Repollés admite que la ley de Derechos y Garantías no estará esta legislatura

La consejera señala que tampoco llegará a tiempo la adaptación de la norma autonómica a la ley de Eutanasia

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado este viernes que ni la ley de Derechos y Garantías del usuario del sistema sanitario ni la adaptación de la norma autonómica a la ley de Eutanasia podrán aprobarse antes de que acabe la legislatura, pero se trabaja para que puedan aprobarse al inicio de la siguiente.

Así lo ha señalado en la sesión de control de las Cortes de Aragón en respuesta a una interpelación formulada por la portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Susana Gaspar, sobre las iniciativas normativas aprobadas esta legislatura y que a la consejera le ha sorprendido, ha dicho, «por el asunto y momento elegido» para esta comparecencia.»Preguntar por la actividad normativa es curioso o inesperado», ha reconocido Repollés quien, no obstante, ha apuntado que en los últimos 22 meses se han aprobado más de un centenar de disposiciones.

Repollés ha reconocido que del plan de 2021 «apenas se aprobó el 32 % de las normas previstas» y de las que no se aprobaron, alrededor del 20 % pasaron al plan de 2022, pero ha resaltado que de las que se aprobaron «el 54 % no estaban incluidas en el plan normativo«, y la mayoría en el departamento de Sanidad. Las dos con rango de ley previstas en 2021 no fueron aprobadas, tampoco en 2022 y pasan al ejercicio de 2023.

La consejera ha advertido que la no aprobación de normas «no impide seguir con la gestión», al tiempo que ha destacado, entre otras acciones, la orden de creación de nuevos catálogos profesionales o la orden de modificación del calendario de vacunas con la inclusión de la de la meningitis B (hasta ahora de pago), la del herpes zoster en mayores de 65 años, la de la gripe en menores o la del virus del papiloma humano a niños de 12 años a partir de este 2023. «Se está trabajando en la ampliación del calendario y se llevará a cabo la próxima semana, ha anunciado Repollés.

Respecto a la ley de Derechos y Garantías del usuario, ha informado de que se encuentra en la fase final de tramitación con una serie de modificaciones como la digitalización de los servicios de salud; las etapas finales de la vida para incluir la ley orgánica de la regulación de la Eutanasia; los derechos de participación y la disposición transitoria que regula el funcionamiento del Consejo de Salud del Sector. Quedan pendientes los trámites finales del informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del departamento y de los servicios jurídicos.

En cuanto al segundo proyecto de ley de modificación de los Derechos y Garantías de la persona en el derecho a morir, Repollés ha informado de que se trata de la adaptación de la normativa a la ley estatal que regula la eutanasia, pero que «no se podrá tramitar en lo que queda de legislatura», ha dicho. «Imposible pensar que se puedan aprobar antes de las elecciones», ha admitido Repollés.

Por su parte, Gaspar ha reconocido que Sanidad ha sido uno de los departamentos más afectados por la pandemia, por tanto no ha querido cuestionar el grado de cumplimiento del plan de 2020 ni 2021, dado que había que hacer frente a la urgencia, sin embargo, ha reprochado que en 2022 «no fueron capaces de cumplir con lo que habían previsto».

Gaspar ha recordado que para 2022 programaron dos proyectos de ley, quince decretos y once órdenes, pero solo ocho de las disposiciones previstas se han aprobado, un «bajo cumplimiento» que, ha advertido, «ya no podemos decir que fue por culpa de la covid».