Ferrovial entiende que no necesita ningún permiso del Gobierno para irse a Países Bajos

La compañía asegura que el escudo anti-opa no es aplicable a la fusión de dos de sus sociedades

Ferrovial entiende que no necesita ningún permiso del Gobierno para ejecutar el traslado de su sede social a País Bajos. Así lo han explicado fuentes de la compañía, que creen que el escudo levantado por el Ejecutivo por la pandemia del coronavirus para blindar a las compañías españolas del posible interés de otras extracomunitarias no es aplicable a su operación.

La compañía que controla la familia Del Pino ha planteado fusionar su matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía. En Ferrovial entienden que a la operación, al no suponer la entrada en su capital de un inversor de fuera de la UE, no le aplica el blindaje creado por el Ejecutivo. Además, añaden, se trata de la unión de dos sociedades comunitarias.

El Gobierno, a través de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró el fin de semana que está determinando si puede actuar contra el traslado de sede de Ferrovial dentro del «marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos» establecido por la crisis. Se trata de ver si «se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario», aseguró Ribera.

Con motivo de la crisis económica que generó la pandemia, el Ejecutivo levantó un escudo para proteger a las empresas clave del posible apetito inversor extranjero en un momento de importante caída del valor bursátil de algunas firmas estratégicas que ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. El paquete incluye medidas como la prohibición de que una firma de un país de fuera de la UE pueda adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones de euros; que se puedan crear compañías en territorio europeo por parte de estas empresas para burlar la restricción o la posible venta de activos.

Desde el Ejecutivo, además, consideran que los motivos esgrimidos públicamente por la compañía para justificar su traslado, como la preponderancia de su negocio internacional -80%-, la mayor facilidad para conseguir financiación en Países Bajos o la facilidad que le ofrece para saltar al parqué de Wall Street no justifican por sí solos la operación. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó el lunes que «los análisis técnicos de la CNMV no parecen dar sustancia a estos argumentos y por eso prima la impresión de una falta de compromiso con su país».