Los sindicatos llevan un año y medio denunciando las «graves deficiencias» del organismo y acusan a Yolanda Díaz de utilizar «en beneficio propio» los esfuerzos de los inspectores públicos
Tras casi dos meses de huelgas, los trabajadores de la Inspección de Trabajo han decidido ir un paso más lejos y denunciar al Gobierno ante la Justicia europea por incumplimiento sistemático de sus compromisos y condenar al organismo a sufrir un grave deterioro por falta de recursos. Los sindicatos CCOO, UGT, Csif, CIG, Sitss, Sislass, Upit y Usess han anunciado que mantienen la convocatoria de una nueva jornada de huelga y la presentación inminente de una denuncia ante la Unión Europea. El Gobierno lleva desde julio de 2021 incumpliendo el acuerdo alcanzado en materia laboral con los trabajadores para la mejora de los recursos destinados a la Inspección, sin embargo, el incumplimiento desde entonces ha sido constante.
«El Gobierno no demuestra voluntad política para superarlo y se mantiene tercamente en las claves de incumplimiento del acuerdo», lamentan los sindicatos en un comunicado de prensa publicado este lunes. Lamentan que los ministerios de Trabajo y de Hacienda estén «despreciando cualquier posibilidad de consenso». Tras meses de presión a través de movilizaciones y huelgas, finalmente han decidido ir más allá con la presentación de la denuncia ante la UE.
Los trabajadores también critican que el Ministerio de Trabajo esté «instrumentalizando» los resultados de los empleados públicos, utilizando «en beneficio propio» los resultados obtenidos. En los últimos meses, la Inspección ha realizado operaciones importantes y muy mediáticas, como la inspección a las Big Four, las tres actas levantadas a Deutsche Bank o las acciones contra los falsos autónomos de las plataformas de delivery. Los sindicatos consideran que el incumplimiento de los acuerdos en materia laboral por parte del Gobierno suponen «una vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en cuanto a la negociación colectiva».
Acusan a Yolanda Díaz de captar «en beneficio propio» el esfuerzo de los inspectores
Los trabajadores lamentan que los ministerios de Trabajo y de Hacienda estén llevando a cabo negociaciones bilaterales para la aplicación del acuerdo. Los sindicatos consideran que es una «negociación oculta» de la que se les excluye y que está dando como resultado el bloqueo del acuerdo. Advierten que esta situación «lleva al desastre a la Inspección de Trabajo» y señalan que «las consecuencias de ello se van a dejar ver en el corto plazo». La falta de recursos del organismo, tanto de personal como de problemas en las herramientas de trabajo de los empleados, dificultan gravemente la lucha contra las empresas que vulneran la legislación laboral.
Los sindicatos ya se plantean la posibilidad de convocar una huelga indefinida como palanca para presionar a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero antes consideran «un paso intermedio» en forma de huelgas recurrentes con carácter semanal o incluso diario si fuese necesario. So objetivo es paralizar por completo la Inspección como modo de presión al Ejecutivo.
Por lo pronto, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el próximo 22 de febrero. Como en las movilizaciones anteriores, los sindicatos confían en un seguimiento masivo del paro que deje «los centros de trabajo vacíos» y «la actividad reducida prácticamente a cero». Se cumplirán así los tres días de huelga que convocaron los sindicatos en diciembre del año pasado para los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. Los sindicatos advierten a Trabajo de que «profundizaremos en todos los aspectos que sean necesarios para intensificar el conflicto en las próximas semanas».
Una de las reclamaciones de los trabajadores es el refuerzo de las plantillas para poder luchar contra el fraude laboral de forma más eficaz. La Inspección de Trabajo cuenta con apenas 3.000 efectivos, de los cuales unos 1.750 realizan inspección activa y unos 1.150 hacen tareas de apoyo administrativo. De esta forma, la ratio de inspectores por población activa en España es de 13.000 personas, frente a las 10.000 que recomienda la UE. Para los sindicatos es urgente la incorporación de, al menos, medio millar de efectivos para cumplir con esta ratio.
