El truco está en que son los propios ministros quienes deben concederse a sí mismos tal autorización. Y esta, según ha podido saber El Debate, no existe, como tampoco los informes previos que la ley exige.
Así consta en un documento que obra en poder de este periódico, firmado el pasado 22 de marzo por Juan Tejedor Camero, Director General de Patrimonio del Estado y subordinado de la ministra de Hacienda Montero, en el que reconoce tan sorprendente realidad de manera elocuente:
«No se han emitido informes ni autorizaciones por la Dirección General del Patrimonio del Estado ni se tiene conocimiento en este Centro Directivo del eventual otorgamiento de autorizaciones de uso por parte de Departamentos ministeriales u Organismos públicos».
«Respecto de los gastos en que pudieran incurrir, estos parecen quedar sumidos en una zona gris y sujetos a la voluntad del Presidente del Gobierno, aumentando así de hecho unos ingresos que van mucho más allá de lo que el Portal de Transparencia publica como retribución oficial», concluyen las mismas fuentes jurídicas.
«Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público», reza literalmente el artículo utilizado por el Ministerio para escudarse y justificarlo todo.
El gasto del Ministerio de Sánchez en menaje, jardinería o limpieza supera incluso a los 24.000 euros de Montero en poner una cocina nueva
Entre los gastos simbólicos, no por su cuantía pero sí por su naturaleza, llama la atención que Sánchez pasó dos facturas de un total de 500 euros por la sustitución de sendos vidrios en una residencia sobre la que no mantiene contrato de alquiler alguno pero utiliza, mientras ocupa el cargo, con carácter estrictamente privado.
La ministra de Transporte, en el ojo del huracán por los errores en el diseño de trenes para Cantabria y Asturias o por los problemas en el servicio de Cercanías en la Comunidad de Madrid, fue especialmente dura con la insolidaridad fiscal que, a su juicio, supuso la decisión de Ferrovial de trasladar su sede central a los Países Bajos, pese a que ello no afectaba ni a su plantilla nacional ni al pago de tributos en España por su actividad local. Pese a ello, la titular de Transportes denunció que esa medida muestra «el poco compromiso social de aquellos que muchas veces se señalan como patriotas».
