Las organizaciones agrarias de Aragón claman contra las condiciones de los seguros para la fruta de 2023

El campo aragonés se une contra «la mala práctica» de la compañía aseguradora con la fruta aragonesa tras dos años de heladas en Aragón, que ha reducido para 2023 la producción asegurable | Reclaman a las administraciones que negocien con Agroseguro ampliar el plazo para contratar las pólizas de los frutales, que finaliza el 28 de febrero

El rumor que recorría el campo aragonés a cuenta de las nuevas condiciones del seguro agrario ha tornado en clamor cuando apenas quedan unos días para que finalice el plazo para contratar las pólizas para los frutales. Las asociaciones agrarias se han puesto en en pie de guerra tras dos años de heladas consecutivas que han bastado para «herir de muerte» el sistema de pólizas, según defienden las organizaciones UAGA, UPA, Asaja, Araga y Cooperativas Agroalimentarias Aragón, que denuncian una reducción del 20% de la producción asegurable, lo que está ahuyentando a los agricultores del hasta ahora siempre cotizado seguro agrario.

La situación es la que sigue. Las heladas tardías en el Bajo Cinca, el Bajo Aragón, Calatayud y las zonas colindantes a estas comarcas se han llevado por delante la producción de fruta casi de forma absoluta. Tanto ha sido así que las indemnizaciones de Agroseguro han alcanzado cotas récord, llegando en 2022 una cifra jamás vista: 118 millones de euros, un 60% más que el año anterior. Sin embargo, nunca se habían visto heladas como esta, dicen los representantes de los agricultores, por lo que es un «error» pensar que el fenómeno se va a replicar durante los próximos años.

Agroseguro, como la empresa que es (en realidad es un monopolio estatal conformado por un conglomerado de mutuas), busca dar equilibrio a su cuenta de resultados, por lo que ha decidido cambiar las condiciones de las pólizas y asegurar menos producción por explotación que en años anteriores. Es decir, una rebaja en los kilos asegurables que «ronda el 20%», según las organizaciones agrarias, lo que implica menor riesgo para la compañía aseguradora pero mayor para quienes trabajan la tierra.

No son parcos en ejemplos en los sindicatos agrarios, así que ahí va uno de los que han expuesto en la rueda de prensa conjunta que han realizado este viernes. Javier tiene una explotación de melocotones con un valor de la producción real estimado en 150.000 euros, pero Agroseguro le permite asegurar una producción por un valor de 100.000 euros, algo que no suena raro si se comprende que la función del seguro es garantizar la recuperación de la inversión y no cubrir la pérdida de los beneficios. Sin embargo, según denuncian desde los sindicatos, al reducir la cantidad asegurada en un 20% (y sumando el 30% de franquiciado, la cuantía que percibe el seguro sí o sí), Javier percibiría solo 50.000 euros, lo que no le permitiría salvar las pérdidas en su explotación.

Unas pólizas «que nadie contrataría para su casa»

Este es el mapa que trazan desde las organizaciones agrarias, que denuncian la «mala práctica» de Agroseguro al entender que la decisión «no sirve a los agricultores ni ayuda a que el instrumento funcione», según ha expuesto Óscar Moret, responsable de la fruta de UAGA. «Si estas condiciones de contratación se trasladasen al ciudadano, nadie contrataría esta póliza para su casa», ha asegurado Moret. Es más, los representantes del campo han perjurado que «esto no es pataleo ni un lloriqueo», pues entienden que no se es consciente de las afecciones que un seguro agrario débil puede tener sobre la cadena alimentario, con repercusiones sobre la cesta de la compra.

Por todo ello, han reclamado al Gobierno de Aragón y al Ejecutivo central que renegocien con Agroseguro las coberturas en el sector de la fruta, pero existe una fecha marcada en rojo en el calendario. El 28 de febrero concluye el plazo para contratar la contratación de los seguros de frutales, por lo que han exigido que las administraciones se sienten a negociar, amplíen el plazo y busquen una solución conjunta que dé equilibrio al sector.

«Debemos contar con una herramienta que cubra al menos los gastos por las inclemencias climáticas. Las líneas de seguro no se están actualizando a los nuevos tiempos, a la realidad del siglo XXI», ha dicho José Manuel Roche, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA Aragón). Y ahí entran en juego los factores del cambio climático, la verdadera peste para el campo, pues la concatenación de incendios, sequías, inundaciones o el calor extremo amenazan el futuro del ‘agro’ con pocas soluciones a la vista. «Agroseguro está herido de muerte si cada vez hay menos asegurados. La gente está lanzándose al autoseguro: ahorrarse los 10.000 euros de la póliza y meterlos en una cuenta en el banco por si hay un siniestro», ha revelado Jorge Valero, el líder de Araga. Para Valero, la solución pasa por un seguro obligatorio, que no todas organizaciones comparten, «romper el monopolio» de Agroseguro y abrirlo a la competencia o sacar del seguro la retirada de cadáveres y montar otro sistema para su eliminación.

«Nos sentimos indefensos, huérfanos. Los fruticultores se plantean no asegurar sus explotaciones», ha aseverado Ángel Samper, el presidente de Asaja Aragón. No es baladí: si se reduce la contratación de pólizas, el fondo monetario de la gran compañía de seguros podría verse en jaque, y sin una aseguradora fuerte tendría que ser la Administración la que se hiciera cargo de los estropicios que causa el clima en el campo, sufragando a base de talonario y subvención las pérdidas del campo.

El seguro agrario funciona en España como un monopolio estatal, un conglomerado en el que las mutuas pueden integrarse para comercializar las pólizas de cada explotación. Funciona así desde hace 42 años, aunque los ajustes han sido una constante. Para las heladas de 2021, Agroseguro aplicó una reducción de kilos a las explotaciones que podían asegurar el albaricoque, y ya entonces las organizaciones agrarias denunciaban que un agricultor con el 100% de su cultivo siniestrado por una helada «no cobraría más de un 30% o un 40% de la producción».